Elvira Rodríguez (CNMV): “Pescanova parecía una empresa con amo”
El supervisor bursátil propondrá cambios normativos a raíz del escándalo del grupo pesquero
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha reconocido que entre los diferentes cortafuegos que no funcionaron para evitar que se diese un escándalo empresarial como el de Pescanova se incluyen fallos en los procesos de gobierno corporativo de la compañía. "Pescanova es una multinacional con una marca muy reconocida y el hecho de que parezca que se ha gestionado como una empresa con amo es algo que hace daño a sus accionistas, a la marca España y al supervisor de valores", reconoció.
Rodríguez informó de que la CNMV ha recibido denuncias por parte de accionistas minoritarios del grupo pesquero que se quejan de no haber recibido información suficiente sobre la situación real de la compañía. "Está claro que los datos que estaba proporcionando la compañía al mercado no están muy acorde con lo que ahora se está conociendo", señaló. La responsable del supervisor cree que hay que esperar al resultado de la auditoría forense que se está realizando para determinar cuál es la situación real de la compañía, aunque dijo que a todo el mundo le interesa que la empresa siga adelante con su actividad. "Por nuestra parte, estamos comunicando todos los pasos que se están dando. El objetivo es lograr un efecto preventivo que evite el daño. Una vez que este se produce la CNMV no tiene los mecanismos para corregir el dolo, sino que esa labor le corresponde a los tribunales. Como consecuencia del caso Pescanova seguramente propondremos algún cambio normativo", añadió.
Rodríguez hizo estas declaraciones durante su intervención en el I Foro Anual del Consejero, organizado por KPMG, IESE y EL PAÍS. La responsable de la CNMV se mostró cauta a la hora de avanzar cualquier conclusión de la investigación abierta por el supervisor para determinar si en el alto volumen de contratación de Bankia los días previos a la ejecución de la ampliación de capital hubo prácticas no permitidas por la Ley del Mercado de Valores. "Es una investigación complicada y para ello hemos pedido a Iberclear que nos facilite toda la información acerca de quiénes han movido las acciones durante estas sesiones. Si se descubre que fueron ventas en corto al descubierto este tipo de operativa está prohibida en España, pero han podido pasar varias cosas". Rodriguez señaló que si los inversores institucionales han aprovechado el periodo de tres días que hay entre que se realiza una operación y se liquida formalmente, es una estrategia que entraría dentro de lo que permite la normativa sobre las ventas en corto en España. "Tenemos que desmenuzar la operativa. Ver quién vendió y por qué y, con esos datos, determinar si tenemos alguna laguna en la legislación actual".
Rodríguez explicó que a finales de enero de 2014 debería estar concluida la revisión "integral" del código de buen gobierno que han apadrinado el Gobierno del Partido Popular. En su opinión la crisis ha puesto de manifiesto "debilidades" en el actual sistema de gobierno corporativo. "Habrá que buscar un punto de equilibrio entre una regulación demasiado intrusiva y la autorregulación. La existencia de un sistema eficaz de buen gobierno contribuye a generar la confianza y la integridad para el buen funcionamiento del sistema financiero".
¿Mano dura o autorregulación?
En el I Foro Anual del Consejero se ha analizado en el papel del gobierno corporativo en la marcha de las compañías cotizadas. Las intervenciones de diferentes ejecutivos en este foro han evidenciado su apuesta por la máxima transparencia, pero, al mismo tiempo, su preocupación porque, como consecuencia de la crisis y el lógico clima de descontento social que ha generado, se impongan excesivas trabas al gobierno de las compañías.
John Scott, presidente de KPMG en España, cree que hay que hacer un esfuerzo por explicar la labor de los consejeros ya que estos se enfrentan al reto de hacer negocios en un mundo cada vez más complejo, global y con cambios regulatorios frecuentes. "A veces se atribuyen responsabilidades muy rápidas a los consejeros que no se corresponden con la realidad". En su opinión, el buen funcionamiento del consejo es un "elemento fundamental" para conseguir la confianza de los inversores.
En el debate sobre qué sistema de gobierno corporativo es más eficaz, el anglosajón o el europeo continental, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, considera que "no hay un sistema mejor que otro". En su opinión, las las diferencias se deben fundamentalmente a los distintos esquemas de participación accionarial y recordó que en el caso español la mayoría de las compañías tienen accionistas significativos lo que condiciona la composición de sus consejos de administración. Ron destacó el comportamiento ético de los consejeros como un factor fundamental y defendió un margen de autonomía para las compañías. "Hay aspectos que no pueden dejarse a la autorregulación como el derecho de los accionistas a estar protegidos por la legislación", matizó.
Antonio Llardén, presidente de Enagás, explicó que su empresa ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo de gobierno corporativo más anglosajón, con más peso de los consejeros independientes frente a los dominicales, debido a la transformación que ha sufrido el accionariado de la sociedad. "Ahora nuestro capital flotante es mucho mayor que hace cinco años y con una peso importante de accionistas internacionales. Eso nos obliga a ser más transparentes y en estar en contacto permanente con nuestros inversores", según Llardén.
El Gobierno y la CNMV han anunciado una revisión en profundidad del código unificado de buen gobierno, vigente desde 2006, para adaptarlo a las necesidades actuales y aplicar en la normativa las lecciones aprendidas con la crisis financiera. El consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás, advirtió en este sentido que los excesos de regulación pueden ser costosos "y restar competitividad " a las empresas españolas que deben batirse el cobre en un entorno global. Meirás se mostró en favor de la autorregulación y que sea el supervisor quién luego determine si los sistemas de gobierno son suficientes.
En esta misma linea de opinión se encuentra Javier Monzón. El presidente de Indra recordó que "ni el gobierno corporativo, ni los reguladores" crean ventajas competitivas, y abogó por cuidar al tejido empresarial, y más en concreto al segmento de las grandes compañías. Monzón recordó que cuando el sentido de la propiedad en una empresa es disperso, este lo representan el primer ejecutivo. Además señaló que una compañía debe tener "propensión al riesgo", para tener éxito y que la función del consejo es supervisar la labor ejecutiva, apoyar la estrategia adecuada y asegurarse de que la empresa tiene a los mejores gestores. "Todo lo demás son añadidos". El máximo responsable de Indra advirtió que los códigos de buen gobierno pueden ser procíclicos y que en estos momentos existe el peligro de que la regulación acelere aún más la aversión al riesgo.
Monzón se mostró preocupado por la dialéctica que ha surgido y que enfrenta al consejo de administración con la junta de accionistas. "Algunos quieren que la junta asuma competencias que son del consejo. Por ejemplo, en el tema de retribuciones la decisión corresponde al consejo y luego se informará a la junta". El máximo ejecutivo de Indra defendió los salarios que se pagan en las grandes empresas: "La retribución es una herramienta para atraer el mejor talento y capacidad empresarial. Debemos retribuir en función de las necesidades de la sociedad y no del entorno social". Monzón recordó que el dinero que se le paga a los consejeros "no se le quita a nadie".
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