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Comunidades y Ayuntamientos harán fuertes ajustes en plena fase electoral

Los presidentes regionales y los alcaldes afrontan medidas por 17.500 millones en 2014 y 2015 entre recortes de gastos, subidas de impuestos y otros ingresos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. REUTERS

El calendario siempre pasa rápido para los que tienen prisa. El Gobierno de Rajoy pretende presentar una reforma tributaria que incluya bajadas de impuestos para finales de 2015, año en que se celebrarán las elecciones legislativas. Pero los presidentes autonómicos y los alcaldes no dispondrán de margen y tendrán que hacer malabares para sacarse un conejo de la chistera con el que asombrar a sus vecinos con vistas a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015.

El Gobierno del PP les ha impuesto un exigente ajuste de 17.471 millones de euros, según figura en el Plan Presupuestario para 2014 remitido este jueves a Bruselas por el Ministerio de Economía. La mayoría de las medidas están contenidas en los planes de equilibrio financiero que el Ministerio de Hacienda obligó a presentar a todas las comunidades por incumplir el objetivo de déficit. También recogen las medidas incluidas en los planes de viabilidad de los más de 2.500 Consistorios que han recibido ayuda de Hacienda a cambio de sanear sus cuentas. Además, para hacer el trago más digerible las reformas estructurales en función pública, sanidad y en la Administración servirán de andamio para sostener estos ajustes.

El Gobierno aprobó en 2012 una batería de medidas que favorecen el ahorro en los gastos de personal (congelación de la tasa de sustitución, subir la jornada laboral, reducir los días libres, limitar los periodos de incapacidad temporal...) que permitirán a las comunidades ahorrar 548 millones y cerca de 900 millones a los Ayuntamientos.

El Ejecutivo también escuchó las peticiones de autonomías que reclamaban ayudas legales, como el copago de medicamentos, para aliviar la carga del gasto farmacéutico y así compartir responsabilidad en el recorte. Estas decisiones permitirán a las regiones ahorrar 463 millones hasta 2015.

Las autonomías, además, comenzarán a sentir en 2014 el efecto de las subidas en IRPF e IVA aplicadas por el Gobierno en 2012 debido a la peculiar liquidación del sistema de financiación que se mantendrán el año siguiente. Además, las autonomías se han comprometido a ejercer su autonomía fiscal, autolimitada hasta ahora, y prevén subidas en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el de transmisiones patrimoniales (ITPyAJD), vinculado al sector inmobiliario. Estas iniciativas tributarias elevarán los ingresos regionales en 2.142 millones el año que viene y otros 2.370 en 2015. En estas cantidades están incluidas 1.976 millones por la venta de activos autonómicos, aunque estas previsiones siempre suelen incumplirse.

Para alcanzar las metas, el Gobierno no aclara que pasará con la subida del IRPF más allá de 2014

Para aligerar el sector público, La Moncloa presentó a principios de verano el proyecto de reforma de la Administración con el que se pretendían eliminar duplicidades, trabas burocráticas y mejorar la gestión de los gastos mediante la centralización de compras. Las comunidades se han comprometido a aplicar estas medidas que supondrán un ahorro de más de 3.100 millones. Entre ellas, está la reducción del sector público empresarial de las comunidades que supondrá el despido de miles de trabajadores. A los alcaldes, además, les afectará la reforma de la Administración local por el que dejarán de prestar multitud de servicios considerados impropios. Además, se impulsa la unión de municipios para prestar servicios. Todo ello les permitirá reducir sus gastos en 6.670 millones hasta 2015.

Para alcanzar las metas, el Gobierno no aclara que pasará con la subida del IRPF más allá de 2014, que es cuando esta medida tenía puesto fecha de caducidad. Así, mientras indica el impacto negativo en el déficit que tendrán otras medidas, como los beneficios fiscales a la creación de nuevas empresas, no incluye el efecto que tendría devolver el tipo que grava las rentas del trabajo a los niveles que tenía en 2011.

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