“Todas las reformas han fracasado en frenar la destrucción de empleo”

El tiempo y los números son las materias sobre las que se construye la justicia. En la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional lo saben. El año pasado tramitaron 391 asuntos. Récord histórico. Este ejercicio ya llevan 310 y prevén alcanzar 550. Esto supone duplicar la media histórica de la Sala. Pero también es la negra radiografía de una España que en 2012 se dejó 800.000 puestos de trabajo, de los que 82.876 se perdieron en despidos colectivos, los que llegan a este tribunal. Sobre estas cifras, Ricardo Bodas (Madrid, 1950), presidente de la Sala de lo Social, quiere aplicar la celeridad del tiempo, consciente de que una justicia lenta no es justicia. “Tardamos menos de dos meses en resolver los litigios. Trabajamos en tiempo real. No hacemos historia del Derecho”, afirma.

El magistrado ha cubierto lagunas con su interpretación del despido colectivo introducido por la reforma laboral, garantizando la buena fe negociadora, cuyo primer objetivo es evitarlo, repite en varias ocasiones; clarificando la documentación que hay que aportar y exigiendo unas causas acreditadas y proporcionadas. Es decir, “evitando un planteamiento mecánico de la norma”, sostiene Bodas. Al tiempo, la crisis ha arreciado y los procedimientos se han vuelto más complejos, “afectando a los que salen de la empresa y también a los que se quedan”, explica. “La apuesta de la ley por la flexibilidad interna para evitar la flexibilidad externa ha provocado que los derechos que los trabajadores han tardado años en conquistar estén en cuestión. Pero es la hora de la responsabilidad. De que todo el mundo contraiga obligaciones y de que los tribunales seamos parte de la solución y no del problema”.

Pregunta. Después de un año y medio de andadura de la reforma laboral y de un fuerte aumento de la litigiosidad, ¿cómo valora la norma del Gobierno?, ¿se confirma la judicialización de las relaciones laborales?

Respuesta. Todas las reformas laborales de los últimos años han tenido como objetivo evitar la destrucción de empleo y generar trabajo. Todas han fracasado, y esta no es una excepción.

Sin duda alguna, ha dado lugar a una gran carga de trabajo judicial. La judicialización es una mala noticia porque es el fracaso de la negociación colectiva. Pero es importante matizar que, en el ámbito del derecho colectivo, no está sucediendo. Los litigios que estamos viendo en la Audiencia Nacional de despidos colectivos o de medidas de flexibilidad interna, en más del 90% concluyen con acuerdo.

Muchas veces las sentencias, aunque se ganen, no son la solución. La nulidad puede ser el prolegómeno de medidas mucho más radicales, que lleven a la pérdida de empleo e incluso al cierre de la empresa.

"Todas las reformas han fracasado en frenar la destrucción de empleo"

P. Hay quien piensa que los jueces están asumiendo mucho protagonismo tras la reforma laboral. ¿Usted qué opina?

R. Los jueces no tenemos otro peso que el que nos da la Constitución, que es aplicar la ley a cada caso concreto, con independencia de criterio. Evidentemente, no podemos sustituir a los empresarios, tampoco podemos hacer valoraciones de oportunidad, pero sí estamos obligados a asegurar que los procedimientos de despido colectivo son absolutamente limpios, transparentes en el periodo de consultas, con causas acreditadas por el empresario con anterioridad y adecuados a la intensidad de las mismas. Hasta ahora, es justo decirlo, en la inmensa mayoría de los casos concurrían esas situaciones. Aquí las empresas no llegan con previsiones de pérdidas, sino con pérdidas efectivas y millonarias.

P. Por eso han cambiado el signo de los pronunciamientos. Recientemente, más favorables a la empresa...

R. No hay un antes y un después. Se trata de un proceso complejo, con muchas ineficiencias, tanto que se anuncian modificaciones por parte del Gobierno para eludir esas lagunas. Naturalmente, en los primeros envites de la reforma ha habido muchos más incumplimientos formales que después de los primeros fallos. En los primeros hubo un papel educativo para empresarios y trabajadores y parte de los defectos iniciales han desaparecido. Pero no hemos dejado de declarar nulidades. Recientemente, a una multinacional española por vulneración de derechos fundamentales.

P. Y cuando apuntaba ineficiencias, ¿a cuáles se refería?

R. El gran problema del proceso de crisis es que la negociación colectiva no se puede desarrollar en el tiempo hábil (15 días para empresas de menos de 50 trabajadores) que la directiva comunitaria plantea. Es absolutamente necesario que cuando se inicie el periodo de consultas comience con la comisión negociadora conformada y con la información entregada con tiempo suficiente para ser examinada. La negociación hasta ahora ha jugado con lo básico: intentar reducir el número de despidos y, sobre todo, procurar elevar las cuantías de las indemnizaciones. Pero no es solo eso. Antes tenemos que ver si podemos evitar el despido colectivo o, si no, reducirlo con fórmulas como la movilidad funcional o geográfica. Y eso implica dejarse pelos en la gatera desde el punto de vista sindical y obliga a cambiar la ley, introduciendo un periodo previo de consultas.

"Se necesita más control de las cuentas y alternativas sindicales al despido"

P. ¿Qué queda por aclarar del procedimiento de regulación de empleo?

R. Queda por verse el control de la certeza de las cuentas y la capacidad de los sindicatos de ofrecer alternativas al despido colectivo, que pasan inexorablemente por tener un conocimiento con tiempo suficiente de las cuentas de la empresa. Si ambas cuestiones se despejasen, la conflictividad descendería.

P. Ha dicho que hay que cambiar el periodo de consultas de la ley. ¿Cree que es necesario modificar la reforma laboral?

R. Evidentemente, no podemos enmendar a otros poderes. Tenemos que aplicar las leyes. Lo que sí podemos es advertir de los problemas que se plantean con su aplicación. Y esto lo hacemos mediante las sentencias. A través de ellas hemos dicho que la Directiva Comunitaria habla de periodos de información y consulta; habla de información pertinente, que es la que permite que el periodo de consultas cumpla sus objetivos. Y, además, que tiene que ser en un tiempo. La cuestión es si con las reglas actuales se dan esos requisitos. En muchas ocasiones, lamentablemente, no es así.

P. ¿Cree que el Tribunal Supremo refrendará la línea marcada por la Audiencia Nacional con sus sentencias?

R. La Sala de la Audiencia Nacional tiene un volumen muy alto de confirmación de sentencias por parte del Supremo. Es un tema nuevo y nos hemos tenido que enfrentar a él con más rapidez que otros tribunales porque este tiene menos carga de trabajo. Hemos procurado abrir caminos con una idea básica: potenciar la negociación, darle credibilidad y hacerla eficiente. El Tribunal Supremo debe hacer un esfuerzo por resolver las casaciones con la máxima urgencia. Esto daría gran seguridad jurídica.

"La judicialización es el fracaso de la negociación colectiva"

P. ¿Qué pasará con la ultraactividad de los convenios colectivos?

R. Esta semana la Sala tiene que resolver el primer supuesto planteado en relación con la ultraactividad, sobre la virtualidad de los pactos convenidos con anterioridad a la reforma laboral. La pregunta que se tienen que hacer los empresarios respecto al fin de la ultraactividad es si la adaptabilidad de su empresa al mercado es mayor aplicando con carácter general la ley o el salario mínimo interprofesional. El empresario tendrá que valorar lo que hace, porque la desaparición del convenio implica que se pierden los derechos de los trabajadores, pero también se malogran toda una serie de herramientas decisivas para que la empresa funcione. Creo que la mayoría de los empresarios continuará negociando.

P. ¿Cuánto durará el protagonismo de la Audiencia Nacional en materia laboral?

R. La Audiencia seguirá desempeñando un papel relevante mientras dure la crisis, pero mi aspiración es que lo continúe jugando en la medida en que canalice la litigiosidad laboral a través de instrumentos colectivos. La consecución de buenas herramientas de derecho colectivo, como que la sentencia de despido colectivo sea también sentencia de condena, permitiría la ejecución colectiva de las sentencias y generaría extraordinaria rapidez en la resolución de conflictos.