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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La alternativa es no perseverar en el error

El mundo está cada vez menos dispuesto a esperar el milagro, a creer que las cosas se arreglarán sin que intervengamos”. Esta frase, que sería aplicable al hartazgo general que está provocado la actual situación económica, tiene, sin embargo, ochenta años. Fue escrita en 1933 por John Maynard Keynes, padre intelectual de una política económica que logró el mayor desarrollo de la historia y alumbró el Estado de bienestar.

La gran recesión que nos atenaza se parece mucho a la Gran Depresión que vivieron EE UU y Europa en los años treinta del siglo pasado. Sobre todo, en el hecho de que existe un sector de políticos, economistas y voceros que tienen fe ciega en las opacas fuerzas del mercado y que ponen el grito en el cielo cada vez que se pide que las Administraciones Públicas intervengan para frenar la sangría económica, social y laboral que nos golpea desde hace cinco años.

Este grupo de inmovilistas, esta caverna económico-ideológica, nos quiere convencer de que no hay alternativas. De que el único —y doloroso— remedio para nuestros males es austeridad expansiva, amputación de servicios sociales y devaluación sistemática de derechos.

Pero hay que decir alto y claro que este mismo sector neoliberal es el que cebó la burbuja inmobiliaria y dio cobertura al saqueo de las entidades financieras, a las primas millonarias de sus gestores y al diseño de productos tóxicos como las acciones preferentes. Los mismos que causaron la peor recesión económica de los últimos 80 años son los que ahora se erigen como salvadores con su receta única de austeridad y reparto de miseria.

Tampoco se dice que los fundamentos teóricos de los fundamentalistas de la austeridad son erróneos. Hace unas semanas, Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, admitió que la política de austeridad estaba teniendo efectos mucho más perversos de los que habían esperado. Recientemente se ha descubierto que el estudio en el que los profesores Rogoff y Reinhart sostienen que una deuda pública por encima del 90% del PIB lastra irremediablemente la reactivación económica tiene fallos de diseño.

La austeridad a ultranza no funciona ni funcionará, por mucho que se empeñen los moralistas del mercado. El problema de fondo es que han convertido a la economía en su nueva religión, y por ello se permiten el lujo de darnos lecciones elevadas sobre moral y valores, en vez de aportar fórmulas para que entre todos salgamos de esta dolorosa zanja en la que nos metieron.

Todo paciente aquejado de una enfermedad larga y compleja necesita de medicamentos de amplio espectro y del cuidado constante por parte de especialistas. Nuestra economía se encuentra en ese estado crónico, por ello necesita actuaciones a todos los niveles. Y si no puede recuperarse por sí misma, el sentido común y la experiencia histórica recomiendan un apoyo continuado por parte de los poderes públicos hasta que remonte su decaimiento

¿Por qué tenemos que esperar sentados un ‘milagro’ que nos saque de la parálisis que sufrimos?

Siempre he creído que la política debe defender al más débil y que la economía debe mejorar la vida cotidiana de las personas. Por ello pienso que las administraciones públicas deben actuar de forma contracíclica, dando un paso adelante cuando el sector privado entra en crisis y se bate en retirada. Austeridad en fases de crecimiento y estímulo en recesión. Esta debe ser la máxima del sector público a la hora de sostener el empleo y garantizar que nuestra maquinaria económica y social funcione correctamente.

Esto es lo que hizo el primer Gobierno socialista de Euskadi, que tuve el enorme honor de presidir como lehendakari, durante la pasada legislatura. Combinar austeridad inteligente —aquella que elimina duplicidades e ineficiencias sin dañar irreversiblemente los servicios sociales básicos— con estímulos a la economía real, a las empresas que crean verdadero valor, sostienen el empleo y levantan la persiana de madrugada para competir en un mercado globalizado.

Si sabemos que la austeridad ciega, expansiva y a ultranza no es la solución, ¿por qué tenemos que esperar sentados un milagro que nos saque de la parálisis que sufrimos?

En primer lugar, hemos de girar el timón de nuestra política económica, enfrentándonos a los fundamentalistas que nos quieren hacer creer que no hay alternativas, que la austeridad y las oscuras fuerzas del mercado son el único remedio contra la miseria social y económica. Debemos renovar la agenda económica y política a través de la mejora de nuestro debate público.

El Gobierno de España debe orientar sus presupuestos a un doble objetivo. Por un lado, a garantizar los servicios sociales (para que no se extiendan epidemias como la privatización salvaje de la sanidad en Madrid), y por otro, a promover un plan masivo de inversión dirigido a mejorar nuestras infraestructuras, espolear la innovación y aumentar nuestra eficiencia energética; unas acciones que tendrán un efecto positivo sobre la economía y el empleo, al influir en sectores tractores que pueden dinamizar el resto del sistema económico.

Este plan no debe orientarse a realizar gasto corriente no productivo, sino hacia una inversión inteligente e innovadora que empape al conjunto de las comunidades autónomas, lanzándolas en una espiral positiva de creación de empleo y reforma competitiva.

Y estas acciones, este tratamiento alternativo, deben ir acompañadas del imprescindible apoyo de nuestros socios europeos. Alemania y los países del centro y del norte de Europa deben adoptar políticas fiscales expansivas que estimulen la demanda en el resto de países europeos y ayuden a sobrellevar el profundo proceso de reformas y austeridad inteligente que hemos de llevar cabo. También tenemos que dotar de nuevos objetivos al Banco Central Europeo para que actúe como último defensor y guardameta del euro y de la Unión Europea, el mayor proyecto democrático e internacionalista que ha alumbrado la humanidad.

El paro es el principal problema económico de España. Aun así, el Gobierno de Rajoy proyecta la sensación de que el desempleo no puede ser vencido, que hay que resignarse a él. Debemos colaborar e impulsar la actividad de los emprendedores, y ser imaginativos buscando nuevas ideas para fomentar la empleabilidad y la generación de puestos de trabajo. Por ejemplo, nuestra economía cuenta con grandes empresas internacionalizadas que necesitan incorporar talento joven en sus delegaciones en el extranjero. ¿No sería una buena idea poner en marcha un programa para subvencionar la contratación por un año de las personas jóvenes desempleadas en empresas españolas en el exterior? En Euskadi, el Gobierno socialista lanzó este novedoso programa en 2012, y en la actualidad cientos de jóvenes tienen una oportunidad laboral de la mano de una empresa vasca internacionalizada.

Nuestra obligación política y ética es no esperar sentados a que las arbitrarias fuerzas del mercado actúen, sino ponernos manos a la obra y conseguir salir de esta situación. La ciudadanía nos está pidiendo a gritos que acabemos de una vez con la receta fallida de la austeridad a toda costa y que dejemos de estar guiados por la caverna económica, que vuelve a los comportamientos previos a la caída de Lehman Brothers.

Aunque los últimos cinco años han sido extremadamente duros y hemos tenido que apretar los dientes, nunca hemos de olvidar que España sigue siendo el lugar del mundo que más se ha desarrollado en los últimos 40 años. Si nuestros abuelos vieran lo que se ha conseguido no dejarían que cayéramos en el desánimo, sino que nos empujarían a no bajar los brazos, a seguir mejorando, a luchar por la sociedad democrática y justa que se afanaron en construir.

Por ello, creo firmemente que hay alternativas si nos ponemos a la faena sin hacer caso a los agoreros. La noche siempre es más oscura justo antes del amanecer. Pero depende de nosotros sacudirnos las tinieblas a las que se nos quiere condenar.

Patxi López es secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y exlehendakari del Gobierno vasco.

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