La Seguridad Social se compara con la policía al defender el buzón de denuncias

Tras la carta abierta en la que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunciaba la creación de un buzón de denuncias anónimas para descubrir a quienes cobrase irregularmente el paro o cometiesen otros fraudes de carácter laboral, en la noche del viernes ha sido el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, el que ha salido en defensa de los chivatazos, aludiendo para ello a la policía o la fiscalía, que también reciben confidencias.

Con la nueva nota, Empleo trata de contrarrestar las críticas de los sindicatos, que calificaron la iniciativa de "ocurrencia peligrosa" para tapar las carencias de la Inspección de Trabajo. CC OO señaló que el buzón es "más propio de un país totalitario" y UGT también criticó la medida. Otros ciudadanos optaron por denunciar al Partido Popular, por las presuntas irregularidades laborales cometidas en relación con el caso Bárcenas y luego exhibieron sus chivatazos en twitter.

En respuesta a todo ello y en un largo comunicado que titula "Aclaración sobre el buzón de fraude laboral", Sacristán señala que "debe tenerse en cuenta, que otros organismos públicos e Instituciones Públicas reciben todos los días información ciudadana que, en ocasiones se investiga y en otras se desecha: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Policías Locales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la propia Fiscalía General del Estado pueden abrir diligencias de investigación, incluso por hechos de los que se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación social".  Y subraya que "existen Instituciones del Estado cuya función es perseguir conductas contrarias al ordenamiento legal y que por ello están investidas de competencia para poder actuar siempre de oficio y sin necesidad de que exista una denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delito o de infracción administrativa".

Según Sacristán, la finalidad última del buzón de fraude laboral no es otra que la de obtener información ciudadana sobre los distintos incumplimientos de orden social para poder, de esta forma, mejorar la actividad planificada y, por tanto, la eficacia de la actividad realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en favor de los trabajadores y de las empresas. "El buzón distingue claramente entre la acción de denuncia, que es pública y que debe realizarse con todas las garantías, de la información que pueda facilitarse por los ciudadanos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cara a una posible y ulterior planificación de su actividad investigadora", explica.

Las denuncias que no reúnan los requisitos formales no podrán ser tramitadas como tales, pero los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, podrán ordenar una inspección a un sujeto concreto. "Esta práctica resulta habitual en todas las Inspecciones Provinciales y ha permitido, en numerosas ocasiones, detectar talleres clandestinos en los que se empleaban irregularmente y en condiciones indignas a trabajadores, investigar atentados contra derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación, e incluso conductas en ocasiones rayanas o constitutivas de delito, como supuestos de acoso sexual o trata de seres humanos, sin olvidar otros aspectos que atañen a la vida o a la seguridad de los trabajadores como la realización de trabajos sin disponer de medidas de prevención de riesgos laborales".

El alto cargo del Ministerio de Empleo añade que son los referidos Jefes de Inspección los que, con anterioridad a la puesta en marcha del buzón de fraude laboral, analizaban la información anónima recibida y decidían si ordenaban o no una inspección. Y concluye que tras la puesta en marcha del “buzón de fraude” la actividad de los jefes no va sufrir alteración alguna.

"Finalmente, resulta paradójico que desde algunos ámbitos se esté denunciando la precarización de las relaciones laborales e incluso se manifieste públicamente que existe miedo a denunciar por la posibilidad de perder el puesto de trabajo, y que esos mismos denunciantes se manifiesten contrarios a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda disponer de otra herramienta, para la adecuada planificación de su actividad investigadora y de exigencia de responsabilidad a empresas incumplidoras y trabajadores que perciban ilegalmente prestaciones del Sistema de la Seguridad Social", acaba el comunicado.