Las reformas se atascan en las tuberías del poder

Una veintena de leyes y medidas anunciadas están encalladas en el Congreso o esperan en el cajón

Guindos (izquierda) presenta el programa de reformas en septiembre junto a Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. / Bernardo Pérez

“Cada viernes reformas; y el que viene, también”. Fue la frase que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzó a principios de la legislatura para acallar a un grupo de ciudadanos que protestaba por los recortes. La Moncloa convirtió estas palabras en una especie de eslogan y miembros del Ejecutivo y del PP acostumbran a repetirla siempre que encuentran ocasión. No obstante, el Gobierno no está aprobando las reformas estructurales que exige Bruselas al ritmo previsto. Aunque más de medio centenar de cambios ya tenían que ser una realidad, una veintena siguen atascados. Parte de esas reformas han encallado en la burocracia parlamentaria. Otras, siguen simplemente en el cajón. En total, casi un 40% de las medidas que el Gobierno había planeado sacar adelante en el último trimestre del año pasado aún no han visto la luz.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó a finales de septiembre un programa de reformas estructurales que incluía 71 medidas que se concretarán en 43 leyes. El programa contaba con un detallado calendario de aprobación que calmaba las exigencias de la Comisión Europea ante el retraso de las reformas en España. De las 71 iniciativas de esta batería, 51 tenían que haberse aprobado y puesto en marcha en el cuarto trimestre de 2012, según figura en el documento elaborado por el Gobierno. El resto, otras 20 medidas, se aplicarán entre enero y marzo de 2013, aunque en algunos casos, como el de la reestructuración del sistema financiero o la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, se esperaba que los cambios se prolongarían todo el semestre o incluso algo más, según figura en la estrategia oficial.

Casi un 40% de las medidas que presentó Guindos lleva retraso

Bruselas planteó a principios de julio ocho recomendaciones —de obligado cumplimiento— que contemplaban importantes reformas en las cuentas públicas, pensiones, en el sistema financiero y el mercado laboral entre otras. Eran similares a las que ya había exigido a España por incumplir reiteradamente la meta de déficit público. De ahí que la Estrategia española de política económica presentada por Guindos en septiembre buscara satisfacer esas demandas al comprometer la aprobación de las medidas entre el último trimestre de 2012 y el primero de 2013.

El Gobierno logró aprobar muy deprisa un buen número de las medidas, ya que cuando Guindos presentó su plan, muchas de las decisiones ya estaban incluidas en el proyecto de Presupuestos para 2013, como los cambios fiscales en el IRPF (supresión de la deducción por vivienda, premios de Loterías...) o en sociedades (limitación de la libertad de amortización). Pero otros compromisos, pese a estar en ese plan, siguen sin ser una realidad. De entre el 40% de las medidas que llevan retraso, varias están atascadas en el Congreso por el trámite parlamentario. Así ocurre con la Ley de Transparencia, la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la reforma de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres o la ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, entre otras.

La sostenibilidad de las pensiones o los cambios en las mutuas, en el aire

Además, más de una docena de las reformas que tenían que estar aprobadas antes de diciembre de 2012 se han quedado en el cajón. Es el caso de la regulación del factor de sostenibilidad de las pensiones, de la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo, la reforma e impulso de las Cámaras de Comercio, la ley de supervisión de los seguros privados para adaptarla a la normativa europea, reforma de la Ley Electoral, la Ley de Parques Nacionales o la revisión de la normativa sobre montes y sobre patrimonio natural entre otras.

Así están las principales reformas comprometidas por el Gobierno:

» Reforma del sector público. Es uno de los retrasos más llamativos, por la ambición con la que lo presentó el Ejecutivo, es la reforma de la Administración pública, con la que el Gobierno pretende reducir duplicidades. Este capítulo incluía varias medidas y ninguna ha visto aún la luz. “En la Administración municipal, antes de que termine este año (2012) se aprobará la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Municipal. Los ahorros que ha estimado Hacienda son de 3.500 millones”, dijo Guindos cuando presentó el plan estratégico de reformas el pasado septiembre. Ahora Hacienda asegura que el Gobierno aprobará este proyecto antes de que concluya enero.

El Ministerio de Hacienda lleva tiempo negociando con los principales partidos (PP y PSOE) y con la federación de municipios la reforma de la Administración local. El objetivo del Gobierno consiste en reducir el número de concejales, eliminar duplicidades y redefinir por ley las competencias exclusivas de los Ayuntamientos. Fijar la calidad de los servicios municipales y, en caso de que los pequeños municipios no puedan prestarlos, obligar a la Administración inmediatamente superior a hacerse cargo de ellos. También se pretende dotar de mayor independencia a los interventores municipales, que pasarán a depender de Hacienda. Aunque hay avances importantes, lo cierto es que aún no se ha presentado el anteproyecto de ley. En este capítulo estaba previsto que se aprobara, junto a los Presupuestos de 2013, la homologación del sueldo de los alcaldes mediante un baremo. Pero la decisión se ha pospuesto hasta aprobar la reforma de la Administración local.

Aunque el Ministerio de Hacienda anunció hace cuatro meses que comenzaría a publicar las cuentas públicas de las comunidades autónomas con carácter mensual, el último dato disponible es de septiembre.

El supervisor único o la Ley de Transparencia están estancadas

» Reforma de las pensiones. Es una de las medidas sobre la que más insiste Bruselas. Pero la regulación del factor de sostenibilidad (la fórmula que se empleará para el cálculo de las pensiones) se tenía que haber presentado antes de diciembre en el Pacto de Toledo. Es una de las claves de la reforma de las pensiones —y la más polémica— porque el Ejecutivo deberá restringir las cuantías para garantizar su viabilidad. De momento, lo que el ministerio de Fátima Báñez ya ha aprobado son normas para hacer efectiva la edad de jubilación y para ello ha regulado la jubilación anticipada y la parcial. Pero otro de los puntos que acumulan retrasos es la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo, aunque desde el ministerio dicen que se aprobará a lo largo de este año.

» Mercado de trabajo. El Ministerio de Empleo lleva retraso con la estrategia de empleo y emprendimiento joven. Se trata de una medida que puede ser polémica y los responsables del departamento actúan con cautela antes de aprobarla. También se aplazó la reforma del calendario laboral. El ministerio que dirige Fátima Báñez sí ha impulsado medidas para reforzar la formación profesional y para la colaboración público-privada en la intermediación con los servicios públicos de empleo. En este ámbito se están cerrando convenios con las comunidades autónomas, según fuentes del Ministerio de Empleo.

» Reforma del sistema financiero. Uno de los grandes dolores de cabeza del Ejecutivo en lo que lleva de mandato ha sido la reordenación del sector financiero. A finales del año pasado puso en marcha a tiempo la sociedad de gestión de activos (Sareb), conocida como banco malo, y recapitalizó las entidades con problemas como estaba previsto en el plan estratégico. Pero pese a que el Ministerio de Economía se había comprometido a aprobar la reforma de las leyes de instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo, la reforma de la Ley del Mercado de Valores, así como la revisión de la legislación sobre intermediarios financieros y supervisión de conglomerados antes de 2013, la realidad es que las ha dejado en el cajón. El departamento que dirige Luis de Guindos ha estado ocupado con los problemas de las cajas y la reestructuración del sector, por lo que ha retrasado las otras normas, que debe aprobar en los próximos meses para incorporar directivas europeas.

» Mejora de la gobernanza económica. Otra de las medidas más importantes de este capítulo, la Ley de Transparencia, está encallada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo presentó el proyecto de ley en agosto del año pasado y ha registrado hasta 14 ampliaciones del plazo de enmiendas. El último cambio fija el límite para presentar modificaciones a la ley en el mes de febrero.

Algunos proyectos verán la luz en semanas, según el Ejecutivo

» Reforma del marco regulatorio. El Gobierno debería haber aprobado antes de enero el programa de unidad de mercado, que contiene una ley para asegurar la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional y reforzar la cooperación entre Administraciones. El Gobierno asegura que está lista, pero sigue acumulando retraso. Además, la nueva Comisión Nacional de los Mercados y Competencia debería haber estado preparada antes de 2013. Después del verano el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto para centralizar todos los supervisores de mercados (telecomunicaciones, energía, competencia...) en uno solo. Desde entonces, el proyecto también está atascado en el Congreso.

» Garantía de los servicios públicos: sanidad y educación. El Ministerio de Sanidad se comprometió a reformar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios antes de que terminara 2012. El Gobierno presentó el anteproyecto en octubre, pero aún no ha llegado al Parlamento. Además, el plan estratégico señala que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que buscaba reducir el abandono escolar y fomentar la evaluación de los centros escolares entre otras medidas, tenía que estar presentada antes de 2013. “El texto está cerrado”, precisan en el Ministerio de Educación, Pero aún no está aprobado. El documento normativo está en debate en la conferencia sectorial de educación para analizar la memoria económica. En Educación aseguran que estará listo en el primer semestre de 2013.

» Liberalización de las telecomunicaciones. El Consejo de Ministros aprobó el último viernes de 2012 el anteproyecto de la nueva Ley de General de Telecomunicaciones. Pero la ley tenía que haber estado lista a finales de ese año. El documento presentado por el ministro Soria debe pasar por el Consejo de Estado y debatirse para incorporar los cambios oportunos y volver a aprobar el proyecto de ley. Esta reforma simplifica los trámites para que los operadores inviertan en nuevas redes.

» Otras reformas en el aire. Hay más cambios en el cajón. Como las actuaciones de ordenación en el caladero nacional, la Ley de Parques Nacionales, la revisión de la normativa sobre montes y patrimonio natural, la aprobación de una nueva Ley del Registro Civil o la presentación de una nueva ley de jurisdicción voluntaria.

Lo que viene a principios de 2013

J. S. G., Madrid

En el ambicioso plan estatal de reformas que presentó el ministro de Economía, Luis de Guindos, había muchas medidas previstas para ser implantadas hasta marzo de 2013. Si el Gobierno cumple con el calendario previsto, además de aprobar las reformas que llevan retraso y que recibirán el visto bueno en las próximas semanas, como la reforma de la Administración o la Ley de Unidad de Mercado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que aprobar las siguientes novedades:

  • Autoridad Fiscal Independiente. Es una de las principales exigencias de Bruselas para controlar mejor el cumplimiento de los objetivos de estabilidad (déficit y deuda) y detectar de forma temprana las posibles desviaciones.
  • Ley de Emprendedores. Es una de las reformas más prometedoras de la legislatura. Contará con más de una docena de actuaciones específicas para fomentar la creación de pymes y reducir la aversión a emprender por miedo al fracaso. Entre los cambios, la limitación de la responsabilidad del emprendedor, el fomento de la segunda oportunidad, impulso a nuevos mecanismos de financiación, mejorar de la fiscalidad, reducción de cargas administrativas y apoyo a la internacionalización, entre otras. El Gobierno de Mariano Rajoy ha depositado muchas esperanzas en esta ley para reactivar la actividad económica y compensar la destrucción de empleo.
  • Evaluación de las políticas activas de empleo. Esta medida, sobre la que ya trabaja el Ministerio de Empleo, debe servir para detectar los nichos de empleo e impulsar la contratación de los que tienen más dificultades para encontrar trabajo.
  • Ajustes en la estructura del Estado. El Ministerio de la Presidencia trabaja en un plan de puesta en valor y enajenación de inmuebles rústicos que debe ver la luz antes de final de marzo. Antes de esa fecha también deberá estar lista la extensión de las centrales de compras de bienes y servicios para rebajar el coste de los suministros a base de compras con más volumen.
  • Reducción de empresas públicas. Las comunidades autónomas deben acelerar la ejecución del plan para reducir los 2.206 entes, fundaciones y empresas públicas regionales. El objetivo acordado con Hacienda es que supriman 477 de estos organismos.
  • Desarrollo de la reforma sanitaria. El objetivo es avanzar en la regulación de las carteras sanitarias.
  • Estatuto del profesor no universitario. El Ministerio de Empleo debe aprobar un marco legal que establezca un nuevo sistema de acceso al profesorado, regule la carrera profesional y establezca los derechos y obligaciones de los docentes.
  • Programa de impulso de Ciencia e Innovación. En este capítulo está prevista la creación de una agencia estatal para la investigación y la constitución y regulación del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que facilite la participación de la comunidad científica y empresarial en la política de investigación, desarrollo e innovación.Ley de sector eléctrico para avanzar en la liberalización del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, deberá presentar antes de final de marzo una nueva ley del sector eléctrico que mejore la protección del consumidor y resuelva las ineficiencias del sector.
  • Agenda Digital. El Ministerio de Industria aprobará la Agenda Digital de España en las próximas semanas, según fuentes del departamento. Esta medida establecerá la hoja de ruta para la administración electrónica e impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
  • Liberalización del transporte ferroviario de viajeros. Está previsto que a partir del 1 de julio de 2013 se abra el mercado de tráfico de viajeros por tren. El Gobierno está preparando las empresas públicas (Renfe, Adif y Feve) para ese proceso, que podría suponer la entrada de operadores privados.
  • Culminación de la reestructuración financiera. Las cajas de ahorros y bancos que puedan recapitalizarse por sus propios medios y no necesiten ayuda pública dispondrán hasta el 30 de junio de 2013 para conseguir el capital necesario.

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