Abengoa demanda al Gobierno por “expropiación” de sus termosolares

El grupo sevillano presenta una denuncia contra España ante un tribunal de arbitraje internacional por el recorte de primas a las energías renovables

El presidente de la compañía española Abengoa, Felipe Benjumea (quinto por la izquierda), y el consejero delegado, Manuel Sánchez (quinto por la derecha), durante el estreno de la compañía en el mercado Nasdaq, en Nueva York EFE

Abengoa ha decidido plantear una batalla legal por la rebaja de las primas a la generación de energía termosolar aprobada por el Gobierno dentro de su reforma eléctrica. Pero el grupo sevillano no solo ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles sino que, aprovechando que la titularidad de algunas de sus plantas corresponde a una filial en Luxemburgo, ha planteado un arbitraje internacional. En su demanda, el grupo español acusa al Gobierno de haber efectuado una “expropiación”.

El pleito lo presenta una filial del grupo en Luxemburgo que tiene seis plantas

La demanda de arbitraje internacional consta en el folleto de la salida a Bolsa de Abengoa en Estados Unidos, donde ayer comenzó a cotizar en el mercado electrónico Nasdaq. “En junio de 2013, presentamos una demanda de arbitraje en nombre de nuestra filial CSP Equity Investment Sarl contra el Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía”, señala el documento registrado en la comisión del mercado de valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en inglés).

“Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (...) y constituye una expropiación”, añade Abengoa en el folleto. CSP Equity Investment es el titular de las inversiones de Abengoa en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2.

El arbitraje, cuya solicitud fue adelantada ayer por el blog La Celosía, será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. El pleito lo dirimirá un tribunal con tres árbitros de los que dos ya han sido nombrados.

La información entregada al supervisor no precisa el montante que reclama Abengoa, pero fuentes de la compañía indican que rondaría los 60 millones de euros por cada año que no se resuelva la situación. La cantidad equivale a un recorte del 33% en los ingresos de las termosolares. El litigio puede durar varios años y no hay visos de que la negociación con Industria vaya a avanzar más rápido. Abengoa representa una cuarta parte de los ingresos para esta fuente de energía. Las concesiones de las plantas termosolares son hasta de 40 años, con lo que la cifra en disputa es multimillonaria.

En paralelo, Abengoa ha emprendido acciones legales ante un juzgado de Sevilla con respecto a la planta Helios I. El juzgado ha rechazado la acción con el razonamiento de que Abengoa debe agotar primero la vía administrativa ante el Ministerio de Industria y la compañía ha recurrido esa decisión ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Manuel Sánchez, consejero delegado de Abengoa, dijo ayer tras el estreno bursátil de la multinacional sevillana en el Nasdaq que “cada uno tiene que defender sus intereses”. Y retó a los que cuestionan la madurez de la tecnología termosolar, invitándoles a que visiten su planta en Arizona. “Si no se convence con la primera vuelta lo hará en la segunda o en la tercera”, remachó. El ejecutivo español señala que el precio de las termosolares “sigue bajando, como pasó con las energías fósiles o las eólicas”. “Estamos mucho más cerca de tener un coste competitivo con las energías fósiles”, asegura, “cada vez se ve más cerca el momento en el que se consiga esa paridad”. “El problema es que hay gente empeñada en querer matarla antes de que llegue ese momento”. Llevará, calcula, cinco años más de esfuerzo tecnológico y de innovación conseguirlo. España, como indicó Sánchez, tiene solo una opción para mejorar su dependencia energética y pasa por potenciar las fuentes renovables. “No somos como EE UU, que tienen además su petróleo y gas natural”, remachó.

“Hay gente empeñada en matarnos”, dice el consejero delegado

Las eléctricas consideran que el coste de la energía fotovoltaica y termosolar es insostenible y que sería más rentable cerrar las plantas y devolver lo invertido que mantener el sistema de primas a un coste muy superior al de mercado. Además, consideran que la reforma es más benévola con la energía solar que con otras renovables más maduras y baratas, como la eólica.

“Cuando las situaciones financieras son difíciles, los Gobiernos se centran en resolver el corto plazo y se abandonan un poco más los problemas de futuro”, comenta. Por eso cree que conforme se estabilice la situación, “volveremos a ver una preocupación creciente por el cambio climático y la búsqueda de fuentes alternativas”.

El directivo del grupo Abengoa también mencionó que la economía española está empezando su proceso de recuperación y por eso cree que es un buen momento para que los inversores empiecen a tomar posiciones. “Está volviendo el dinero”, afirmó, como en la víspera dijo Emilio Botín en Nueva York, “lo peor ha pasado”.

España ya tiene abiertos otros pleitos internacionales

EL PAÍS, Madrid

Los grandes beneficiarios de la reforma energética van a ser los abogados. Las empresas han empezado a presentar una avalancha de recursos y demandas. Mientras las eléctricas tradicionales plantean el grueso de la batalla en los tribunales españoles, varios inversores del sector de energías renovables han optado por la vía de las demandas internacionales.

España tiene abiertos otros dos arbitrajes por supuesta vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía. El principal es el presentado por 16 inversores (AES, Solar, GWMLux Energia Solar, Eoxis Energy, Ampere Equity Fund, Element Power, European Energy, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Foresight, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, Scan Energy y White Owl Capital) en noviembre de 2011 por el recorte de primas a la energía fotovoltaica aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Reclaman indemnizaciones que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones. La otra demanda, de mucha menor cuantía, ha sido presentada este año por las firmas Charanne y Construction Investments. Pero muchas más están por llegar.

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