Otro ‘precipicio fiscal’ amenaza a España
Un precipicio fiscal amenaza también a España. El profesor y consejero catalán de Economía Andreu Mas-Colell acaba de formular una sagaz comparación entre el recién salvado abismo fiscal de EE UU y el caso español (La Vanguardia, 6 de enero).
Su tesis es poco discutible: la contracción fiscal que produciría en España el cumplimiento del déficit público del 4,5% en 2013 sería “similar” a la recesión producida por los aumentos impositivos y los recortes de gastos por valor del 5% del PIB estadounidense, que Obama logró evitar. Salvadas, claro está, las distancias del distinto impacto internacional.
Y salvado el hecho de que la Comisión ya se ha comprometido, aunque aún no lo ha firmado, a relajar la senda de estabilización de las finanzas públicas. Por la vía de ampliar el calendario para llegar al 3%, a 2015, o a 2016.
Pero la comparación es útil. Si el calendario flexible capota, el objetivo del 4,5% “solo puede agravar la recesión española”. Comulgan en ello del FMI para abajo, todos. Ahora bien, ¿cómo repartir la carga de este esfuerzo —el letal 4,5% o una cifra inferior— entre las distintas Administraciones? El Gobierno catalán, y otros, sostienen que en vez del 0,7% impuesto a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio por Hacienda —que se reservó para sí un margen más de cinco veces superior, el 3,8%—, el reparto debería situarse en el entorno del 1,5% para las autonomías y el 3% para el Gobierno. Se evitaría así el colapso financiero de sanidad, educación y servicios sociales.
Cataluña tiene la razón al reclamar un reparto justo en la carga del déficit
La propuesta de Mas-Colell no es exagerada. Al revés, puede considerarse modesta. ¿Por qué? ¿Quién hace qué? El gasto autonómico supone el 36,2% del total; la Seguridad Social, el 29%; el Gobierno central, un 22%; y los municipios, el 12,8%, según datos de 2008. Pero la Seguridad Social se autofinancia en época de bonanza, y también en recesión si el fondo de reserva es suficiente, que es el caso actual: aunque su uso compute como déficit.
Por tanto, las autonomías (36,2%) y el Gobierno (38,8%, que suma su 22% y el de los municipios, por los que responde) se reparten casi por mitades el gasto. De forma que el techo del déficit debería repartirse también casi por mitades. En realidad, algo más en favor del Gobierno, porque pese a todo el déficit del seguro computa y por cuanto encarna el nivel político/administrativo responsable ante la UE. Algo que quizá se compensaría, de considerarse el nivel de elasticidad del gasto, mucho menor el autonómico (sanidad y educación suponen en torno al 75% para las comunidades) y, por tanto, mucho más difícil de recortar.
El criterio del profesor, más favorable al Gobierno que el anteriormente mencionado, pero también plausible, es respetar la relación aproximada de un tercio (36,2%) a dos tercios (63,8%) del gasto, incluyendo la Seguridad Social en el nivel central.
La herencia próxima es mala: para 2012, a las comunidades se les impuso un tope del 1,5%, mientras el Gobierno se guardó para sí un margen del 4%, que casi lo triplicaba: un exceso. Para mayor inri, el Gobierno acaparó para sí todo el aumento de la recaudación procedente del incremento de dos grandes impuestos, IRPF e IVA, que de jure son compartidos.
De modo que la Generalitat tiene buenas razones en este asunto, que no se deberían mezclar con las polémicas pretensiones de su deriva secesionista. Salvo que se quiera incentivarlas, empujando a todos a otro tipo de precipicio, aún más profundo. Cuestión añadida, y clave, es que nadie puede tirar la primera piedra a esta charca sin autodañarse.
Porque CiU avaló sin reparos la Ley de Estabilidad, tan restrictiva y recelosa de las autonomías.
Porque el Gobierno de Artur Mas acaba de cometer una enorme chapuza —abocada a los tribunales— en la privatización de Aigües del Ter-Llobregat, que le debía agenciar 1.000 millones para rebajar sus números rojos, y por ahora no causa más que chanzas, asombro, e inseguridad a los licitantes, la ganadora Acciona y la francesa Agbar.
Porque el pago de los intereses de la deuda de la Generalitat deglute demasiados de sus ingresos. Pero de su monto total de 45.754 millones, 21.975 los han generado Gobiernos nacionalistas, la mitad en era de vacas gordas (Banco de España, Boletín estadístico).
Aunque todo eso sea parte de la realidad, el Gobierno no debe usarlo para hacer de juez y parte y evitar lo justo: repartir la carga del sacrificio y revertir parte de la flexibilidad a las otras Administraciones. Sean fieles o herejes.
