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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Muchos impuestos, poca recaudación

Joaquín Estefanía

La reforma fiscal debió ser la prioridad del Gobierno de Rajoy en cuanto llegó a La Moncloa (junto a la financiera, por la situación excepcional del sector). No lo fue y se coló una reforma laboral “extremadamente agresiva”, por motivos ideológicos, para satisfacer a las bases empresariales que habían apoyado al PP. Con los resultados que ya se conocen en materia de creación de paro, abaratamiento del despido y devaluación salarial, y ni un solo movimiento positivo para reducir la dualidad del mercado de trabajo, que era para lo que se dijo que se hacía.

18 meses después de llegar el PP al Gobierno, los problemas derivados de la estructura impositiva en este país siguen en carne viva, agravando la coyuntura: poca gente paga muchos impuestos, pero la recaudación es muy baja por la ineficacia del sistema; la presión fiscal de España está ocho puntos por debajo de la media europea (32,4% frente al 40,1%); las rentas del trabajo están insoportablemente más castigadas que las del capital; la clave del debate fiscal no es solo subir o bajar impuestos sino cuándo se suben o se bajan, quién los paga, cuánto se paga y, también, qué se hace con el dinero recaudado; el fraude fiscal es inmenso; las termitas fiscales se apoyan en los complicados, oscuros y múltiples intersticios legales, acompañados por brigadas de abogados, para no pagar legalmente lo que les correspondería…

Sube el IRPF cuando baja la renta disponible y el IVA cuando baja el consumo

O dicho de otra manera, si el sistema fiscal es capaz de aportar los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público estructural; si su nivel de injusticia lo hace también “extremadamente agresivo” para los ciudadanos que pagan, ya que hay una enorme concentración de la carga fiscal sobre las clases medias asalariadas; o si su nivel de ineficacia hace urgente la creación de bases imponibles, de más contribuyentes que paguen individualmente menos para financiar el citado volumen de gasto.

Estas reflexiones han permanecido semiinéditas durante año y medio. En este tiempo, la práctica política del PP ha sido la siguiente: aumento del impuesto sobre la renta en medio de un declive continuo de la renta disponible familiar (por el paro, la reforma laboral, la devaluación salarial,…); incremento del IVA, en un momento de reducción masiva del consumo, que está a punto de acabar, por ejemplo, con la industria cultural; y elevación del tipo efectivo del impuesto sobre sociedades en una coyuntura basada en la reducción de los beneficios de las empresas y en la desaparición de miles de ellas. Una política contra natura, con un solo eje: cumplir los compromisos de reducción del déficit público exigidos por Bruselas, lo que tampoco se ha conseguido.

La presión fiscal en España está ocho puntos por debajo de la media europea

Es muy satisfactorio que la polémica impositiva haya llegado. Primero fue el PSOE, que presentó sus “Retos de la política fiscal”, bajo el principio de que si queremos tener un Estado social fuerte como el de Dinamarca o Suecia no podemos disponer de la presión fiscal de Bulgaria, y que recuerda que solo siete países europeos (Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania) tienen una recaudación inferior a la nuestra. A continuación ha sido la FAES, el laboratorio de Aznar (“Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo”), que entiende como primer punto de la discusión que un nivel de gasto público del 47% del PIB como el actual atenta contra cualquier asignación racional de los recursos y quiere reducirlo en siete puntos, el nivel sostenible para la capacidad productiva de nuestro país.

El Gobierno ha sido el último en reaccionar. Lo ha hecho mediante el mecanismo que él mismo ha puesto de moda: quitándose del medio y proponiendo una comisión de expertos, desequilibrada desde el punto de vista ideológico, que será quien primero dé su opinión. La presidirá un hombre de derechas pero que es un sabio de la cosa, indiscutible, el catedrático Manuel Lagares, que llega casi sin solución de continuidad de la comisión sobre la reforma de las pensiones y que ya ha hecho este trabajo en otros momentos de la historia reciente; con Fuentes Quintana y con Rodrigo Rato. Lagares fue el decano del Colegio de Economistas de Madrid, cuando —¡ay!— ese colegio todavía suponía algo en la vida pública española.

Bienvenido un debate que, este sí, representa diferentes modelos de sociedad.

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