MOTOR TRANSPORTE

Desde que comenzó la crisis han desaparecido 370 empresas de autobuses

El sector del transporte de viajeros ha perdido 370 empresas de autobuses desde que comenzó la crisis económica, en el verano de 2007, según Asintra, la Federación Española Empresarial de Transportes de Viajeros. EFE/Archivo / EFE

El sector del transporte de viajeros ha perdido 370 empresas de autobuses desde que comenzó la crisis económica, en el verano de 2007, según Asintra, la Federación Española Empresarial de Transportes de Viajeros

En 2007, según los datos de esta patronal, existían 3.965 empresas de autobuses registradas y hoy este número ha bajado a 3.592 empresas.

Las principales causas que han provocado esta desaparición han sido la fuerte caída de la demanda, el escaso acceso al crédito, las deudas de las Administraciones Públicas y el encarecimiento de los costes, principalmente el de la mano de obra y el del combustible.

No obstante, el número de vehículos autorizados ha crecido en casi 1.000 unidades desde 2007 (38.780 autobuses autorizados frente a los 39.688 registrados en la actualidad), aunque desde el pasado mes de enero esta cifra también ha disminuido en 1.123 vehículos.

La media de vehículos por empresa se mantiene por encima de los 11 autobuses, según los datos de Asintra, que ha dado a conocer el Barómetro del Autobús con las cifras de los primeros cuatro meses que definen la coyuntura del sector en términos de demanda, precios y costes, así como del clima empresarial y de las perspectivas de las empresas operadoras.

Las principales claves del Barómetro se centran en la contracción de la demanda de transporte, motivada por el deterioro del mercado laboral y por la pérdida de renta disponible de los hogares.

La demanda de autobús urbano se contrajo un 4,9 % hasta marzo, con caídas especialmente intensas en Murcia (19,5 %), Castilla-La Mancha (14,9 %) y Extremadura (10 %).

En el Barómetro se señala que la agresiva política de precios de Renfe en sus servicios de AVE explica buena parte del deterioro de los servicios de autobús regular de larga distancia, que caen un 4,3 %, comprometiendo su viabilidad económica y, por tanto, la cobertura de la demanda de municipios en paradas intermedias no atendidas por el tren.

El efecto "escalón" provocado por las revisiones tarifarias llevadas a cabo para hacer frente al incremento de costes y a la reducción de las subvenciones públicas, explica las relativamente elevadas tasas interanuales de los precios del transporte, del 8,7 % para el transporte público urbano y del 7,2 % en el interurbano.

Estas revisiones han sido inferiores en el caso del autobús que en los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia.

El análisis del Barómetro pone al descubierto una moderación de los costes, destacando especialmente la relajación del precio de los carburantes, aunque lo han hecho por encima del IPC general.

Esta divergencia en la dinámica de los costes del servicio frente al IPC general tendrá que ser tomada en consideración en la futura Ley de Desindexación para preservar el equilibrio económico.

También refleja el Barómetro del Autobús una recaída del índice de confianza empresarial, con un deterioro del indicador de confianza en 19,2 puntos.

La demanda, la facturación y morosidad son las variables que muestran un peor desempeño, al tiempo que las perspectivas de las empresas para el segundo cuatrimestre del año, aunque mejoran ligeramente, siguen manteniéndose claramente en fase de desaceleración.

La reestructuración de capacidad sigue siendo la respuesta mayoritaria ante la caída de demanda, y gana peso la reducción de precios.

Por otra parte, crece el número de empresas que recurren al "factoring" (cesión del crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera) para superar los problemas de liquidez derivados del alargamiento del periodo de cobro.

Así, la renegociación de las líneas de crédito sigue siendo la vía fundamental para afrontar las restricciones de financiación.

El sector detecta un empeoramiento del problema de morosidad de las administraciones públicas, ya que, aunque se han saldado buena parte de las deudas hasta enero de 2012, se han dejado de atender las obligaciones en 2012 y 2013.

Es urgente la puesta en marcha del tercer plan de pago a proveedores anunciado por el Gobierno, que salde de manera efectiva todas las deudas contraídas y los intereses de demora, concluye Asintra.

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