El Gobierno se plantea retrasar la aplicación del recorte para pactarlo

La reforma de las pensiones centra en las últimas semanas el debate interno en el Gobierno y en el PP. Es tal vez el asunto político más delicado. Mariano Rajoy está convencido, como muchos de los suyos, que lo que terminó de hundir al PSOE fue la congelación de pensiones de 2010. El presidente y su Gobierno, muy dividido en esta cuestión, están tratando de cuadrar un complicado equilibrio entre las presiones de Bruselas para que haga una dura reforma que reduzca drásticamente el coste de las pensiones y la prioridad de cuidar a un electorado clave. El pacto con los sindicatos evitaría una guerra abierta por las pensiones que podría terminar de hundir su imagen.

Al margen de lo que digan los técnicos en el documento que se aprueba este viernes, que no es sino el colchón sobre el que se va a tomar la decisión política, el Gobierno trabaja ya en fórmulas para intentar incorporar a los sindicatos y al PSOE en un pacto complejo pero no imposible, según el entorno del presidente.

El eje de la negociación, que empezará enseguida y se espera concluir antes del verano, es la posibilidad de que el Gobierno plantee a los socialistas y a los sindicatos la posibilidad de que la aplicación del factor de sostenibilidad no sea inmediata, como pide el informe de los técnicos, sino dilatada en el tiempo. De hecho, tras la única reunión pública que ha mantenido con los sindicatos en La Moncloa, hace un mes, Rajoy leyó un papel, pactado con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el que aseguraba que el factor de sostenibilidad se desarrollaría en el marco de la reforma de las pensiones de 2011. Esa norma, aprobada por el PSOE, marcaba 2027 como año de aplicación final.

El PP rechazó en 2011 la reforma de pensiones del PSOE y ahora pide su apoyo

Uno de los problemas principales para el pacto político es precisamente que el PP votó en contra de la reforma de 2011 y aún no ha enmendado esa posición. Rajoy pide ahora a los socialistas que le apoyen, pero él no lo hizo en 2011, cuando se aprobó la reforma que retrasa la edad de jubilación a los 67 años con apoyo de sindicatos y patronal.

Sin embargo, fuentes de todos los sectores consultadas admiten que hay un ambiente político distinto, que la preocupación por la situación económica es enorme en todas las esferas y que hay una pequeña posibilidad de llegar a un pacto. Claro que para eso, señalan, el Gobierno deberá quedarse mucho más corto que lo que le plantea el documento de los técnicos y evitar una gran bajada del poder adquisitivo de las pensiones en plena crisis, cuando se han convertido en último recurso de muchas familias.

La clave está pues en retrasar la aplicación, tal vez hasta el 2019 que marcan como máximo los expertos. Una parte del Gobierno parece convencida de que esta es la solución más adecuada para buscar una negociación con el PSOE y los sindicatos. Sin embargo, el equilibrio no es sencillo y Rajoy también tiene que satisfacer las presiones de Bruselas. El presidente ha rechazado o al menos pospuesto dos de las tres recomendaciones más relevantes de la Comisión Europea: darle una vuelta más a la reforma laboral —de momento no, ha dicho— y subir el IVA de algunos productos —tampoco en el corto plazo porque afectaría sobre todo al turismo, ha respondido—.

Por eso el Gobierno de Rajoy se la juega con Bruselas con las pensiones, lo único a lo que claramente ha dicho sí. Tanto que el miércoles incluso garantizó que la reforma se aprobará este año, como pide la Comisión Europea.

El Ejecutivo nada entre esas dos aguas, pero el entorno del presidente también confía en que incluso en este asunto, la presión se relaje algo después de las elecciones alemanas de septiembre. Para entonces la reforma debería estar en plena tramitación parlamentaria y siempre se puede suavizar en el último momento para incorporar al PSOE y a otros grupos, algo prioritario en este momento para el Ejecutivo, cada vez más hundido en las encuestas y con una preocupación real por no perder definitivamente a los pensionistas, votantes clave.