América Latina, segunda región en desarrollo con más evasores fiscales

La región sufre la acumulación de capitales no declarados en el extranjero

Los países en vías de desarrollo son especiales víctimas de los paraísos fiscales. El fraude tributario que permiten esas guaridas quita recursos al progreso de pueblos enteros. El fenómeno de la fuga de capitales no declarados se ceba sobre todo en América Latina. De los diez países en desarrollo con más fondos fuera de registro, cuatro son latinoamericanos.

Después de China, Rusia y Corea del Sur, Brasil es el cuarto país con más salida de capitales no declarados, con 519.500 millones de dólares, lo que incluye tanto los que se fueron del territorio propio como lo que estos rindieron invertidos fuera entre 1970 y 2010, según el informe que el año pasado publicó Tax Justice Network (TJN), una red de expertos que luchan por mayor justicia tributaria en el mundo. México se encuentra sexto en la clasificación de países emergentes, por debajo de Kuwait e inmediatamente por delante de Venezuela y Argentina. De México se han fugado en 40 años unos 417.500 millones; de Venezuela, 405.800 millones y de Argentina, 399.100 millones.

De todas las regiones del mundo en desarrollo, solo Asia oriental, con 2,9 billones, supera a Latinoamérica, con 2 billones, según TJN, que calculó de manera conservadora el flujo de dinero no registrado que va desde los mercados emergentes hasta los paraísos fiscales por intermediación de los grandes bancos internacionales, como UBS, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, ABN Amro, Barclays, Crédit Agricole y Société Générale. Estos bancos cuentan con equipos especializados en captar clientes que están interesados en resguardar sus ahorros en territorios donde no pagarán impuestos ni tampoco tributarán en sus países de origen. También hay fondos de inversión de riesgo, bufetes contables y aseguradoras que participan del negocio.

El informe de TJN solo incluye los capitales financieros no declarados, a los que deberían añadirse los inmuebles, los barcos, los caballos de carrera, los lingotes de oro y otros activos físicos, según describe James Henry, integrante de la organización con sede en Reino Unido y execonomista jefe de la consultora McKinsey. El problema para las agencias tributarias no es solo la salida de capitales, que ha amainado en las últimas dos décadas en países como Brasil y México, según TJN, sino también la renta de esos fondos que se han ido y que difícilmente regresen. Se calcula que la mitad de los capitales líquidos de los ricos latinoamericanos y de algunos países asiáticos se ha marchado a paraísos fiscales.

Las razones de la fuga pueden encontrarse en la pretensión de los inversores de diversificar el riesgo, especular o huir de países donde se practican políticas económicas consideradas insostenibles, pero James opina que el sobreendeudamiento de los estados permitió financiar la salida de capitales. El experto también considera que privatizaciones mal gestionadas de servicios públicos y recursos naturales en los 90 derivaron en grandes negocios de empresarios que después giraron sus beneficios al exterior.

“México y Venezuela tienen altos niveles de activos externos no declarados, al igual que otros exportadores de petróleo, porque es un negocio con enormes volúmenes y en el que normalmente hay corrupción”, observa Jorge Gaggero, investigador de TJN en Buenos Aires. “En México, la estrecha relación con EE UU agrega estímulos a la fuga. Brasil, en cambio, tiene una relación de activos externos y PIB mucho menor que México, Venezuela o Argentina, que no es un país petrolero, pero tiene problemas coyunturales y estructurales que llevan a tener un stock grande afuera”, añade Gaggero.

Los chilenos pudientes guardan en el extranjero sin declarar 105.000 millones de dólares. Los colombianos, 47.900 millones; los panameños, 37.600 millones; los ecuatorianos, 21.600 millones; los bolivianos, 18.400 millones; los uruguayos, 13.300 millones; los salvadoreños, 11.200 millones y los peruanos, 8.100 millones, según TJN.

El debate mundial sobre los paraísos fiscales ha vuelto a recalentarse este año a partir de escándalos como la crisis bancaria de Chipre o el reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). La Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que reúne a países ricos, México y Chile) y el G20, que agrupa a las principales potencias desarrolladas y emergentes (incluidos Brasil, México y Argentina), están discutiendo qué hacer de manera efectiva contra los escondites impositivos.

La investigación del ICIJ arrojó varios nombres de latinoamericanos dueños de cuentas en paraísos fiscales. Los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, aparecen como dueños de una empresa en las islas Vírgenes Británicas, en el Caribe. Ramón Cartes, el fallecido padre del presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, y otros cuatro ejecutivos del banco del futuro jefe de Estado, el Amambay, figuran como accionistas de una filial en las islas Cook, en el Pacífico. El empresario mexicano Dionisio Garza Medina, accionista del poderoso grupo químico Alfa, dispone de fondos en Singapur. Un general venelozano, José Eliecer Pinto Gutiérrez, es accionista de una sociedad en las islas Vírgenes Británicas. Clarice, Leo y Fabio Steinbruch, de la familia propietaria del banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha, también invirtieron en ese archipiélago, aunque dijeron que esa colocación estaba declarada ante las autoridades de Brasil. También aparecieron argentinos, como una rama de la familia Madanes que fue dueña de las empresas Aluar (aluminio) y Fate (neumáticos) y que ahora que dice tener declarados sus recursos en Suiza, y el secretario parlamentario del Senado, Juan Héctor Estrada.

En Argentina el debate sobre los fondos no declarados está especialmente en auge. Por un lado, porque el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa una amnistía fiscal para las divisas no registradas, un proyecto de ley que discutirá este miércoles el Senado. Por otro, por las denuncias de presunto blanqueo de capitales que viene presentando el periodista Jorge Lanata, del Grupo Clarín, contra personas vinculadas con el kirchnerismo. Un fiscal ya ha imputado al empresario kirchnerista Lázaro Báez, a su hijo Martín, a su contable Daniel Pérez Gadín y a tres presuntos intermediarios, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi por presunto lavado de 55 millones de euros. Casi al mismo tiempo, un juez reactivó una demanda presentada hace cinco años sobre una lista de clientes argentinos del JP Morgan que habrían fugado 400 millones de dólares para defraudar al fisco, entre ellos los principales accionistas de Clarín, como Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Al igual que en el caso de la lista Falciani en España y Francia, el denunciante aquí es un exempleado del banco en cuestión. Se llama Hernán Arbizu. Clarín ha asegurado que el grupo y sus dueños tienen todo su patrimonio declarado en Hacienda y recordaron que Arbizu se encuentra prófugo de la justicia norteamericana por manipular sin permiso el dinero de clientes de JP Morgan y UBS. En la lista Arbizu figuran otras grandes empresas argentinas como la petrolera Bridas, la eléctrica Pampa, la azucarera Ledesma, el desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini, la constructora Sideco (de Franco Macri, padre del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri) y el portal de comercio electrónico Mercado Libre, así como filiales de la estatal brasileña Petrobras, las españolas Abertis y ACS, la norteamericana Gallup y la italiana Impregilo. Varias de estas empresas han respondido que las colocaciones en paraísos fiscales estaban declaradas.

Otra organización dedicada a combatir el flujo de dinero ilegal, Global Financial Integrity (GFI), también elaboró en 2012 sus cálculos sobre los recursos ilícitos que salen de países emergentes y que a través del opaco sistema financiero global acaban muchas veces en países ricos. GFI no considera el movimiento de efectivo ni el contrabando y concluye que la mayor fuga ilegal se produce, en primer lugar de importancia, por la facturación falsa del comercio exterior y, en segundo término, por la salida de capitales financieros.

En una clasificación de países emergentes con mayor flujo financiero ilícito aparece a la cabeza China, seguida por México, con 47.561 millones de dólares anuales de media entre 2001 y 2010, según GFI. Henry, de TJN, considera que estas cifras se encuentran sobreestimadas. En la lista de GFI, Costa Rica aparece 14°, con 6.370 millones por año; Panamá, 18°, con 3.987 millones; Venezuela, 19°, con 3.791 millones, y Brasil, 21°, con 3.510 millones. Honduras está 24°, con 3.081 millones; Chile, 28°, con 2.417 millones; República Dominicana, 34°, con 1.695 millones; Argentina, 36°, con 1.670 millones; Guatemala, 37°, con 1.622 millones, y Colombia, 46°, con 1.254 millones. De Asia proviene el mayor flujo de dinero ilegal del mundo en desarrollo, el 61,2%, seguida por Latinoamérica, con el 15,6%, según GFI.

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