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Bruselas prepara un plan para luchar contra el empleo sumergido

La Comisión creará a final de año una plataforma para coordinar inspecciones e intercambiar datos

La crisis ha incrementado el trabajo ‘en negro’

Las dificultades económicas que atenazan a Europa desde hace cinco años han enviado al paro a millones de personas. También han elevado el número de trabajadores en la sombra: los que mantienen una relación laboral estable sin la protección de un contrato, los que figuran como cotizantes, aunque por menos horas de las que desempeñan, o los que compatibilizan el desempleo con pequeñas labores. Convencida de que todas estas modalidades han crecido con la crisis, la Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa para reducir el empleo oculto. Las propuestas concretas llegarán a final de año.

Apenas existen datos sobre trabajo sumergido. Lo más aproximado que ofrece el Ejecutivo comunitario se refiere a un Eurobarómetro de 2007 que cifra el fenómeno en el 5% del empleo. Hoy ese porcentaje “parece infraestimado”, según un portavoz de la Comisión. Aplicado a toda la Unión Europea, supone que existen casi 11 millones de trabajadores en esa situación.

Si se toma toda la actividad económica sumergida (no solo el empleo, sino cada ingreso público que se pierde por actividades en la sombra), el volumen es mayor: un 18,4% del PIB de media, con importantes diferencias entre países. Así aparece en un reciente estudio de Eurofound, la agencia europea para la mejora de las condiciones laborales y vitales.

Estadísticas que ocultan la verdad

L. Abellán

Bruselas tiene bien diagnosticado el problema del empleo sumergido, pero los datos que esgrime para intentar atajarlo dibujan una realidad difícil de creer. El 5% de todos los trabajadores comunitarios realizan una actividad laboral oculta, una media que encierra realidades muy diversas. Y en esa composición vienen las sorpresas. Porque son los daneses, con un 18% de sus trabajadores sumergidos, los que arrojan el mayor nivel de irregularidad, mientras los chipriotas, con un 1%, y los malteses, con un 2%, registran la menor incidencia. España se coloca como el tercer país —junto a otros— que muestra niveles más moderados (3%).

Más que una encuesta sobre el trabajo no declarado, el barómetro parece medir el nivel de sinceridad de los participantes. Porque lo más probable es que ese 18% de daneses que aseguran trabajar en negro sean los que realmente lo hacen (incluso los que tienen contrato y realizan horas no declaradas), mientras que en el extremo opuesto, los porcentajes tan bajos esconden una gran mayoría de respuestas falsas. No es casualidad que, además de Dinamarca, países como Holanda, Suecia y Austria, poco sospechosos de tener una realidad laboral degradada, figuran entre los que confiesan mayores niveles de actividad sumergida. Y, en cambio, Chipre, Malta, España, Portugal, Italia y Rumanía se sitúan en el polo opuesto.

Hay algunas excepciones a esa aparentemente falsa división entre virtuosos e incumplidores. Porque Reino Unido, con un 2% de trabajo no declarado, Alemania (3%) y Finlandia (4%) se colocan en ese grupo de legalistas capitaneado por Chipre. Ni siquiera en la época de bonanza en la que se realizó este Eurobarómetro (2007), los datos resultarían creíbles. El trabajo sumergido sigue siendo una realidad palpable en Europa, pero carente de datos fiables.

El Ejecutivo comunitario carece de competencias para combatir el fenómeno en solitario. Pero la magnitud del problema ha llevado al comisario de Empleo, László Andor, a intentar hacer algo más que recomendar a los países que persigan las irregularidades. Su departamento lanzó la semana pasada una consulta a los agentes sociales para poder contar con sus propuestas en septiembre y presentar un conjunto de medidas a partir del otoño.

En el documento que justifica la consulta, los expertos señalan los falsos autónomos como un fenómeno “que crece para eludir pagar impuestos, cotizaciones la Seguridad Social y otras obligaciones laborales”. A la Comisión le preocupa, además, que esa figura pueda prestar servicios más fácilmente en varios países comunitarios, con lo que el fraude se multiplica.

Es esa faceta del fraude transfronterizo la que impulsa a la Comisión a intentar coordinar algún tipo de acción. A la espera de que empresarios y sindicatos les trasladen sus ideas, los servicios de la Dirección General de Empleo manejan ya algunas propuestas. La más novedosa consiste en crear una plataforma, a cargo de la Comisión y compuesta por representantes de los Estados miembros. Su principal labor consistiría en coordinar a los inspectores de Trabajo, de la Seguridad Social, de Hacienda, así como a las autoridades de inmigración, y actuar conjuntamente contra el trabajo no declarado. Los inspectores deberían compartir las prácticas más exitosas en cada país, promover intercambios de personal y recibir formación común.

La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Bernadette Ségol, aboga por reforzar las inspecciones. Y, pese a saludar la iniciativa de la Comisión Europea, subraya la contradicción que supone respecto a actuaciones anteriores: “El Ejecutivo comunitario les dice a los países que tienen que recortar empleo público y, al mismo tiempo, señala que necesitamos más inspecciones de trabajo”. Ségol considera “completamente inaceptable” la utilización de empleados sin contrato ni cotización social. “Otra cosa son los parados que no tienen suficientes ingresos y realizan cualquier pequeño trabajo. Estamos en contra, pero se puede entender”, matiza. La gran confederación de patronales, Business Europe, ha rehusado esbozar sus propuestas.

Más allá de la falta de derechos del trabajador sumergido (incluida la pensión del futuro), la Comisión ofrece una poderosa razón para luchar contra el empleo no declarado: que las arcas públicas europeas, exangües tras dos recesiones seguidas, no perciben un solo euro de esas actividades.