PANAMÁ CANAL

Una reclamación millonaria de constructores del Canal de Panamá tendrá que ir a arbitraje

Un grupo de trabajadores transita en la esclusa de Miraflores en el Canal de Panamá. EFE/Archivo / EFE

La reclamación millonaria del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderada por Sacyr Vallehermoso, tendrá que resolverse en un arbitraje internacional independiente, lo que deja en situación de incertidumbre a la citada constructora española.

El consorcio GUPC, en el que Sacyr es socio mayoritario junto a la italiana Impregilo, presentó hace ya casi un año una reclamación de 573 millones de dólares, que luego aumentó a 588 millones, por los retrasos que había tenido, especialmente los referentes al comienzo del vertido de cemento en las nuevas esclusas del Canal de Panamá.

"Esa reclamación no se podía aceptar", dijeron hoy a EFE fuentes de la Administración del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo panameño que administra y opera la vía interoceánica.

La noticia no supuso ninguna sorpresa, ya que aún antes de que GUPC hubiera entregado toda la documentación requerida, un mes después de empezar el trámite, el entonces administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, adelantó que "lo más probable" sería que en la primera instancia, el dictámen de la propia ACP, no se atendería.

Lo que se juega el consorcio liderado por Sacyr no es ya la pérdida de la bonificación establecida por terminar antes de tiempo la obra, sino incurrir en un atraso que le supondría una sanción.

Los argumentos esgrimidos por GUPC en el sobreprecio que plantea se fundamentan principalmente en los meses de atraso que sufrió la obra debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal.

El director de proyecto de GUPC, el ingeniero de Sacyr Bernardo González, argumenta que el motivo fue la calidad del basalto que se debió usar para hacer el cemento, que aportaba la ACP por ser el extraído de la propia excavación de las esclusas, y que no cumplía con lo establecido en las especificaciones del pliego del contrato.

Aunque la demora en comenzar a verter hormigón en el tercer juego de esclusas del Canal fue de unos meses, González calcula que en lo que concierne a toda la obra pudo suponer "casi un año" de atraso.

"De haber dependido de Alemán Zubieta aún no habríamos empezado a echar concreto (cemento)", comentó un ingeniero de GUPC en referencia al rechazo de la fórmula del hormigón, debido a que con el basalto suministrado por el constructor, su fraguado era mucho más lento.

Según las fuentes, la comunicación del consorcio constructor con el contratista mejoró con el nuevo administrador, Jorge Quijano, quien sustituyó a Alemán Zubieta en septiembre al frente de la ACP y que hasta entonces era el ingeniero que supervisaba el proyecto.

Tras el rechazo por parte de la ACP, el siguiente paso del proceso que establece el contrato es que la reclamación de GUPC pase a la Junta de Resolución de Disputas, un organismo internacional e independiente integrado por tres expertos.

Para la ACP, el consorcio constructor no ha justificado de manera convincente los gastos adicionales en los que dice haber incurrido.

En un encuentro con los corresponsales extranjeros, hace ahora un mes, Quijano adelantó que si la Junta de Resolución de Disputas diese la razón a GUPC, ellos irían a la última instancia, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

"Si fallaran en contra de la ACP en esa instancia, entonces nosotros tendremos que llevarlo a arbitraje", con lo que la resolución del litigio podría llevar años, explicó.

Tras obtener la obra por 3.118 millones de dólares, unos 1.000 millones menos que la siguiente mejor oferta en la licitación, Sacyr ha reiterado que cuenta con obtener la bonificación de 215.000 dólares por día, con un máximo de 50 millones, por entregar la obra antes del 15 de agosto de 2014, como está estipulado.

Actualmente, la finalización de la obra se calcula para abril de 2015, con lo que GUPC, de no darle la razón el tribunal de arbitraje, incurriría en la penalización de 300.000 dólares diarios, con un máximo de 54,6 millones, que establece el contrato.

Esta y otras reclamaciones que ha presentado GUPC incluyen una solicitud de extensión del tiempo establecido para acabar la obra, para evitar la penalización que figura en el contrato.

El consorcio internacional, integrado también por la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha estado pagando a los proveedores de las compuertas o las válvulas del tercer juego de esclusas del Canal.

La ACP no cree que todo esto pueda afectar la continuidad de la obra, y según dijo Quijano hace un mes, Impregilo, el otro socio mayoritario de GUPC y que en abril se fusionó con la también italiana Salini, "se ve muy fuerte" y su nuevo socio "también asume la responsabilidad" ante el proyecto de ampliación del Canal.

"Pensamos que Impregilo es una empresa que está muy saludable financieramente y que debiera definitivamente poder financiar cualquier reclamo que ellos piensen que tienen contra la ACP y que eventualmente se resolverá", dijo el máximo jefe del Canal.

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