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El G20 ultima otro asalto contra el secreto bancario y los paraísos fiscales

La OCDE propone un ambicioso plan de intercambio automático de información tras las fallidas iniciativas contra la evasión de impuestos

El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, a su llegada a la cumbre de San Petesburgo (Rusia).
El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, a su llegada a la cumbre de San Petesburgo (Rusia). EFE

Las frases célebres las carga el diablo. El G20 forjó una respuesta coordinada en el arranque de la crisis. También empuja una nueva regulación para evitar otro descalabro bancario. Pero ha fracasado sin paliativos en activar una recuperación que genere empleos de calidad (o, en países como España, empleos de cualquier tipo). Y le persigue el fiasco de la proclama, con pretensiones históricas, que lanzó en 2009 el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, tras la cumbre de Londres: “La época del secreto bancario y los paraísos fiscales ha acabado”. Cuatro años después, y pese a algunos avances, la frase sigue siendo poco más que una frase. Para darle contenido, el foro de países ricos y emergentes ultima nuevas medidas, mucho más ambiciosas.

La lucha contra la evasión de impuestos será un asunto básico en la octava cumbre del G20, que comienza este jueves en San Petersburgo (Rusia). En la sesión inicial, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, presentará un informe a los líderes de países ricos y emergentes. Además del anunciado plan que pretende erradicar las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales para no pagar impuestos, Gurría propondrá un sistema de intercambio automático de información, que sorteará las trabas que ponen varias jurisdicciones (paraísos fiscales o administraciones opacas, como Suiza) a la petición de datos bancarios.

“Hasta 2009, la evasión fiscal era una práctica extendida, casi sin riesgo. Con los acuerdos adoptados en la cumbre de Londres, pasó a ser una práctica arriesgada, pero no ha sido suficiente. Queremos dar un paso más para acabar con esas prácticas”, anticipó ayer Pascal Saint-Amans, director del centro de política fiscal de la OCDE, en un encuentro con los periodistas en la ciudad rusa.

El plan obliga a los bancos a aportar información de las cuentas en 2015

Para enfatizar el alcance de un sistema de intercambio automático, Saint-Amans puso un ejemplo: “Con ese sistema, la Hacienda de Francia podría acceder a los datos del cliente francés de un banco suizo que ha creado un trust en Jersey. Y sin tener que hacer ningún tipo de petición formal”. El ejemplo es todo menos inocuo. Suiza es una de las 14 jurisdicciones que, según la OCDE, no ha adaptado su legislación nacional a los acuerdos bilaterales que le permitieron escapar de la efímera lista negra de paraísos fiscales de 2009. La isla de Jersey es uno de los diversos centros off shore bajo bandera británica que blindan la identidad de las personas que crean trusts o fundaciones para escapar a la lupa fiscal de sus países de origen. Y, sobre todo, hacer lo que planteó el alto funcionario de la OCDE con la legislación internacional vigente, es misión imposible.

La publicación en 2009 de una lista negra de paraísos fiscales y la amenaza de sanciones, el primer arreón del G20 contra la evasión de impuestos, fue fácilmente sorteado por los territorios señalados, que se limitaron a cumplir la exigencia mínima del foro de países ricos y emergentes, la firma de una docena de acuerdos bilaterales de intercambio de información. Cuando ONG y varios Gobiernos corroboraron que apenas había avances en la práctica, se dio otra vuelta de tuerca en el Foro Global sobre Fiscalidad, que integra ahora a un centenar de jurisdicciones. Bajo la supervisión de la OCDE, se hicieron informes en los que se analiza la adaptación de la legislación nacional y cuál es la aplicación práctica de esas leyes.

En noviembre, la OCDE pondrá notas a las jurisdicciones para que se visualice hasta qué punto se satisfacen los requisitos de información que hacen las agencias tributarias de otros países. Y unos 70 países han suscrito una convención multilateral que da cobertura, de forma opcional, a un sistema de intercambio automático. Pero como repitió Saint-Amans, “no es suficiente”.

La propuesta de la OCDE, similar a una iniciativa de EE UU, (conocida como FACTA por sus siglas en inglés) es elaborar un modelo de acuerdo, al que puedan adherirse las autoridades tributarias de los países que se sumen al sistema automático de intercambio. Tras la adaptación del acuerdo a la legislación nacional, se podrá exigir a las entidades financieras que aporten cada año diversos datos de sus clientes a una plataforma a la que tendrán acceso las autoridades tributarias de los países implicados. Además, se establecerá la obligación de que los trusts y otro tipo de fundaciones revelen a esta plataforma qué personas las controlan.

La OCDE cree posible establecer las condiciones legales y las indicaciones sobre como recopilar la información en junio de 2014, pero dio por hecho que el sistema no estará operativo hasta, “al menos, 2015”. Saint-Amans sostuvo que, si la propuesta recibe el aval de los líderes de las economías ricas y emergentes, el G20 también reclamará al resto de países que se sumen a la iniciativa, aunque descartó nueva listas negras.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en la bienvenida al resto de líderes del G20 a su ciudad natal, saluda las iniciativas contra la evasión de impuestos y la ingeniería fiscal como “el mayor avance en la coordinación de políticas fiscales en cien años”. De nuevo, una frase impactante, pero esta vez coreada por organizaciones habitualmente críticas como Tax Justice Network —“se incorporan temas que llevan fuera de la agenda un siglo”—, o Intermon Oxfam —“es una oportunidad histórica"—. Aun así, estas organizaciones exigen un registro público de quiénes están detrás de sociedades pantalla y trusts, y también un esfuerzo mucho mayor para implicar a los países en desarrollo.

La OCDE aseguró que se alinea con esa petición y anunció la creación de un cuerpo de “inspectores fiscales sin fronteras”, financiado por las agencias de desarrollo, para dar asistencia técnica a los países más pobres.