Un desahucio cada 15 minutos

Un informe de los registradores revela que las entidades admitieron 11.441 daciones en pago

Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía son las regiones que registran más adjudicaciones

La proporción de extranjeros en las daciones en pago fue del 38,75%

Las entidades desahuciaron a 115 familias al día por no pagar la hipoteca

El fin de la burbuja inmobiliaria provocó, solo durante el año 2012, que la banca se quedara con 30.034 primeras viviendas por impago de los créditos, una media de 115 desahucios por día hábil o, lo que es lo mismo, uno cada 15 minutos, según un estudio del Colegio de Registradores de España dado a conocer ayer. El número de viviendas, de primera y segunda residencia, que se quedaron los bancos el año pasado, asciende a 38.778, según el mismo informe. Otro dato que muestra la crudeza de la situación es que la banca admitió 11.441 daciones en pago en primera vivienda ante la insolvencia de sus clientes. Y, por último, el informe afirma que en 2012 se iniciaron 65.778 procesos de ejecución hipotecaria.

Los expertos valoran el informe argumentando que “la fuente de los registradores es la más fiable” y comentan que los datos son más abultados de los que se presumían. “El estudio revela la enorme gravedad del problema social que existe”, apunta Julio Rodríguez, experto del sector y miembro del colectivo Economistas frente a la crisis.

El informe llega después de muchos intentos fallidos del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la banca para obtener los datos concretos de uno de los mayores dramas de la democracia: las familias desahuciadas. Hasta ahora, conocer la situación real del problema había resultado una misión casi imposible.

Los nacionales de Ecuador, Marruecos y Rumanía representan la mayoría de los casos

Esta bomba social ha caído, sobre todo, en Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía, que suman el 65% de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El estudio no revela los nombres de las entidades bancarias que han realizado los desahucios pero, casualidad o no, de las cuatro comunidades afectadas, en tres de ellas estaban radicadas las cajas nacionalizadas: Caja Madrid, Bancaja y Catalunya Caixa. Estas comunidades autónomas son las que vivieron mayor auge económico con la burbuja inmobiliaria. Ahora sufren la otra cara de la moneda.

Fuente: Registradores de España.

Respecto a las nacionalidades, los españoles están a la cabeza con el 75% de los casos iniciados o el 63% de los desahucios. Entre los extranjeros se repite la lista, por este orden: ecuatorianos, marroquíes, británicos, rumanos y colombianos.

Los procedimientos de ejecución ascendieron a 65.778, de los que el 75% fueron primera vivienda

El Colegio de Registradores, que inició la encuesta a propuesta de la Vocalía de Relaciones Institucionales en febrero pasado, afirma que “el objetivo del estudio es aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social planteado en estos momentos en nuestro país sobre los lanzamientos de viviendas como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias y su repercusión social”.

El Colegio de Registradores consultó a todas sus oficinas, obteniendo respuesta de 934, lo que representa el 85% del total. Dado que no todas las oficinas respondieron al cuestionario, es de suponer que la cifra definitiva de los desahucios será ligeramente mayor. No obstante, es posible que en parte de los 30.044 desahucios realizados, la familia afectada haya continuado en su domicilio pero con un alquiler social. Es una fórmula que utilizan los bancos para obtener algunos ingresos y evitar poner a la venta pisos cuyo precio ha caído en picado.

En 2012 se concedieron 275.000 créditos, frente a los 871.366 de media en los diez últimos años

Uno de los mayores valores que tiene el estudio del Colegio de Registradores es que ha excluido los garajes, trasteros, oficinas, naves y locales comerciales. También ha dejado fuera todos los casos en los que el titular de la finca es una persona jurídica, es decir, una empresa. Este dato es muy importante porque los bancos han utilizado en muchas ocasiones la dación en pago para las promotoras inmobiliarias, por lo que el dato podía haber resultado adulterado.

El 77% de media de los casos afectó a primera vivienda. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, dice la nota de los registradores.

Estas cifras contrastan con las del Consejo General del Poder Judicial que, sin desglosar las, publicó que en 2012 se habían realizado 91.622 ejecuciones hipotecarias, que son las tramitadas por los juzgados de primera instancia en las que se ha exigido en pago de deudas garantizadas por propiedades hipotecarias. De todas ellas, 70.257 acabaron en los juzgados como lanzamientos, que son los cambios en la propiedad de un inmueble, ya sea rústico o urbano, de empresas o de particulares. No obstante, los menos precisos fueron los bancos, cuyas patronales dijeron al Gobierno que el número de desalojos de primera vivienda oscilaba entre 4.000 y 15.000 en los últimos cuatro años.

El capítulo de las daciones es revelador. Tanto Julio Rodríguez como Fernando Encinar, director del servicio de estudios de El Idealista, coinciden en que es una cifra muy elevada y se lo explican por el interés de las entidades por retener el piso como único valor ante la desesperada situación del cliente.

Fuentes del mercado explican que, en ocasiones, alguna de las antiguas cajas más grandes, ahora nacionalizadas, financiaban el viaje en avión a ecuatorianos que se habían marchado de España para que así firmaran la dación en pago y regresaban horas después. De esta forma, se ahorraban los casi dos años de proceso judicial.

A las entidades financieras no les gusta admitir que utilizan la dación en pago porque creen que eso incentiva la cultura del impago. Los bancos siempre recuerdan que “el problema de los desahucios es grave, pero la morosidad solo afecta al 4% de los créditos. El 96% restante paga puntualmente”.

En la tramitación de la reforma de la ley hipotecaria, el sector financiero se ha opuesto radicalmente a que se establezca la dación en pago como medio para saldar la deuda por creer que “pondría en peligro los miles de millones emitidos en cédulas hipotecarias, ya que perderían la principal garantía de esos activos”.

Sin embargo, la dación en pago esta es la principal reivindicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presentó un millón y medio de firmas para cambiar la legislación. En las daciones, los extranjeros suponen el mayor porcentaje, el 38,75% sobre el total.

Fernando Encinar señala que esta situación refleja “que los bancos no hicieron bien su trabajo al medir el riesgo. Utilizaron las hipotecas como un producto financiero más, igual que las acciones, pero se puede perder la inversión en Bolsa y no pasa nada, pero si se pierde la vivienda, la situación es un drama”.

Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, firma especializada en servicios de asesoramiento inmobiliario, augura que durante los próximos años “la situación será peor porque estos datos reflejan lo ocurrido en 2010, pero desde entonces, el paro no ha hecho más que subir. Si se hiciera una relación entre la curva de paro y la de desahucios, se vería el paralelismo. Este estudio refleja los que tiraron la toalla hace dos años”.

Julio Rodríguez también espera un empeoramiento de la situación. “En el mejor caso, el año 2013 será similar. El único efecto que se puede ver es si los bancos redujeron los desahucios para evitar el problema social que suponía. De todas formas, el informe es un reflejo del grave problema que se vive en España y que ya ha llegado a la clase media porque el paro también le está afectando”.

Por el contrario, Encinar destaca que, sin restar dramatismo, “no se debe caer en la alarma general. La mayoría de las familias de este país no van a perder su vivienda. De las 800.000 hipotecas que se concedían en los años de la burbuja inmobiliaria, están teniendo problemas unos 65.778, el 8%”, concluye. Los expertos también recalcan que la situación es un reto para el Gobierno, que ahora está legislando sobre este asunto, con gran oposición social.