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ENERGÍA NUCLEAR

Narbona denuncia presiones del Gobierno al CSN para dar continuidad a Garoña

La miembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona. EFE/Archivo
La miembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona. EFE/ArchivoEFE

La miembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha denunciado que el Gobierno ha ejercido "presión" para que el organismo se pronunciara hoy a favor de la continuidad de la central de Garoña (Burgos).

Narbona y la también consejera socialista Rosario Velasco han votado hoy en contra de la petición de Nuclenor (propietaria de Garoña) de pedir un plazo adicional de un año para poder considerar la renovación de su licencia de explotación, mientras que los dos consejeros del PP -Fernando Castelló y Fernando Martí- y el de CiU -Antonio Gurrí- han votado afirmativamente.

El próximo lunes, Velasco, Narbona y Gurrí presentarán sendos votos particulares para explicar el sentido de sus posiciones.

En declaraciones a Efe, Narbona ha tachado las "presiones" del Ministerio de Industria de "intolerables" e "injustificables" y ha afirmado que el Gobierno ha utilizado el Consejo "para intereses económicos".

"Es un ataque la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear que no se justifica", ha afirmado la exministra, en cuya opinión Nuclenor (participada al 50 % por Endesa e Iberdrola) podría haber cesado su actividad el próximo 6 de julio como estaba previsto y pedir, a posteriori, una renovación de la licencia de explotación.

Además, ha dicho que ha supuesto el "desprecio olímpico" de 3.000 horas de trabajo invertidas por los técnicos del CSN desde enero último para preparar el procedimiento de cese de explotación de la central.

Según Narbona, lo ocurrido con Garoña es un "precedente malo", porque significa dar "autorizaciones exprés al gusto del consumidor" y eso "va en contra de todas las prácticas y evolución del CSN".

"Preocupa que esta decisión forzada por el Gobierno reste credibilidad al Consejo de Seguridad Nuclear", un organismo autónomo e independiente que solo rinde cuentas al Parlamento.

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