Las ayudas a los emprendedores costarán 2.000 millones al Estado en 2014 y 2015

Las deducciones y ayudas fiscales que el Gobierno ha incluido en la futura Ley de Emprendedores costarán 1.607 millones de euros a las arcas públicas durante 2014 y otros 427 millones en 2015, según avanzaron este lunes fuentes del Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo prevé compensar esta merma en la recaudación con alzas en el impuesto de sociedades y en los impuestos especiales.

El pasado viernes el consejo de ministros presentó el anteproyecto de la Ley de Emprendedores, que incluye un paquete de incentivos fiscales para apoyar a pymes y autónomos entre los que figura el “IVA de caja” con el que pretende mejorar la tesorería de las empresas. Este nuevo régimen fiscal, de carácter voluntario, se destina a aquellas sociedades que facturen menos de dos millones.

Los empresarios que se acojan a este modelo de IVA no tendrán que pagar el impuesto al fisco hasta que cobren la factura. Por su parte, sus clientes no podrán deducirse el IVA hasta que la paguen. Este modelo exigirá llevar un registro contable de caja, con los cobros y pagos. Hacienda recuerda que se ha ajustado a la normativa comunitaria para aplicar este régimen de IVA y que se ha situado en el umbral máximo permitido por Bruselas para aplicarlo: empresas que facturen menos de dos millones. La medida, que entrará en vigor en 2014, tendrá un coste para las arcas públicas ese año de 983 millones que afectará por igual al Estado y a las comunidades. No obstante, al año siguiente, en 2015, cuando se cobre la factura se neutralizará el efecto sobre las arcas públicas.

Otro de los incentivos fiscales de la Ley de Emprendedores consiste en la ampliación de la deducción del 10% por reinversión de beneficios para empresas de reducida dimensión, que facturen menos de 10 millones. La desgravación supone extender el modelo actual que afecta solo a los beneficios extraordinarios reinvertidos. A partir de la entrada en vigor de la norma, en 2014, se podrán deducir todos los beneficios que se reinviertan en la actividad de la empresa de tal forma que la tributación de estos beneficios oscilará entre el 15% y el 20%. Esta medida tendrá un coste para las arcas públicas de 624 millones.

Hacienda también pondrá en marcha un incentivo sobre los proyectos de I+D+i. Consiste en un nuevo plan de devoluciones sobre las deducciones por proyectos de I+D+i que no se han podido aplicar porque la cuota les salía negativa (presentaban pérdidas fiscales). Supone una especie de crédito fiscal —un impuesto negativo, según Hacienda— sobre los proyectos de innovación no aplicados con un descuento del 20% mediante un sistema de devolución. Hacienda exige que el importe de la deducción se destine a actividades de I+D.

Otro de los estímulos fiscales consiste en la ampliación de los beneficios fiscales para los activos intangibles (Patent Box), que supone una rebaja de entre el 40% y el 60% sobre los ingresos obtenidos por la venta de aplicaciones industriales, patentes y otros activos intangibles que se aplicará en la base imponible.

Por último, el Ejecutivo establece beneficios fiscales para los Business Angels (inversores de proximidad como familiares o amigos), que aportan capital y experiencia profesional a nuevos proyectos empresariales. Estos inversores tendrán una deducción del 20% sobre la cuota estatal del IRPF, con un máximo de 4.000 euros. Además, cuando se produzca la desinversión, en un plazo de 12 años, estarán exentos de la ganancia siempre que se destine a otro proyecto.

Para compensar el descenso en la recaudación que supondrán estas medidas, Hacienda confía en compensarlas con subidas en otros tributos, que aprobará en los próximos días. El Gobierno anunció que abordaría nuevas subidas fiscales en el Plan Nacional de Reformas, presentado ante Bruselas el pasado día 26 de abril, que afectaban a los impuestos sobre el alcohol, sobre el tabaco, así como la supresión de deducciones en el impuesto sobre sociedades. El Gobierno espera recaudar con ellas unos 1.000 millones. Además, Hacienda estudia una nueva vuelta de tuerca en el impuesto sobre los beneficios para aumentar el tipo efectivo que pagan realmente las empresas [el tipo marginal está en el 30% y el efectivo está entorno al 10% por la gran maraña de desgravaciones y exenciones].