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La reforma que eleva la jubilación a los 67 años entra en vigor

En 2013 será necesario tener 65 años y un mes para poder retirarse La pensión se calculará sobre lo cotizado en los últimos 16 años

Manuel V. Gómez
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.Samuel Sanchez

La jubilación a los 65 años, como norma general, ya es historia. Con el nuevo año, ha entrado en vigor la reforma de pensiones que elevará progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. En concreto, este año será necesario tener 65 años y un mes para jubilarse. También aumenta el número de años cotizados para calcular la cuantía de la pensión —este ejercicio se tendrán en cuenta los últimos 16, pero irá subiendo hasta 25— y el tiempo necesario para poder cobrar el 100% —en 2013, 35 años y un mes—.

La entrada en vigor de la nueva norma, aprobada en 2011, contempla excepciones para que quienes tienen carreras de cotización más largas puedan seguir jubilándose a los 65 años. Así, en 2027, quienes tengan 38 años y medio cotizados podrán retirarse a esa edad.

No obstante, los cambios progresivos que prevé el periodo transitorio podrían cambiar según cómo quede configurado el factor de sostenibilidad. Este es un elemento clave de la reforma de pensiones que se pone ahora en marcha todavía no definido. En principio, tenía que estar listo en 2027 y aplicarse en 2032, pero el Gobierno, empujado por Bruselas, ha decidido hacerlo antes. Rajoy prometió el viernes abrir a comienzos de año “un debate en el Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Hablaba de ese factor que revisará los parámetros fundamentales (edad de jubilación, periodo de cómputo, o actualización anual) según la esperanza de vida. De ahí que todo lo previsto para el periodo transitorio pueda cambiar.

A pesar de la profundidad y amplitud de los cambios implantados, no ha entrado en vigor toda la reforma de pensiones del último Gobierno socialista. Los cambios previstos en jubilación anticipada (la forzosa a los 61 años y la voluntaria a los 63) y parcial han quedado suspendidos. El Ejecutivo de Rajoy quiere ir más allá. Pretende así aumentar la edad real de jubilación, ahora en 63,4 años, y busca que el retiro prematuro forzoso sea a los 63 años y el voluntario a los 65, con coeficientes reductores más amplios y periodos de cotización más amplios. Sobre estas bases, ha dado tres meses para llegar a un pacto, lo que puede provocar una avalancha de cotizaciones en este periodo extra.

Los residentes en el extranjero no tendrán pensiones con complementos

Aprovechando ese cambio de planes y las modificaciones en la forma de cotizar de las empleadas de hogar, el Ejecutivo ha modificado la norma de las pensiones que precisan complemento para llegar a la prestación mínima. Este tipo de pensiones son aquellas cuyo titular ha cotizado al menos los 15 años necesarios para tener derecho a una prestación contributiva, pero lo ha hecho sobre bases de cotización tan bajas que el cómputo final no alcanza a la pensión mínima. En este caso, es el Estado, mediante impuestos, quien costea lo que falta para llegar a ese umbral. En las que se generen desde el 1 de enero se exige que los beneficiarios de estas pensiones residan en España, de lo contrario no tendrán derecho al complemento.

Otro cambio que contempla el decreto publicado el 31 de diciembre, atañe a las empleadas de hogar. Desde ahora, si una empleada trabaja menos de 60 horas mensuales para una casa, ambas partes pondrán pactar que sea la empleada quien se encargue de gestionar el alta en la Seguridad Social y pagar las cuotas (tanto la parte obrera como la empresarial, que deberá cobrar junto con el sueldo). En estos casos, hay que tener en cuenta que se perderán las bonificaciones a que tienen derecho estos contratos si el empleador se hace cargo de los trámites ante la administración.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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