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Dos vías de ajuste en pensiones

Los expertos designados por el Gobierno se inclinan por el recorte de las prestaciones futuras y el desligue de las actuales del IPC

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez Ampliar foto
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez

Se acerca la gran reforma de pensiones: la definición del factor de sostenibilidad. Los 12 expertos que designó el Gobierno para comenzar a perfilarlo avanzan. Entre ellos hay grandes discrepancias, pero algunos elementos se van dibujando con nitidez. La propuesta del grupo, con unanimidad o sin ella, contará con dos mecanismos de ajuste en el gasto de pensiones: uno que debido al envejecimiento se traducirá poco a poco en menores pensiones medias en el futuro y otro que afectará a la cuantía de las pensiones actuales, según varias fuentes cercanas a esta docena de académicos. Y su aplicación no se hará esperar si se sigue la opinión de la mayoría de los sabios, partidarios de aplicarlo ya en 2014.

Para acabar su informe, los expertos tienen este mes y las posiciones todavía se pueden mover. Pero la treintena de trabajos presentados por los componentes tienen que ir concretándose pronto en un solo texto. Esto ya comenzó a verse el pasado viernes, cuando el presidente del grupo, Víctor Pérez Díaz, presentó un documento que apuntala esa doble dirección automática de ajuste que ya se definía, señala una fuente que no está entre los expertos, pero conoce el escrito. La posibilidad de aumentar los ingresos, cuenta con pocos partidarios. La propuesta definitiva, como reafirmaron el jueves Rajoy y los agentes sociales, se negociará después entre Gobierno, sindicatos y empresarios y al mismo tiempo pasará al Parlamento. De este último escalón, saldrá la configuración definitiva del factor de sostenibilidad de las pensiones.

Los debates en el seno de la comisión comenzaron desde posiciones muy alejadas. Algo lógico ya que entre los componentes hay quien trabaja para la patronal de las aseguradoras, Unespa, (Miguel Ángel Vázquez), y ha colaborado con ella (Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech, también miembro del servicio de estudios de BBVA) o quien forma parte de un grupo de trabajo de la aseguradora Aviva, Ignacio Conde-Ruiz; mientras otros, como Miguel Ángel García, es jefe del gabinete técnico de CC OO, y Santos Ruesga, colabora habitualmente con UGT.

El mayor choque lo provocó una propuesta de seis páginas formulada el 25 de abril que implicaba un cambio radical en el cálculo de las pensiones futuras, un modelo próximo al sueco que podía traducirse en rebajas muy sustanciales. La propuesta se acercaba mucho a un modelo similar al implantado en Suecia, algo que gusta en el Ministerio de Economía pero que no cuenta con el respaldo de Empleo.

La fórmula se abandonó, iba más allá de lo que propone la ley de 2011, que obliga a crear el factor. La que ahora se abre paso, apuntan media docena de fuentes consultadas, busca una fórmula que, partiendo de la esperanza de vida en el momento de la jubilación, calcule de forma automática la pensión a percibir. Si se tiene en cuenta que como norma general los trabajadores que se retiran viven unos 50 días más que los que lo hicieron el año anterior, esta opción conlleva en una reducción de la pensión. Salvo extrañas excepciones, que se dan: en 2005 o en los primeros meses de 2012, la esperanza de vida cayó.

Este planteamiento se ajusta al mandato de 2011; no así el momento de su aplicación. La ley actual lo fija en 2032. El grupo se inclina por 2014 como año de puesta en marcha y 2019 como primer ejercicio de aplicación, apunta uno de los consultados.

“El sistema actual no responde a criterios actuariales, su equilibrio financiero no está garantizado”, reza un informe escrito en la primera semana de mayo en su segundo punto, igual en este apartado al texto de abril. Esta frase se asienta en que, según cálculos de la Seguridad Social elaborados para la reforma de 2011, en el peor de los casos, un pensionista medio que ha cotizado por la base máxima durante 46 años, cobra un 54% más durante su jubilación de lo cotizado en su vida laboral.

“Este desequilibrio, al menos, hay que frenarlo”, apunta un conocedor de los trabajos. Y para lograrlo la opción mayoritaria apunta a reducir la cuantía de la pensión. Pocos en la comisión se inclinan por mecanismos automáticos de incrementos de ingresos (cotizaciones o impuestos).

Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, en cambio, sí que cree que hay que poner más énfasis en los ingresos. Él forma parte del grupo de expertos a propuesta del PSOE. Desde el primer día se ha mostrado en público muy crítico con la orientación de los trabajos: “Hay margen para aumentar el gasto a largo plazo. No se tiene solo que bajar pensiones. Sin aplicar el factor de sostenibilidad el gasto en pensiones estará en unas décadas por encima de la Unión Europea, pero por debajo de la zona euro”.

Pero si la introducción de un corrector demográfico, que se suma al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, es todo un cambio para el sistema de pensiones, todavía lo es más la segunda pata de la propuesta: el fin del matrimonio entre pensiones y precios que garantiza su poder adquisitivo y su sustitución por una fórmula en la que tendrá un papel decisivo la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Si esto no cambia, la propuesta del grupo difícilmente logrará consenso.

Aquí la revolución llega por dos lados. En primer lugar, afecta a los nueve millones de pensionistas actuales, algo que no ha sucedido antes. Pero, además, según la fórmula a aplicar, una ecuación en la que tendrán protagonismo ingresos y los gastos —aunque sea en un ciclo móvil de cuatro años arriba o abajo que atenúe los resultados— en circunstancias duras como las actuales cuando se ha hundido el mercado laboral, puede acabar traduciéndose en bajadas nominales de pensiones y no solo en pérdida de poder adquisitivo. Conscientes de la dureza de esto, los expertos andan inmersos en buscar cautelas, matices, periodos de entrada en vigor y recomendaciones abiertas que den margen a los políticos amortiguar el golpe.

Más allá de cual sea la definición final, esta segunda vía de ajuste, es una de las que más interesa al Ejecutivo, tanto al Ministerio de Economía como al de Empleo. Y cuanto antes. Los expertos también aquí se inclinan por 2014. Esto supondría un gran ahorro ya a la Seguridad Social. La revalorización anual de las pensiones ha supuesto un incremento medio anual superior al 2% en los últimos 30 años, 2.000 millones más al año.

 

El cambio más inmediato

La mayor parte de la atención se la lleva la definición del factor de sostenibilidad. Pero el pasado abril, el Tribunal Constitucional se inmiscuyó en la agenda de reformas de la Seguridad Social. Echó abajo el sistema empleado para calcular la jubilación de quienes han cotizado a través de trabajos a tiempo parcial por considerarlo, como el Tribunal de la Unión Europea, que provocaba una discriminación indirecta sobre las mujeres.

De momento, el instituto público ha salido del trance por la vía más directa y sencilla: cada día que se trabaje, aunque sea una sola hora, equivaldrá a un día cotizado. Pero esto es solo una solución provisional. Además, para minorar una factura que, según sus cálculos, puede ascender hasta 1.900 millones pretende alargar los plazos hasta el máximo permitido legalmente para reconocer el derecho de pensión a quien lo reclame y que se le aplique así la nueva fórmula, que pretende amortigüe el impacto de la sentencia.

Para definir esta fórmula, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya se ha reunido con los agentes sociales. Pero su departamento, que ha escuchado las propuestas e inquietudes de los sindicatos, todavía no les ha comunicado cual es la solución a la que ha llegado. La respuesta puede llegar el próximo martes, cuando, según apuntan fuentes tanto de UGT como de CC OO, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, les ha convocado.