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El presidente de Pescanova vendió el 7% de la empresa a escondidas

El presidente de la firma se embolsó 31,5 millones de euros al deshacerse de acciones Confiesa que solo controla el 7,45% de la compañía que fundó su padre Asegura que la operación le provocó "importantes pérdidas" y lo hizo para aportar liquidez Nunca lo comunicó a la CNMV, que le ha abierto expediente

Cristina Delgado
Fernández de Sousa, en una pasada junta de accionistas.
Fernández de Sousa, en una pasada junta de accionistas.Lalo R. Villar

Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, no controla el 14,42% de la compañía, tal y como aseguraba hasta la mañana del lunes. Tiene solo el 7,45%. Entre diciembre y febrero el presidente e hijo del fundador de la compañía pesquera gallega fue vendiendo a escondidas paquetes de acciones. Hasta 46 veces acudió en tres meses al mercado, para deshacerse de 1,98 millones de acciones. Paró de vender justo cuando se desató el desastre, tras solicitar el preconcurso de acreedores, y los títulos de hundieron. En total, se embolsó 31,5 millones de euros a espaldas del supervisor bursátil y de los accionistas de la compañía, que ha presentado oficialmente su concurso de acreedores.

KPMG hará el examen 'forensic' de Pescanova

Pescanova ha comunicado que será KPMG quien realizará el examen profundo a sus cuentas y su funcionamiento. En el último consejo de administración, el mismo en el que se decidió que la firma presentaría el concurso de acreedores y que revocaba a BDO, su actual auditora, se votó a favor de realizar una investigación a fondo. "Pescanova ha aceptado la propuesta de KPMG para la realización de análisis forensic que se empezará a realizar a la máxima brevedad, tan pronto como los equipos de trabajo de ambas partes estén disponibles", ha comunicado hoy la compañía. KPMG es la misma firma que contrató la banca acreedora de la pesquera, cuando todavía la empresa estaba Pescanova en preconcurso.

Fernández de Sousa confesó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus andanzas. Como miembro del Consejo de Administración, debía haber comunicado cualquier operación como mucho cuatro días después de realizarla. Pero desde la primera venta, que señaló que se produjo el 4 de diciembre, han pasado cuatro meses y medio. La última operación es del 27 de febrero. Ese día las acciones que vendió, 12.000 en total, valían 16,59 euros cada una. Fue el mismo día en el que dos consejeros de la empresa se negaron a firmar las cuentas de la misma. Y en menos de 48 horas Pescanova anunció que solicitaba el preconcurso de acreedores y sus títulos se precipitaron un 60%. Sousa logró esquivarlo para casi la mitad de su participación.

El presidente no solo ha comunicado cambios en sus acciones propias. La empresa ICS Holdings, que él controla, y que oficialmente ya no posee títulos de Pescanova, registró una venta de 2009 por 46 millones de euros. La fecha coincide con el momento en el que ICS dijo haber transferido el 20% de la participación que controlaba a otra firma de Sousa.

La compañía envió un comunicado en el que justificó la operación que el presidente realizó a través de tres compañías que controla (Inverpesca y la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control): según su versión, Sousa no vendió los títulos para enriquecerse, sino para prestar dinero a la compañía. “Preocupado por la situación de tesorería del grupo y las dificultades que Pescanova tenía para financiarse, decidió poner su patrimonio a disposición de la compañía para resolver problemas urgentes de liquidez. Y, por tanto, dio instrucciones a los administradores de sus sociedades para que el dinero neto resultante de la venta se utilizara de esta manera”, señaló la empresa. Subraya la firma que el ejecutivo ha aportado a la CNMV los documentos que acreditan “la entrega a la compañía de estos préstamos a principios de febrero”, pero no dice ni cuánto dinero ha facilitado ni en qué condiciones.

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Fernández de Sousa consiguió 31,5 millones gracias a la venta de las acciones antes del preconcurso. Si las hubiera mantenido, ahora estaría atrapado con unas acciones cuyo valor puede acabar más que diluido. Aun así, Pescanova aseguró que “estas ventas generaron importantes pérdidas a Fernández de Sousa”.

La CNMV, a mediados de marzo ya señaló que había abierto una investigación a la compañía y sus administradores por un posible caso de abuso de mercado. La confesión de este lunes es la respuesta. El regulador bursátil abrirá un expediente a Sousa. Si confirmara que ha cometido una infracción muy grave de información privilegiada podría multarle, en el peor de los casos, con hasta “el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción”, así como inhabilitarle.

La confesión de Fernández de Sousa no aclara, ni mucho menos, todas las dudas que pesan sobre la empresa. Ha vencido el plazo para entregar a la CNMV también sus cuentas, que ha remitido a última hora, según fuentes cercanas a la empresa. Los documentos, sin embargo, no llevan la firma del consejo ni de los auditores, ya que los primeros no las han recibido y el segundo ha sido revocado. En dichos documentos Pescanova debía aclarar su agujero contable, tras enmascarar deuda por valor de 1.408 millones, según calculó su auditor en una revisión preliminar. Pescanova solicitó oficialmente el concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra. Tiene “la firme voluntad” de presentar “una propuesta de convenio a sus acreedores”.

La cervecera Damm, segundo mayor accionista de Pescanova (tiene el 6,18%), acusa a Fernández Sousa de actuar con información privilegiada. Subraya que el poder del presidente es desmesurado con respecto a su participación actual, ya que solo tiene el 7,45% de los títulos, pero controla cuatro asientos en un consejo de 12 miembros. Ahora, sin embargo, aunque Fernández de Sousa siga siendo el primer accionista, todo puede dar un vuelco, ya que los consejeros más críticos con su gestión, el de Damm y el del fondo Luxempart, suman entre ambos el 11,9% de las acciones.

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Sobre la firma

Cristina Delgado
Es subdirectora y se encarga de la edición digital de EL PAÍS. Antes fue redactora jefa de Economía, sección en la que se incorporó al periódico, en 2008. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, ha realizado el máster UAM-ELPAIS y posgrados de información económica y gestión.

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