La ‘catastroika’
Los 10 primeros días de mayo del año 2010 sembraron las bases de lo que luego ha ocurrido en Europa: una crisis que no se puede calificar solo de económica sino que posee aristas institucionales y políticas muy profundas. Tres fueron las decisiones más importantes tomadas entonces: la intervención de derecho en Grecia, la intervención de facto en España, y la creación del primer fondo de rescate europeo para países en dificultades. Desde entonces, Grecia ha soportado dos planes de ayuda con su correspondiente contrapartida en materia de austeridad (lo que le ha llevado a una profundísima recesión de larga duración), Portugal e Irlanda también fueron intervenidas y no levantan cabeza, el sistema financiero español fue rescatado, y Chipre también ha caído.
Todo ello ha causado grandes “daños colaterales humanos” en forma de perdedores. El sociólogo Ulrich Beck (Una Europa alemana, Paidós Editorial) cita un artículo del Süddeutsche Zeitung: “El problema no es la falta de un sentimiento europeo, sino el hecho de que hay al menos dos. Está el sentimiento positivo de esa mayoría que no quiere volver a echar de menos ninguna de las grandes libertades europeas. Y está, por otra parte, el sentimiento negativo, que a menudo albergan las mismas personas, de que allá lejos, en Bruselas, existe un universo paralelo alejado de la propia vida”.
Entre las causas de ello figuran las políticas que se toman en Bruselas, siempre en la misma dirección de ajustes y sacrificios, independientemente de las condiciones distintas de cada país; los procedimientos con las que se adoptan, opacos, con la participación de instituciones ademocráticas como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la célebre troika cuyas decisiones han servido para que los críticos la recalifiquen con el apelativo de catastroika; y líderes más tecnócratas que políticos (los Durão Barroso, Van Rompuy,…) que no han terminado de solucionar aquello que decía Kissinger: “Si tengo que llamar a Europa, ¿qué teléfono marco?”. Seguro que el de Merkel, una dirigente no comunitaria.
España necesita una inyección de liquidez a la banca y otra de estímulos a la economía real
A mediados del siglo pasado, el sociólogo Marshall definió el concepto de ciudadanía integral. Para ser ciudadano, dijo Marshall, hay que ser triplemente ciudadano: ciudadano civil (las libertades clásicas: expresión, reunión, pensamiento,…), ciudadano político (poder elegir a los representantes que solucionan los problemas comunes, públicos, y poder presentarse a unas elecciones) y ciudadano social o económico (tener unos estándares mínimos de vida y de protección por el mero hecho de ser persona. Así nació el Estado de bienestar). Europa fue la parte del mundo que más se acercó a ese concepto de ciudadanía integral, pero con la crisis se está debilitando con rapidez: se rompe el pacto social que supone el welfare y se reduce la calidad de la democracia civil y política. Esta percepción es compartida de forma progresiva por más ciudadanos, hasta tal punto de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha activado un plan para la ciudadanía común europea (empezando por el empleo, principal problema de la zona), ante la desconfianza en las instituciones que se manifiesta en primera instancia como una pérdida de confianza en lo político.
Todo ello se agudiza en España, uno de los países con más “daños colaterales humanos”. El presidente del Instituto de Empresa Familiar, José Manuel Entrecanales, decía hace unos días que la crisis ha destruido en nuestro país el 17% del tejido empresarial, que no utiliza al 27% de la población activa ni el 31% de su capacidad adquisitiva. España quizá tenga que activar antes del 31 de diciembre el resto de la póliza de crédito para ayudar a la banca en dificultades (quedan 60.000 millones de euros sin utilizar) ante los problemas financieros de un país con la tasa de paro más alta de su historia, que ve crecer los porcentajes de mora de los créditos concedidos, en donde disminuye dramáticamente la renta disponible de las familias (la célebre devaluación interna de los salarios), y cuya deuda asciende al 135% de la renta disponible bruta. El socialista Ramón Jáuregui se preguntaba el pasado sábado cuánto se tardará en reconocer que España necesita una inyección de liquidez al sistema financiero y una inyección de estímulo a su economía real. Otra vez el tiempo perdido.
