Anticorrupción pide la imputación del presidente de Pescanova
Sousa, dos consejeros y un accionista vendieron títulos a escondidas
El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, estaba tratando de recuperar en los juzgados el control de la compañía, ahora en manos del administrador concursal Deloitte. Lejos de conseguirlo, ya que el juez de Pontevedra se ha negado a devolverle las riendas, cada vez son más los que apuntan contra posibles delitos cometidos por Sousa mientras ocupó su cargo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que tramite cuatro querellas de accionistas contra parte de la cúpula y que investigue si Sousa, dos consejeros (Alfonso Paz-Andrade Rodríguez y José Antonio Pérez-Nievas Heredero) y el accionista José Alberto Barreras Barreras usaron información privilegiada o si hubo falsedad en la información financiera de la compañía. Los fiscales piden que sean llamados a declarar como imputados.
El accionista Barreras y los tres consejeros (Pérez-Nievas ocupa un asiento en nombre de Iberfomento y, curiosamente, se enfrentó al presidente por su gestión) vendieron acciones justo antes de que se hiciera pública la crisis de la pesquera. Entre los cuatro se deshicieron en dos meses de títulos por valor de al menos 46,2 millones de euros. Y, al hacerlo antes de que los problemas de la firma fueran públicos, evitaron perder en total 26,6 millones de euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por eso la fiscalía pide que se investigue si hubo uso de información relevante. También pide investigar a Fernández de Sousa y Paz-Andrade por un posible delito de falsedad en la información financiera de la compañía.
No es un secreto que Fernández de Sousa vendió acciones a espaldas de la CNMV. Después de que la compañía que fundó su padre entrara en abril en concurso de acreedores, confesó que se había desecho de varios paquetes de acciones entre diciembre y febrero. Lo que sí revela por primera vez el informe de la fiscalía, firmado por Juan Pavía y Elena Lorente, son los detalles de las dos investigaciones que ha llevado a cabo la CNMV y que son las que indican que no solo Sousa acudió al mercado sin avisar. José Antonio Pérez-Nievas Heredero vendió acciones por valor de 1,8 millones el 25 y 26 de febrero, un día antes del Consejo de Administración que disparó las alarmas sobre graves problemas de tesorería en Pescanova. Evitó perder 1,4 millones de euros. Por su parte, José Alberto Barreras Barreras, entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2013 a través de Transpesca, vendió 700.000 acciones con un ingreso de 11,2 millones de euros y evitando perder 6,3 millones de euros al hacerlo antes de que se desatara la crisis.
El informe recuerda además que el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa se embolsó, al menos, 27,5 millones de euros vendiendo acciones solo entre enero y febrero y evitó pérdidas de 15,6 millones de euros al hacer estas operaciones antes de confesar la crisis de la pesquera. El consejero Alfonso Paz-Andre se deshizo de 5,8 millones en acciones y evitó una pérdida de 3,4 millones. Este consejero sí había comunicado algunas ventas, pero muy inferiores.
Si se confirmasen los delitos de uso de información relevante o de falsedad en la información financiera, los sospechosos pueden ser castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años por cada uno de esos cargos.
El juez no permite que Sousa vuelva a la presidencia
El juez del Mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz Álvarez, también ha dictado un auto sobre Pescanova. Desestima el recurso presentado por la empresa (en realidad, por parte de la cúpula, ya que varios consejeros se negaron a apoyar esta acción) contra la decisión de apartar a Fernández de Sousa de la dirección. El magistrado se ratifica en su resolución del pasado 25 de abril y rechaza la pretensión de Pescanova, que no quería que se apartara a la cúpula de la gestión para dar paso al control del administrador concursal Deloitte. El juez considera que el hecho de que la dirección de Pescanova "no formulara cuentas, no aceptara la auditoría, no presentara los estados financieros o los calificados como errores de información", en su opinión "serán decisiones más o menos correctas o disculpables", pero que "desde luego ponen de manifiesto un grado de parálisis social", lo que refuerza su decisión de poner a Deloitte al frente y se niega a nombrar a un segundo administrador.
