El TC reserva al Estado la competencia sobre los sondeos petrolíferos en el mar
La competencia para autorizar prospecciones o explotaciones petrolíferas submarinas en las aguas bajo jurisdicción española corresponde en exclusiva al Estado y no a las autonomías, cuyo territorio no incluye, de ningún modo, el subsuelo marino, según el Tribunal Constitucional.
El TC ha establecido este criterio al desestimar el recurso interpuesto hace cinco años por el Gobierno canario contra un artículo la Ley del Sector de los Hidrocarburos de 2007, que reservaba al Estado la competencia de autorizar actividades de investigación o explotación petrolífera en el subsuelo marino.
El Gobierno de Canarias sostenía, por el contrario, que esa competencia le correspondía a la comunidad autónoma, por entender que el territorio de un archipiélago incluye tanto a las islas que lo componen como al mar que las circunda y comunica.
El Ejecutivo de Paulino Rivero invocaba en su favor el concepto de archipiélago contenido en la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas y recordaba que, desde 1996, el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que el ámbito geográfico de competencia de la comunidad autónoma es "el archipiélago" y no los "territorios insulares", como decía su redacción anterior.
En una sentencia fechada el pasado 17 de enero y hecha pública hoy, el Constitucional le responde que esa definición de la Convención sobre el Derecho del Mar solo es aplicable a los "estados archipielágicos", porque en el ordenamiento jurídico español "el mar no forma parte del territorio de las comunidades autónomas".
Aunque este pleito se remonta a hace cinco años, el fallo del TC llega en plena batalla política, y jurídica, entre el Gobierno central, Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura por las prospecciones petrolíferas que se ha autorizado a Repsol en aguas situadas entre el archipiélago y Marruecos.
El Gobierno canario y los cabildos de ambas islas se oponen a que se lleven a cabo actividades petrolíferas en esa franja del Atlántico, porque entienden que ponen en riesgo el patrimonio natural del archipiélago, su industria turística y el abastecimiento de agua a la población (dependiente de las desaladoras).
Las instituciones insulares han intentado, hasta la fecha sin éxito, que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente esos permisos e incluso han presentado quejas ante la Unión Europea y la ONU.
El Constitucional dictamina que, como decía la Ley de Hidrocarburos, la competencia para autorizar permisos como el concedido a Repsol es del Estado, porque ni el mar ni el subsuelo marino "forman parte del territorio de las comunidades autónomas".
El Tribunal abunda sobre el caso particular de Canarias que su territorio "está integrado por los territorios insulares a los que expresamente se refiere el artículo 143 de la Constitución Española; esto es, las siete islas que en él se relacionan y se extiende a la zona marítimo terrestre que forma parte del mismo".
Las comunidades, añade la sentencia, "solo excepcionalmente pueden llegar a ejercer competencias sobre el mar territorial, siempre y cuando exista un explícito reconocimiento estatutario" o se trate de materias cuya atribución a las autoridades autonómicas ya haya sido ratificada por la jurisprudencia constitucional, como la acuicultura, la ordenación del sector pesquero o el marisqueo.
El contenido de esta sentencia ya había sido avanzado esta mañana en el pleno del Parlamento autonómico por la diputada del PP por Fuerteventura Águeda Montelongo, quien considera que este fallo "es un nuevo varapalo, y ya van tres, al Gobierno de Canarias en su cruzada política en contra de unas prospecciones petrolíferas que pueden traer muchos beneficios para los canarios".
Montelongo ha exigido, además, al Ejecutivo canario que "deje de mentir" sobre este asunto y de "hacer un ridículo internacional", con iniciativas como la queja escrita que envió a la ONU.
