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El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a la posible expulsión de la carrera judicial

El Consejo del Poder Judicial le investiga por retrasos y por el trato al personal de su juzgado

El órgano de gobierno de los jueces intentó incapacitarle en 2008, pero no prosperó

Elpidio José Silva ha sido sancionado en otras tres ocasiones, pero el Supremo anuló dos

El juez Elpidio José Silva Pacheco.
El juez Elpidio José Silva Pacheco.

Elpidio José Silva Pacheco, el juez que envió el pasado 17 de mayo a la cárcel a Miguel Blesa, se enfrenta a su posible expulsión de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por dos faltas muy graves y una grave, que no están, sin embargo, relacionadas con la causa del expresidente de Caja Madrid. Las faltas muy graves, de ser confirmadas, conllevan la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

La Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces inició el expediente contra Silva Pacheco por su retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y por falta de motivación de sus resoluciones —lo que constituyen motivos de falta muy grave— así como por desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado —que se encuadra en falta grave—. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruye el expediente contra el juez, y tendrá que presentar en el plazo de seis meses una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria del Consejo. La decisión que tome después la comisión es recurrible al pleno del Consejo del Poder Judicial y ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

La Fiscalía de Madrid también le investiga, a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales

El juez, con un extenso historial de problemas disciplinarios, está siendo investigado también por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público abrió hace un par de meses diligencias a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales, según ha confirmado a EL PAÍS el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía tendrá que decidir si concede verosimilitud a la denuncia y presenta una querella contra el juez, si la archiva o bien la remite al Consejo porque entiende que no hay delito pero sí posible sanción disciplinaria. También tiene seis meses de plazo para hacerlo.

Elpidio José Silva, de 54 años, es uno de los magistrados más conflictivos de la carrera judicial, según admiten fuentes del Consejo. Acumula sanciones e incluso un intento del Consejo de jubilarle por incapacidad. El órgano de gobierno de los jueces trató de incapacitarle en 2008 porque entendía que no estaba en condiciones para seguir ejerciendo la función judicial, debido a las múltiples denuncias y sospechas de irregularidades en su actuación con la toga. El expediente—insólito, que se ha aplicado solo a media docena de jueces en la historia—,  no prosperó, porque el servicio médico dictaminó en contra.

En junio de 1994 el Consejo le impuso su primera sanción, por falta muy grave: le suspendió durante tres meses por desatención de su órgano jurisdiccional, que entonces era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz).

En abril de 2009 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros de multa por falta grave, por “incumplimiento o desatención” a los requerimientos de sus superiores y “obstaculización de sus funciones inspectoras". El juez recurrió al Supremo y el tribunal estimó su recurso, dejando sin efecto la sanción. En febrero de 2010 volvió a ser sancionado por la misma falta grave, pero el Supremo la dejó otra vez sin efecto, aunque por un motivo distinto: había caducado. Las faltas graves prescriben al transcurso de un año desde que fueron cometidas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Silva Pacheco es además un atípico juez desahuciado. En 2009 fue condenado por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.

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