La UE aprueba normas que excluyen a cultura e innovación del escrutinio ayudas
La Unión Europea (UE) informó hoy de que ha aprobado dos propuestas comunitarias que revisan las normas sobre ayudas estatales para, entre otras cosas, eximir ciertas categorías de la obligación de notificarlas previamente a la Comisión Europea (CE), como las que se destinan a la cultura y la innovación.
El vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó en un comunicado que la adopción de estas regulaciones revisadas simplificarán las normas sobre ayudas de Estado y darán a las autoridades públicas más posibilidades de conceder ayudas "buenas" para la economía sin tener que notificarlas previamente al Ejecutivo comunitario.
La CE propuso en diciembre pasado introducir nuevas categorías de ayudas estatales exentas del escrutinio de Bruselas, a fin de reducir la burocracia y permitir al departamento que dirige Almunia centrarse en los casos más importantes.
Los Estados miembros podrán hacer uso de estas exenciones cuando concedan ayudas en favor de la cultura y la conservación del patrimonio cultural, la reparación de daños causados por desastres naturales y de perjuicios provocados en el sector de la pesca por condiciones meteorológicas adversas.
También incluye en esta medida a las ayudas destinadas a la silvicultura y la promoción de ciertos productos alimenticios, a la conservación de recursos biológicos marinos, a la innovación, a deportes "amateur", al transporte de residentes de regiones remotas si tiene un carácter social, a la coordinación de transporte o el reembolso en algunos casos vinculados al servicio público, y a ciertas infraestructuras de banca ancha.
La CE considera que estas categorías tienen un potencial limitado de distorsionar seriamente la competencia y se refieren a medidas que se ajustan a los objetivos de la modernización de la ayuda estatal, es decir que son "ayudas buenas".
La CE introdujo por primera vez en 2001 este tipo de exenciones -cuando las aplicó a ayudas para formación y para pymes-, y fue incorporando gradualmente más categorías como el empleo en 2002, investigación, desarrollo e innovación en 2004, ayuda regional en 2006 y ayuda medioambiental en 2008.
Por otro lado, la UE también aprobó la reforma de los procedimientos de ayuda estatal centrada en mejorar la gestión de las denuncias que recibe la CE y en garantizar que ésta obtiene información completa y correcta del mercado cuando la solicite.
El Ejecutivo comunitario recibe cada año más de 300 denuncias, entre las que muchas no tienen base o no están fundamentadas suficientemente, pero Competencia tiene la obligación de investigar todas las presuntas infracciones de ayudas estatales y de adoptar una decisión formal sobre cada una de las quejas.
Para remediar este problema y limitar atrasos en los trámites, la CE establece el tipo de información que deben suministrar los demandantes junto a un formulario y la obligación de que se demuestre cómo se verían afectados los intereses de los denunciantes si se concede una ayuda pública particular.
Además, la CE considerará la denuncia como inválida si el autor no proporciona la información requerida o no coopera con Competencia.
Almunia también mejorará el canal de cooperación entre la CE y los jueces nacionales y hará más eficientes los instrumentos para recibir toda la información necesaria de los participantes del mercado, con el fin de investigar casos importantes.
La CE quiere además investigar sobre ayudas concedidas a ciertos sectores o un tipo de ayuda específica otorgado en varios Estados miembros que pudiera arrojar dudas en materia de competencia.
