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ANÁLISIS

El rescate a Chipre: una visión pragmática

Parece razonable que los países aportantes limiten su aportación a 10.000 millones

El espectáculo que desde el viernes tarde hasta la fecha nos han regalado los diferentes intervinientes (Comisión, Eurogrupo, FMI, Gobierno Chipriota) en el rescate bancario de Chipre, pone de manifiesto una vez más la improvisación y la torpeza, tanto en la ejecución como en la comunicación, en la toma de decisiones. Pero una vez hecha la crítica de rigor a las formas, cabe concluir que el fondo de lo acordado tiene dosis de racionalidad.

Más allá de la nocturnidad, y la incertidumbre asociada a varios días con los bancos cerrados, lo que da lugar a interpretaciones de “corralito”, el gran problema no es que el impuesto vaya a gravar a los depósitos bancarios, sino que no lo haga a todo tipo de instrumentos financieros, incluyendo bonos bancarios y deuda pública. Si gravase a todos ellos no habría problema en asumir la aparición de un nuevo impuesto, de una sola vez (la credibilidad de esto no es ni mayor, ni menor, que la de la transitoriedad de elevaciones en el impuesto sobre la renta!), como algo natural. Y también parece razonable que los países europeos aportantes de fondos de rescate limiten su aportación a 10.000 millones y no acepten una cifra solicitada, 17.000 millones, que representa el 100% del PIB chipriota, es decir casi el doble de lo puesto en el caso griego, tres veces lo puesto en los casos de Portugal o Irlanda, o veinte veces lo aportado en el caso español. La diferencia entre lo solicitado y lo aprobado se exige que salga, por un lado, de un aumento impositivo sobre sociedades (del 10% al 12,5%), donde probablemente se debía haber sido más agresivo; y por otro de la mencionada imposición especial a los depósitos bancarios, y es aquí donde creemos que se debería haber extendido a todo tipo de activos financieros. Y dentro de ellos, con mayor progresividad en función del tamaño unitario, o del tipo de instrumento.

La incertidumbre asociada a días con los bancos cerrados, lo que da lugar a interpretaciones de “corralito” es que el impuesto no grave instrumentos financieros como bonos bancarios y deuda pública

Si ese hubiera sido el esquema aprobado, no habría ningún problema en que el impuesto afectase también a los depósitos inferiores a 100.000 euros, con una tasa menor de gravamen. Ni se incumpliría ningún compromiso de garantía de los depósitos ni, desde luego, cabría temer efectos de contagio sobre otros países, como España o Italia, bajo el argumento de “las barbas del vecino”. Entre otras cosas, porque los vecinos no llevaban las barbas tan largas, y además ya les han sido afeitadas por otras vías. Así, en el caso español, en las entidades nacionalizadas los accionistas lo han perdido todo, y los preferentistas han perdido entre 40% y 60%; y en las entidades sanas, sus accionistas han perdido en media más del 50% de su valor.

Es cierto que aquí los depositantes no han perdido nada de forma explícita, pero sí en términos de coste de oportunidad. De forma ininterrumpida durante los últimos cuatro años los depositantes españoles han estado percibiendo por sus depósitos una retribución media que es inferior, entre 1,5% y 2% anual, a la que han venido percibiendo los depositantes chipriotas, de tal manera que el gravamen especial que ahora se pretende imponer a estos, ni siquiera les elimina por completo el exceso de retribución que han obtenido frente a los depositantes españoles.

Es fácil argumentar que, con una Unión Bancaria plenamente efectiva, no existiría la actual fragmentación bancaria entre países, y se evitaría ese círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos que tanto daño viene haciendo, y que una vez más está en el corazón de los esquemas impuestos por la CE en los rescates, como ocurrió en el español. Pero no olvidemos que, cuando esa Unión Bancaria sea una realidad, no será posible que un depositante chipriota obtenga por sus depósitos casi el doble de retribución que un español, como tampoco será posible que un depositante español obtenga el doble que uno alemán.

Ángel Berges es socio de AFI-Escuela de Finanzas y Catedrático de la UAM.