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Competencia cuestiona la norma que refuerza el papel de los procuradores

La CNC considera "gravemene perjudicial" el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que refuerza el papel de estos agentes judiciales

J. S. G.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó este lunes un duro informe contra el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar que refuerza el papel de los procuradores. La CNC considera “gravemente perjudicial para la competencia esta norma por generar un inusual daño a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad, de forma innecesaria y desproporcionada, a un único colectivo profesional [...]”, señala la CNC.

El supervisor valora la norma para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil como “muy negativa”. En un documento, de 20 páginas, divulgado este lunes señala que “su contenido robustece el marco innecesario y desproporcionadamente restrictivo de la competencia en la prestación de los servicios de representación procesal, al otorgar determinados funciones correspondientes a la esfera del secretario judicial en exclusiva a los procuradores”.

Justicia lo minimiza

Desde el Ministerio de Justicia restan importancia a este documento. Consideran que la disposición segunda de la norma ya recoge que la incompatibilidad de los procuradores podrá quedar limitada por la futura Ley de Servicios Profesionales, que ultima el Ministerio de Economía. Señalan, además, que el dictamen de Competencia omite los problemas actuales de la administración de Justicia. Avanzan que retocarán la memoria de la norma para tratar de recoger alguna de las recomendaciones de Competencia. Además, avanzan que, cuando sea posible, tratarán de eliminar los aranceles de los procuradores.

Pero el dictamen de Competencia recomienda al ministerio que “indique la razón por la cual los ciudadanos y empresas, españolas y extranjeras, no puedan representarse a sí mismos ante la Justicia española”.

Competencia añade, además, que “no se aprecia justificación en aras de razón de interés general alguna, más allá de la explicitada voluntad de que la figura del procurador de los tribunales adquiera un papel más relevantes en su función de auxilio de la administración de justicia”. El supervisor recuerda que su postura no es nueva y ya publicó diversos informes en los que se manifiestan “las restricciones a la competencia en la regulación del acceso y el ejercicio de la profesión del procurador”.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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