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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Estancamiento eterno

El Gobierno, los empresarios y los banqueros han actualizado el lema de que una buena noticia, aunque sea falsa, nos conviene

Joaquín Estefanía

Por la calle no se colige ningún cambio. Basta caminar un poco. El ambiente es el mismo de los últimos tiempos, aunque resulte imposible medirlo. No hay expectativas ni alegría sicológica. Se compra lo imprescindible y se cierran tiendas sin previo aviso, algunas de ellas con franquicias exteriores que llevaban muchos años entre nosotros, lo que sin duda afecta a la marca España. Donde se ha se ha producido el giro es en las declaraciones de los miembros del Gobierno, del Banco de España y de determinados banqueros y dirigentes empresariales que se empeñan en reiterar que lo peor ha pasado, aunque apenas se conoce en qué se sustentan tales palabras. Como dice el protagonista de El capital, la película de Costa-Gavras, “una buena noticia, aunque sea falsa, nos conviene”.

Aquellos poseen los indicadores adelantados. Veremos. Pero no hace ni dos meses, el ministro de Economía presentó la “Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016” que hundió un poco más la moral de la tropa. ¿Qué decía esa actualización?: primero, se corroboraba una década perdida en términos de empleo dado que en 2016, casi 10 años después de comenzada la Gran Recesión, el paro en España sería de un 24,8% de la población activa (1,3 millones de empleos menos desde que el PP comenzó a gobernar y 17 puntos de paro más desde el año 2007). Segundo, el crecimiento seguiría anémico y sólo superaría (por poco) el 1% en 2016. Tercero, el consumo privado —la principal pieza en la composición del PIB y, por tanto, imprescindible para la generación de puestos de trabajo— también persiste sin levantar el vuelo (baja este año, crecimiento cero en 2014, y ligerísimos aumentos en 2015 y 2016). Y cuarto, se mantenía para este ejercicio la subida del impuesto de la renta de las personas físicas y se anunciaba una subida de los impuestos especiales, lo que significa menos renta disponible para los ciudadanos.

¿Qué ha cambiado extraordinariamente para que en menos de 60 días se haya pasado de la depresión sicológica más profunda a ese “ha llegado la hora de aceptar el optimismo desde el realismo” (Isidro Fainé, presidente de CaixaBank)? ¿Qué datos permiten sustentar un cambio de tendencia que merezca tal nombre? ¿Por qué al salto entre la recesión y un estancamiento largo sin creación de empleo se le denomina recuperación? ¿No se trata tan sólo de un nuevo giro en la cabeceante estrategia política gubernamental, a la que acompañan, por su propio interés, algunos empresarios y banqueros que, desde luego, no se atreven a pronunciar, otra vez, el gastado concepto de “brotes verdes”?

Entremedias de aquella pesimista actualización del programa de estabilidad de finales de abril (“Las nuevas hipótesis son extremadamente conservadoras, muy cautas para aportar credibilidad a la actuación del Gobierno”, declaró Luis de Guindos) y este muy luminoso “lo peor ha pasado” de Rajoy, estuvo la decisión del Eurogrupo de conceder a España dos años más de moratoria para cumplir el objetivo máximo de un déficit público del 3% del PIB. Esta relajación de la consolidación fiscal contribuye al mejor ambiente macroeconómico, pero vino acompañada de un calendario rígido de reformas que marcan un poco más la política económica que tiene que aplicar, lo quiera o no, el Gobierno. Estas reformas son las que el Ejecutivo está poniendo en marcha, en riguroso orden de combate, como si fuesen idea suya y no imposición europea: la rebaja de las pensiones públicas en forma de nuevos cálculos actuariales centrados en la realidad demográfica y en la evolución del mercado de trabajo; la de la Administración, de la que apenas conocemos la música y no la letra pequeña; la liberalización de los mercados, profesiones, etcétera. Falta la auditoría de la reforma laboral, para cuya credibilidad se recomienda que la hagan expertos independientes de verdad, y no el propio Ministerio de Trabajo o sus extensiones intelectuales. ¿Por qué no se le pide a la Organización Internacional del Trabajo, la institución ad hoc de las Naciones Unidas?. Y también la creación de la Autoridad Fiscal Independiente (¿quién?, ¿con qué estatutos de independencia?) y una reforma fiscal que haga más eficaz el pago de impuestos y equilibre la carga fiscal de una manera mucho menos regresiva de lo que es en la actualidad.

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