Pocas veces coinciden en su diagnóstico los colectivos de apoyo a los desahuciados y las instituciones europeas, pero en este caso ha sido así: la reforma aprobada por el Gobierno español el pasado noviembre va a tener un efecto muy limitado. El texto elaborado en Bruselas destaca que el cambio legal no causará problemas a la banca, porque su impacto será ínfimo. Las asociaciones que en su día denunciaron una reforma que consideraban poco menos que cosmética se fijaban en el lado más dramático: las nuevas condiciones ayudarán a muy pocas familias a escapar del callejón sin salida en el que se han convertido sus hipotecas.

La Comisión da cuatro razones que explican lo limitada de la reforma: los bancos no renuncian a sus derechos sobre las viviendas embargadas, sino que solo posponen el desahucio; las familias que se podrán acoger a estas medidas están sujetas a criterios muy restrictivos (el texto estima los beneficiarios potenciales en 120.000, mientras que entre 2003 y 2012 se han ejecutado más de 8,6 millones de hipotecas); el porcentaje de morosidad para las hipotecas residenciales aumentó entre 2008 y 2009, pero ha permanecido relativamente estable desde entonces en torno al 3,2% de todos los préstamos; y por último, Bruselas recuerda que las medidas de alivio caducarán el 15 de noviembre de 2014.

El estallido de la burbuja también tiene cabida en el texto: el precio de la vivienda cayó en el tercer trimestre de 2012 más del 15% interanual. Así, desde el punto álgido del boom, el desplome supera ya el 30%.