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El Supremo admite a trámite el recurso contra la reforma del sector eólico

La patronal considera que "no se ajusta a Derecho y que es gravemente lesiva para los intereses del sector eólico"

Parque eólico en la provincia de Granada.
Parque eólico en la provincia de Granada.M. ZARZA

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) contra la orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial, informó la patronal. Esta reforma, la quinta en un año, eliminó la posibilidad de las centrales de vender su energía en el mercado libre recibiendo a la vez primas (figura a la que se acogía el 90% de las plantas eólicas) y redujo las bonificaciones al sector al desindexar las ayudas de la inflación.

AEE considera que la citada disposición "no se ajusta a Derecho y que es gravemente lesiva para los intereses del sector eólico" y que aplica por primera vez el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y, por lo tanto, constituye "la primera posibilidad de discutir judicialmente tales medidas".

Así, la asociación señala que la forma en que se ha aprobado el Real Decreto-Ley, así como su contenido, "vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 2/2013".

Por ello, afirma que está haciendo "todo lo posible para que se eliminen o modifiquen los aspectos injustificados y perniciosos" para el sector que contiene la norma.

Asimismo, subraya que el hecho de que la norma se publicara en febrero y sea de aplicación desde el pasado 1 de enero "supone un caso de retroactividad pura o propia, por lo que vulnera claramente los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica".

De esta manera, AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son "inaceptables", y debería reconsiderarlas, ya que hacen más daño que los beneficios que generan, "lo que ya se está apreciando en los continuos cierres de fábricas y destrucción de empleo".

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