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CRISIS DESAHUCIOS

La Izquierda Plural pide la suspensión indefinida de todos los desahucios

Varias mujeres durante la manifestación del colectivo Stop Desahucios en Santiago de Compostela. EFE/Archivo
Varias mujeres durante la manifestación del colectivo Stop Desahucios en Santiago de Compostela. EFE/ArchivoEFE

La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) pide la suspensión indefinida de todos los desahucios en España siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda.

En un comunicado remitido hoy, la coalición parlamentaria informa de que ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios en el que se insta a aplicar una moratoria universal.

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha subrayado que el drama social de los desahucios está alcanzando una "dimensión y un dramatismo insoportables para la conciencia social y la convivencia democrática".

Ante eso, considera que se necesitan "soluciones urgentes" y ha abogado también por adoptar medidas legislativas en el ámbito hipotecario, financiero y procesal, así como políticas sociales y de vivienda que corrijan las "injusticias" y la "indefensión" de los deudores y garanticen el derecho a una vivienda digna.

En su opinión, el texto legislativo que presenta quiere dar una solución provisional al drama de los desahucios mientras llegan los cambios en el ordenamiento jurídico que permitan la dación en pago con carácter retroactivo.

"Tenemos que parar este drama, porque cada día hay 500 familias desahuciadas en toda España", ha recordado Coscubiela.

Además de la moratoria hipotecaria, en la enmienda presentada se recoge que esta paralización incluiría también la suspensión de los intereses derivados de la deuda, hasta la dación en pago o hasta que se incluya un procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona afectada.

Además, se propone la creación de un Fondo Social de Viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, integrado por pisos de bancos nacionalizados o con ayudas públicas y de viviendas públicas vacías.

Estos activos inmobiliarios, propone la Izquierda Plural, se destinarían a vivienda pública de alquiler por un período de cinco años a precio protegido.

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