Doble vulnerabilidad

El Gobierno asume que la economía española apenas crecerá el año que viene. El 0,7% de expansión previsto será insuficiente para que el principal desequilibrio, el desempleo, experimente una mejora significativa, manteniéndose en el 25,9%. No habrá creación neta de empleo y tampoco condiciones para que mejoren las rentas de las familias, o lo haga su situación financiera. El elevado endeudamiento de familias y empresas seguirá limitando no solo la intensidad del gasto en consumo e inversión, sino la normalización de la actividad del sistema bancario. Este atenderá prioritariamente a la “protección de su solvencia y a la reducción de riesgos”, como sugiere el FMI en su último informe sectorial, Statement on the Fourth Financial Sector Monitoring Mission to Spain. Dada la contracción de la demanda nacional, la principal tracción del crecimiento económico la seguirán ejerciendo las exportaciones que el Gobierno prevé que crezcan un 5,5%.

En esa dependencia de la demanda del resto del mundo para asegurar el crecimiento es donde radica el primer factor de vulnerabilidad de estos presupuestos. Mantener el excelente comportamiento de las exportaciones de los últimos tres años exige no solo que la actividad de nuestros clientes no se contraiga, sino que la competitividad de nuestros bienes y servicios, amparada básicamente en la reducción de los costes salariales, siga mejorando más que la de nuestros competidores. Además, la preservación de esa ventaja competitiva dominante, la contención de costes y márgenes, no favorece precisamente la recaudación de impuestos, que el Gobierno estima que crecerá en todas las figuras tributarias.

La otra fuente de vulnerabilidad se presenta en la financiación de la deuda pública, del 99,8% del PIB al término de 2014, frente al 94,2% de este año. A pesar de ese aumento en el stock de deuda, la previsión de reducción de los gastos por intereses en relación con los presupuestados el pasado está justificada en el descenso muy significativo de tipos de interés que han tenido lugar desde que el BCE anunciara su disposición a intervenir en los mercados secundarios de bonos públicos, en agosto del año pasado. Eso ha supuesto un ahorro considerable en este ejercicio y una reducción en los consignados para 2014, hasta esos 36.600 millones de euros.

Con todo, serán 244.000 millones de euros los que necesite emitir el Tesoro en 2014. Y la continuidad de la bonanza en los mercados de bonos de los últimos 13 meses no está, sin embargo, garantizada. No solo por la reacción de los inversores ante ese ascenso de la deuda pública, sino porque la estabilidad financiera dentro y fuera de la eurozona está hoy más amenazada. Las tensiones en EE UU en relación con su propio presupuesto público y la más vinculante inestabilidad política en Italia son dos recientes episodios que ya han revelado la estabilidad cogida con alfileres con que cuentan las economías periféricas de la eurozona.

La eliminación de esos dos factores de vulnerabilidad exige, en primer lugar, políticas de estímulo, para que el ritmo de creación de empleo sea mucho más intenso y avancen la demanda interna y el saneamiento financiero privado. En segundo, que se concrete rápidamente el horizonte de transición a la unión bancaria para que el vínculo entre salud de los bancos y deuda pública deje de pesar en las decisiones de los inversores. En ambos aspectos, las autoridades españolas tienen poco que hacer por sí solas.