El alto coste del lado oscuro

La corrupción frena la salida de la crisis, genera ineficiencias en la economía y degrada la imagen de España en el extranjero

El extesorero del PP Luis Bárcenas, protagonista del último escándalo de corrupción política en España

La corrupción es un viaje a la noche más oscura del ser humano. Allí donde el escritor Francis Scott Fitzgerald narraba que son siempre las tres de la mañana. Es una travesía que tiene un peaje moral y ético, pero también un coste económico. Y aunque no hay cifras precisas, los expertos nos acercan a algunos números que revelan la magnitud de la herida. Friedrich Schneider, profesor de Economía de la Universidad Johannes Kepler en Linz (Austria) y una referencia en estos temas, ha elaborado un cálculo para España. “El 1% del PIB”, dice. O sea, unos 10.500 millones de euros anuales. Es el daño de la corrupción en las cuentas españolas.

Pero hay otras cifras. El Banco Mundial estima que el coste oscila entre el 0,5% y el 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE. Mario Monti, ex primer ministro de Italia, quiso conocer también ese precio y averiguó que el 3,8% (60.000 millones de euros) de los bienes y servicios producidos en su país desaguaba en las alcantarillas de la corrupción. Ahora bien, todos estos cálculos podrían quedarse cortos por razones como la negativa de las víctimas a denunciar las situaciones corruptas.

Sean o no exactos, ponerle números a la corrupción ayuda a entender que este comportamiento tiene una repercusión directa en la economía y en la vida de todos. “No forma parte de una extraña realidad ajena a temas cotidianos y vitales como la sanidad, la educación o la cultura. Dinero que se llevan los corruptos, dinero que no llega a nuestras escuelas y hospitales. Además, compromete nuestro futuro”, apunta Enrique Alcat, profesor en el Instituto de Empresa (IE). “La corrupción está obstaculizando la salida de España de la crisis, genera inestabilidad política, empeora la imagen del país, degrada la confianza del inversor y aumenta la incertidumbre financiera”, reflexiona José María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, quien recalca que “es un mecanismo depredador de los recursos de la sociedad”. ¿Por qué? Porque desvía el dinero de una mayoría hacia una minoría que acapara la riqueza y que suele estar bien conectada con los centros de decisión. Y a la vez es una artimaña empobrecedora, ya que reduce el gasto público social y merma el Estado del bienestar.

El pasado mes de junio, la ONG Transparencia Internacional reunió en Lisboa a 150 activistas de todo el mundo para analizar hasta dónde ha calado la corrupción. Los datos referidos a la Unión Europea fueron desoladores. Entre un 10% y un 20% de los contratos públicos se pierden por la corrupción, el 5% del presupuesto anual europeo no se justifica y se malogra cerca de un billón de euros en inversión al año. La Comisión Europea, en un borrador de trabajo fechado ese mismo mes, da precisión a esas cifras. Calcula Bruselas que la corrupción cuesta 120.000 millones de euros anuales, el 1,1% de la riqueza de la Europa de los Veintiocho. Sobre los países de la UE se extienden como un lodo oscuro, viscoso y pegadizo 20 millones de casos de corrupción a pequeña escala en el sector público. Por si fuera poco, todo esto sucede dentro de unas fronteras donde operan, según la Oficina Europea de Policía (Europol), 3.600 organizaciones criminales.

Un profesor austriaco calcula un daño equivalente al 1% del PIB

El anterior es un mapa que cartografía la preocupación. Sobre todo porque revela hasta qué punto está extendida y hasta qué punto la toleramos. “España siempre ha sido muy permisiva con la corrupción”, apunta Jesús Lizcano, presidente de la ONG Transparencia Internacional España. “Le doy un dato: el 70% de los políticos que estaban imputados por corrupción han sido reelegidos en las últimas elecciones locales”. Pese a todo, hay algún atisbo de cambio. El Barómetro de Opinión del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de julio pasado sitúa a la corrupción como el segundo problema (37,4%) que más preocupa a los españoles después del paro (80,9%).

Es una buena noticia porque esa mayor preocupación abre la puerta a luchar contra nuestros propios demonios. “En España, históricamente se ha convivido con la idea de que todo el mundo defrauda”, recuerda Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Las grandes empresas y las todopoderosas fortunas (42.711 millones de euros al año) son los principales defraudadores en nuestro país. Le siguen, a bastante distancia, las pymes (10.150 millones) y los autónomos (5.111), rompiendo ese mito urbano de que es en la pregunta “¿con IVA o sin IVA?” donde reside el mayor fraude. Lo que sí habría que cuestionarse es qué supone que en torno al 20% de la riqueza de España la genere la economía sumergida.

Es evidente que la corrupción afecta a las arcas del Estado. No solo por la evasión fiscal, sino también debido al aumento del gasto público improductivo, ya que sube los costes de licitaciones que no son competitivas. Además disminuye la capacidad inversora de la Administración y baja la calidad de los servicios públicos. Y en el lado de la iniciativa privada también causa sus destrozos, pues elimina la competencia al promover regulaciones ineficientes y amañadas para generar ingresos.

El dinero se desvía de una mayoría hacia una minoría bien conectada

Pero este viaje hacia la noche oscura no se detiene aquí. Va más allá. “La corrupción supone que la actividad económica se genere de manera ineficiente, ya que distorsiona el mercado e impide que determinadas actividades las desarrollen aquellas empresas que podrían hacerlo de una forma más eficaz”, relata Beñat Bilbao-Osorio, director asociado y economista del Centro de Competitividad y Rendimiento Global (Foro Económico Mundial). Y también te lleva a lugares donde no quisieras estar. “Los escándalos nos meten en la liga de Grecia, Italia, Chipre. En la que nosotros no estábamos. Jugábamos en la del déficit, el paro, la ineficacia. Pero no en esa”, observa el economista José Carlos Díez.

Cada país tiene una forma de corrupción definida por su propio ADN. En el caso español está vinculada a actividades relacionadas con el mundo inmobiliario (suelo, construcción y obras públicas). El escritor Rafael Chirbes, en su premonitoria novela Crematorio (2007), narró los entresijos de ese submundo en el que se mezclaban corrupción, política municipal y ladrillo. Aquellas páginas eran “un fuego que ardía deprisa”, como las ha calificado el propio autor. Y también fácilmente, como señala José María Mella, de la Universidad Autónoma de Madrid: “En esos sectores es sencillo apoderarse de las rentas generadas a través de concesiones y relaciones privilegiadas con las Administraciones públicas, ya sean locales o autonómicas”.

Sin embargo, el ladrillo, y sus aledaños no son la única fuente de corrupción. Muchos expertos apuntan a la financiación de los partidos. “Ha bajado la virulencia de los escándalos inmobiliarios porque con la crisis la burbuja estalló, pero el problema de cómo se financian los partidos permanece. Es un tema que no puede continuar siendo opaco”, razona Manuel Escudero, director general de Deusto Business School (Universidad de Deusto). Luz y taquígrafos que los analistas transcriben en varias propuestas: limitar los mandatos de los cargos públicos, no incluir en las listas a encausados por corrupción, eliminar los privilegios de los aforados, que muchas veces les hace impunes al delito, y tener un Tribunal de Cuentas que sea eficaz. Y por extensión, como escribía hace poco en EL PAÍS el experto en derecho Segismundo Álvarez Royo-Villanova, “terminar con la impresentable práctica de que las grandes empresas de sectores regulados sean el retiro dorado de toda clase de ex”.

Hay quien, como el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker, mantiene el optimismo en esa mirada hacia nuestro pasado y nuestro porvenir. “Un alto porcentaje de los escándalos guarda relación con la época de la borrachera económica. No por ello quiero decir que pierdan impacto, pero lo que está claro es que al final todo se descubre, y que lo que está ocurriendo es una lección dura, pero muy positiva, para reducir la corrupción que ya sucede a todos los niveles. Vamos hacia una época mejor en este tema, y la Ley de Transparencia [que quiere abarcar desde la Casa del Rey hasta el poder ejecutivo] ayudará mucho”, asegura Garrigues.

Caen la capacidad inversora del Estado y la calidad de los servicios

¿Pero de verdad es así? ¿Mejoramos? En los rankings internacionales de corrupción, como el que publica Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 30º sobre un total de 176 naciones. En concreto, entre Botsuana y Estonia. Lejos de Italia (72º), que tiene un serio problema en este ámbito, pero también de la prístina Dinamarca (1º). En España, la corrupción en una década deja 800 casos y 2.000 detenidos, de acuerdo con fuentes policiales. Una alcuza que pesa mucho menos de lo que podríamos pensar, sobre todo en los insensibles mercados financieros, que se rigen por sus propias normas.

“Los casos de corrupción resultan indiferentes a los mercados de bonos”, observa Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). “Es decir, piensan que no afecta a la solvencia de la deuda pública española y que, por tanto, su inversión no se encuentra en peligro”. De hecho, apunta Federico Steinberg, investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano, “si no se ve una crisis política de gran magnitud, los inversores van a lo suyo”.

Precisamente Cristina Manzano, directora de la publicación online de análisis político Esglobal, citando un reciente trabajo del Instituto Elcano (Las agencias de rating y su influencia sobre la imagen de España), revela qué significa ir a lo suyo: “Las informaciones de las firmas de calificación de riesgos sí influyen en el mercado español y también las que proceden de la Unión Europea. Sin embargo, el resto de instituciones que emiten información no afectan en nada a nuestros mercados de capitales”. Ya lo dice Daniel Pingarrón, analista de IG Markets: “Un dato de empleo de Estados Unidos tiene más repercusión sobre la Bolsa española que uno de empleo de España. La globalización de los mercados así lo dicta”.

Keith Salmon, investigador experto en política española del think tank Oxford Analytica, explica que en Reino Unido se percibe la corrupción en España como “un asunto muy serio” que “encuentra similitudes no solo con los países del sur de Europa, sino con algunos de América Latina”. Además, avisa, existe un coste mayor en el que se repara poco, que “es la pérdida de fe de una generación de jóvenes españoles en el Gobierno, en el sistema democrático y en el entorno económico. Lo cual empuja a que emigren trabajadores de enorme talento. Y esto tiene un importante coste económico para el país, ahora y en el futuro”.

La losa de la inseguridad jurídica

A nuestros vecinos europeos no solo les preocupan los escándalos y la corrupción en España. Hay otros problemas que añaden pólvora al fuego, como los abruptos cambios normativos que el Gobierno ha impuesto a diferentes sectores y lo que podríamos llamar “hiperinflación legislativa”. En 2012, según datos del Congreso de los Diputados, se dictaron 8 leyes orgánicas, 17 leyes y la asombrosa cantidad de 29 reales decretos ley. Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, calcula que el Estado (central y autonómico) produce al año casi un millón de páginas entre boletines y normas. Sometidos a este mundo que haría las delicias de Bartleby, el contumaz burócrata que creó el novelista Herman Melville, la reforma del sector eléctrico, que, entre otras consecuencias, encarece el autoconsumo a través de paneles solares y veta la posibilidad de verter la energía a la red, ha puesto en pie de guerra a este sector. “Es dar la puntilla a todo un sector tecnológico”, se queja José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que representa al 85% de las firmas de esta industria. Los inversores alemanes, franceses, suizos o americanos que “han aportado el 35% del capital de las centrales termosolares” con las nuevas medidas (en la práctica, las energías renovables sufren un recorte de 1.350 millones de euros) ven cómo “se quiebra la seguridad jurídica del país”, incide Luis Crespo, secretario general de Protermosolar (Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica). Y hay quien incluso pinta un paisaje más desolador. “En inversiones en renovables, la confianza en España ha caído al mínimo”, asevera Juan Carlos Hernanz, socio del bufete Cuatrecasas.

Este es el intranquilizador retrato de un país que a veces pretende escribir recto con renglones torcidos. La eliminación —tras la reciente sentencia del Supremo que las declara nulas si no se contrataron con las suficientes garantías de transparencia— de las cláusulas suelo de las hipotecas le costará este año al BBVA un 27% del beneficio de la filial española, según la agencia de valores Norbolsa. Aunque no será la única entidad en pagar el peaje. De aplicarse, también afectaría negativamente a los resultados del Banco Popular (17%), Banco Sabadell (45%) y Caixabank (10%). El impacto es mayor en el BBVA porque tiene unos 40.000 millones de euros comprometidos con hipotecas que tienen este tipo de cláusulas frente a los 13.000 millones de media de Popular, Sabadell y Caixabank. Con esta sentencia, “los bancos dejarán de ingresar entre 200 y 300 euros mensuales por cada cliente”, estima Rodrigo García, analista del bróker XTB.