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TRANSPORTE FERROVIARIO

La oposición pide al Gobierno la retirada del plan de racionalización del ferrocarril

Los senadores del PSOE en Castilla y León encabezados por el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández (d) y por el exministro y diputado por Zamora, Antonio Camacho (c) y varios alcaldes y vecinos de las localidades afectadas recorren en el tren el trayecto que une Puebla de Sanabria con Zamora en un acto reivindicativo para el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la Comunidad, en Zamora. EFE/Archivo
Los senadores del PSOE en Castilla y León encabezados por el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández (d) y por el exministro y diputado por Zamora, Antonio Camacho (c) y varios alcaldes y vecinos de las localidades afectadas recorren en el tren el trayecto que une Puebla de Sanabria con Zamora en un acto reivindicativo para el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la Comunidad, en Zamora. EFE/ArchivoEFE

La Izquierda Plural y el PSOE han presentado sendas proposiciones no de ley en el Congreso en las que instan al Gobierno a retirar el plan de racionalización del transporte ferroviario que suprimirá varias líneas regionales y de media distancia.

Ambos grupos parlamentarios han pedido al Ejecutivo que mantenga las obligaciones de servicio público ferroviario que, según explica Izquierda Plural, cumplen con misiones de interés general.

Asimismo, el grupo parlamentario argumenta que esta declaración de obligación de servicio público para los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas y estaciones administradas por Adif debe ser suficiente para evitar cualquier cierre de líneas.

A su juicio, es lo que pretende el Ministerio de Fomento "estableciendo un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que son financiados por el Estado" que además "puede ser un paso más en el desmantelamiento del transporte público en el Estado español".

En esta línea, el PSOE ha solicitado la retirada del plan y el inicio de un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales "para garantizar que las obligaciones de servicio público atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial".

Para los socialistas, Fomento ha diseñado este plan atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 %, algo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas.

Asimismo, exponen, la supresión de estos servicios y el cierre de estaciones afectará "principalmente al medio rural e impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tienen otras alternativas".

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