REPORTAJE

Navarra se tambalea sin su Caja

La absorción de Banca Cívica por Caixabank causa una crisis política regional y desata una cascada de denuncias por mala gestión y sobresueldos de sus máximos responsables

Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, anunció en diciembre que se personaban como acusación popular en la denuncia contra Santiago Cervera.

Caja de Navarra, año 2009: 1.250 millones de valor patrimonial. Caja de Navarra (en Banca Cívica), año 2012: 280 millones. ¿Por qué semejante pérdida? Es la pregunta más repetida en la comunidad (643.713 habitantes, 17,15% de paro y una renta per capita de 30.068 euros), que asiste irritada a la pérdida de su entidad de ahorros —un símbolo histórico del territorio— en medio de una catarata de denuncias por gastos e inversiones cuestionables y de una inestabilidad política de imprevisibles consecuencias.

“Es un caso de instrumentalización política. La gestión se justifica por los resultados y Caja de Navarra ha quedado bien posicionada”, en referencia a la actual participación del 1,28% en Caixabank, “tras haber sabido capear el temporal de la crisis y de las fusiones”. Lo dice José Antonio Asiáin, último presidente de la entidad, vicepresidente en el Gobierno de Urralburu en 1984 y víctima de un intento de soborno por el que está imputado el exdiputado del PP Santiago Cervera. Asiáin, abogado habitual de Caja de Navarra (CAN) hasta ser elegido presidente, alude indirectamente a Kontuz (Cuidado), una asociación de contribuyentes, consumidores y usuarios de Navarra que nació como acusación particular del caso Urralburu—este presidente socialista dimitió tras ser condenado por corrupción— y que ahora es el azote de la gestión de la caja.

Kontuz, ligado a una sensibilidad de izquierdas y abertzale, ha demandado a Miguel Sanz (presidente del Gobierno navarro entre 1996 y 2011) y a Enrique Goñi (director general de la CAN de 2002 a 2012) por una presunta comisión de delitos societarios y de prevaricación por ocultación, y la decana de Pamplona, Mari Paz Benito, lo ha aceptado; a su vez, ha denunciado ante la Fiscalía de Navarra a Yolanda Barcina, actual presidenta del Gobierno foral, por un presunto delito de información privilegiada para aprovechamiento personal. Barcina participó con 50.000 euros en una sociedad creada por la CAN para comprar parte de su red de oficinas que luego se arrendaban a esa misma entidad. “Me lo recomendó mi asesor; claro que me arrepiento, y además he perdido dinero”, admite la presidenta.

Kontuz ya forzó la dimisión el pasado mes de octubre de Jesús Pejenaute como consejero de Políticas Sociales al ser denunciado por haber ordenado en 2007, cuando era director del área comercial de Caja de Navarra, el blanqueo de hasta 180.000 euros en una sola semana en billetes de 500 tras una venta inmobiliaria. Barcina asegura que “tomó precauciones y que no le hubiera nombrado si hubiera hecho una declaración de la renta complementaria. “Actúan con total impunidad”, dice el portavoz de Kontuz, Patxi Zamora, que dimitió de concejal tras ser elegido por ANV en el Ayuntamiento de Zizur (Navarra). Este colectivo rastrea la evolución de Caja de Navarra y su tránsito por Banca Cívica, marca que dio nombre en 2009 a la fusión ideada por Goñi y a la que se fueron incorporando Caja Canarias, Caja de Burgos y Cajasol. En su labor de investigación encuentra frecuentes fuentes de información entre los 600 despedidos, los 200 trabajadores de la CAN desplazados a Cataluña y los gestores de la entidad que Goñi (Pamplona, 1961) destituyó en 2002.

Miguel Sanz.

“No tengo ninguna preocupación. Lo que he ganado ha sido por mi trabajo. Hice la fusión de la Caja con la Municipal y la Provincial, estamos ahora en una gran entidad, las preferentes se han capitalizado sin problema y la obra social es la más alta de España por habitante. El problema de conciencia es de otros que iban a la comisión, miraban y cobraban la dieta”, asegura Sanz. Para el expresidente, a quien también ha denunciado UPyD, “en la calle no hay protestas por la Caja y lo que influye es el malestar por la situación de crisis y el desempleo”. Kontzu convocó ayer una manifestación en Pamplona “para conocer qué ha pasado en Caja de Navarra, caiga quien caiga”.

Enrique Goñi.

Miguel Sanz es uno de los cuatro políticos, todos vinculados a Unión del Pueblo Navarro (UPN), que cobraban doble dieta por su representatividad en los órganos de la CAN, ya que componían la desconocida Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, que no tiene cobertura estatutaria. Junto a él, Yolanda Barcina; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el consejero de Economía, Álvaro Miranda. Sanz, con un sueldo anual como presidente de Navarra de 69.354 euros, llegó a percibir en el mismo periodo 90.000 en dietas de la CAN, mientras Barcina reconoció que el 55% de sus 143.000 euros anuales procedía también de estos complementos.

“Son dietas normales, que se correspondían con las del sector”, se defiende Enrique Goñi, que rebaja a “un máximo de 60.000 euros” el pago anual a Sanz, su descubridor en 2002 y con quien ahora comparte consejo en Bodegas Sarria. Barcina admite que le “parecen altas, pero siempre nos dijeron que estaban en consonancia con lo que se pagaba en el resto”.

Este nivel de dietas permite a los críticos con la gestión de Goñi entender “el silencio de UPN y el PSE”. Para Cervera, látigo del proceso de disolución de la CAN hasta verse envuelto en su kafkiana detención, “Goñi ha engrasado voluntades, llevando al consejo a la patronal, a una empresa de información, a políticos, y así tenía contentos a todos, pero ahora se cae el tótem”, dice este exdiputado, refugiado en Pamplona para preparar su defensa y reacio a hablar con los medios hasta que el juez Fermín Otamendi resuelva sobre su imputación.

Solo ahora, convertida la CAN desde el pasado 3 de enero en una fundación y rodeados de la creciente indignación social —hasta el presidente del Parlamento, Alberto Catalán, de UPN, admite que es “el monotema” en la calle—, Barcina y Sanz asumen críticamente algunas decisiones anteriores y, entre ellas, que “quizá no fue una buena idea abrir una oficina en Washington”.

En junio de 2010, Goñi habilita sin licencia bancaria una oficina de Banca Cívica, de 800 metros cuadrados, muy cerca de la Casa Blanca y del Banco Mundial, que inauguraron los duques de Palma. El objetivo: abrirse a un mercado potencial de 300.000 clientes por la vertiente social del proyecto. Fracaso rotundo. La autoridad bancaria estadounidense exigió incluso que se retirase la rotulación exterior de la oficina. “¿Por qué no íbamos a ir a Estados Unidos si en Miami operaban en ese momento 13 entidades?”, se pregunta Goñi. Caixabank trata de zanjar este alquiler, que suponía “480.000 euros al año, y no 3,2 millones como se ha dicho”, precisa este directivo, ahora responsable de la gestión de las participaciones industriales de la sociedad de inversiones Criteria.

La entidad perdió 1.000 millones de valor patrimonial en tres años, con un consejo copado por políticos de UPN

Pese a todo, nadie criticó la aventura americana. Ni siquiera la frenética política de expansión. En Bilbao, la CAN pagó seis millones por un céntrico edificio para pelear en un mercado dominado por BBK. “Es más rentable la propiedad amortizándola en 50 años que el pago del alquiler”, apunta Goñi. A su vez, Caja de Navarra pasó de 240 oficinas en 2003 a 340 en 2007 y 510 en 2010, ya como Banca Cívica. Su responsable zanja el debate: “En 2002 teníamos una cuota del 1,5%, y en 2009, el 1,39%”.

La unanimidad era permanente en un consejo de sesgo institucional hasta 2009 y luego ya despolitizado. Ni siquiera la señal de alarma que emitía el suspenso de Banca Cívica en el primer test de estrés de 2010 provocó fisuras. Barcina reconoce que le sorprendió, pero “nos justificaron los motivos”, aunque ya entonces las pérdidas (1.600 millones) eran significativas. “Pero el segundo test se aprobó porque cambiaron las exigencias”, justifica Asiáin para apoyar la línea estratégica de Goñi, que, apurado, buscaba alternativas. Y recurrió en julio de 2011 a la Bolsa, siguiendo los pasos de Bankia. “Nadie se imaginaba que la economía iba a hundirse unos meses después de nuestra salida a Bolsa”, dice este directivo navarro (Pamplona, 1961), licenciado en Derecho.

La experiencia bursátil fue desoladora. Ningún valor ha durado menos en el parqué que Banca Cívica: ocho meses y cinco días. Su impulsor, en cambio, sigue convencido de que “la salida” fue un éxito. La realidad, sin embargo, descubre una pérdida del 27% en el valor de las acciones de una operación estimada en 979 millones. Pero Goñi no fue cuestionado. Unido el consejo ante la adversidad, nadie preguntó por qué los fondos americanos JC Flowers habían rechazado la oferta de hacerse con un 20% de Banca Cívica mediante el método de la venta de deuda convertible en acciones.

“Sanz se creyó el sueño americano de Goñi”, sostiene Manu Aierdi, economista y presidente del PNV en Navarra. “Quizá sea un navarro distinto, que creo en el ciudadano y he visto al final que esto no es posible”, reflexiona el exdirector general de la CAN, aturdido por el vendaval de críticas de las que tratará de defenderse en una próxima comparecencia voluntaria en el Parlamento foral, a la que acudirá acompañado por siete miembros de su anterior consejo.

Miguel Sanz cobraba más en dietas como consejero de la caja que como presidente de la comunidad foral

Entre los socialistas, Juan José Lizarbe, dirigente histórico, descarta la “connivencia”, a pesar de que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, admitió unos ingresos de 40.000 euros en dietas. Lizarbe reduce toda la crítica a una “duda”: “Si se acertó con los socios elegidos para Banca Cívica o si hubiera sido mejor ir con las cajas vascas o con Ibercaja”. Lizarbe, en realidad, pretende saber si existieron “motivos políticos para no hablar con las cajas de Euskadi”, habida cuenta de la aversión de Miguel Sanz hacia “el tema vasco”. “En el momento en que se planteó era imposible porque no había fusión en las cajas vascas”, dice Asiáin. Goñi lo corrobora: “No te puedes fusionar con algo que no existe”.

A su vez, entre las diferentes voces consultadas nadie apuesta por la vida en solitario de la CAN, inviable ante las exigencias regulatorias. Un informe de Analistas Financieros Internacionales lo dejó bien claro en 2009: “En su situación necesitaría de la aportación de 800 millones por parte de un socio”. Pero antes de llegar a esto, Lorenzo Riezu, director de la entidad a quien sustituyó Goñi, ya había mandado un informe a diversas personalidades de Navarra, en el que advertía del camino equivocado.

Así las cosas, hay quienes identifican “la caída del régimen” al desmoronarse el poder político, mediático y económico tejido en torno a Caja de Navarra. Sanz, en el centro de todas las miradas junto a Barcina y Goñi, lo asocia a una doble intencionalidad política en medio de un clima de corrupción política y de crisis económica. De un lado, entiende que la tormentosa ruptura UPN-PP alentó las incisivas críticas de un amplio sector de la derecha tradicional que añora la pérdida de un emblema tan navarro como la CAN. En el otro extremo sitúa la “hábil” irrupción de la izquierda abertzale en un debate que debilita la opción del poder conservador que representa UPN en minoría. Y por el medio, los tribunales.

Entre UPN y mayoría vasca, el PSN decide

El estallido del caso Caja Navarra no es ajeno a la inestabilidad política derivada de un Gobierno foral de UPN en minoría, que ve rotos los puentes de su entendimiento con la oposición, y de manera especial con su exsocio el PSN, desde que Yolanda Barcina, temerosa de que la izquierda abertzale sumara dos diputados en las últimas elecciones generales, forzó un pacto con el PP que no le salió bien.

Por si fuera poco, UPN asiste, ante su congreso del próximo 17 de marzo, a un elocuente pulso por su control político entre la sensibilidad de Barcina, proclive al entendimiento con el PP, y de Alberto Catalán, presidente del Parlamento navarro y defensor a ultranza del acuerdo con los socialistas, en línea con Miguel Sanz, su adalid. En el medio, un Gobierno prisionero de la oposición, que recientemente le ha devuelto su plan de salud de reforma de la atención continuada como mensaje claro de las diferencias que les separan y de la apelación al diálogo.

Catalán, preocupado por la inestabilidad, solo ve una salida para Navarra: el pacto entre UPN y PSN, dos partidos “condenados a entenderse”, dice. “Si pierde UPN, gana el nacionalismo, que, a diferencia de otros sitios, aquí busca la desaparición de Navarra. Si gana UPN, España se queda con Navarra y la Constitución”, advierte tras reconocer la fragmentación del Parlamento en seis partidos, aunque con tendencia a compactarse sobre todo tras la legalización de Bildu y la incorporación de Aralar al bloque de Amaiur.

Precisamente, el hipotético entendimiento a medio plazo entre las fuerzas nacionalistas causa pavor en las previsiones de UPN y PP, sobre todo en un escenario sin ETA. Manu Aierdi (PNV) ve posible “con tiempo” tejer este acuerdo abertzalecomo una alternativa de gobierno. De momento es inviable y, de paso, frustra la amenaza de una moción de censura.

Definidos así los dos grandes bloques, todas las miradas se dirigen hacia la postura que adopten los socialistas, que aún digieren su precipitada expulsión del Gobierno de Barcina mientras están convencidos de que “toda solución que se quiera buscar pasa por el PSN”, recuerda Lizarbe.

Con nueve de 50 parlamentarios, el PSN busca su recuperación entre las dudas del resto de la Cámara. Lizarbe ve posible situar a su partido como una alternativa a UPN, aunque reconoce: “El ciudadano no entendió debidamente nuestra entrada en el Gobierno y nos penalizó también por el recuerdo de Zapatero”. Para resurgir, ensalza “el trabajo con propuestas concretas que estamos haciendo en el Parlamento”. Los socialistas, sin discurso propio ante el debate de Caja Navarra, sienten sobre sus espaldas el desgaste que les ha supuesto compartir cuatro legislaturas de acuerdos con UPN, a quienes, no obstante, sitúan como “sus rivales” junto al PP.

Con todo, conscientes de su capacidad de influencia, pero también de la nueva situación que se vive, no cierran ninguna alternativa. Por eso, Lizarbe niega que en el PSN exista un veto a entenderse con el nacionalismo, como parecía admitirse durante décadas. “Estamos en un momento donde se puede mantener un diálogo político normal”, en alusión directa a la ausencia del terrorismo y la legalización de la izquierda abertzale.

Barcina sabe que lucha contra la adversidad: “Hemos tenido que hacer recortes quitando el exceso de cargos de confianza que había cuando llegué; poniendo el mismo sueldo a los consejeros, que antes no cobraban todos igual; eliminando las dietas de las sociedades públicas... y este año vamos a cumplir el déficit”. Y todo ello con un Gobierno en minoría tras expulsar al PSN, crítico con los recortes y herido por el desprecio que le supuso el último pacto electoral UPN-PP. La presidenta no ve otra salida que el acuerdo con los socialistas, pero descarta anticipar las elecciones. “No solucionarían nada”, admite, al igual que Catalán, quien recuerda las “escasas oscilaciones de votos que se vienen produciendo”.

En UPN no se olvidan del agostazo, apelación concedida en Navarra a la decisión de José Blanco de vetar a última hora en 2007 el acuerdo alcanzado entre PSN y Nafarroa Bai (nacionalistas sin Bildu) que convertía al socialista Fernando Puras en nuevo presidente. Miguel Sanz alertó al entonces poderoso número dos del PSOE de su connivencia con los abertzales. El PNV sostiene hoy que el PSN “no volverá a tener otra ocasión igual para gobernar”.

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