El Gobierno de Ucrania da por zanjado el “malentendido” con Gas Natural
El ejecutivo resalta la actitud constructiva mostrada por la gasista española tras el incidente causado por un falso representante de la firma que pactó una 'megainversión'
La Agencia Estatal para Inversiones y Proyectos Nacionales (AEIPN) de Ucrania dio hoy por aclarado lo que calificó de "malentendido" sobre la firma de un supuesto acuerdo de inversión millonario entre el Gobierno ucraniano y una persona que se hizo pasar por representante de Gas Natural Fenosa.
"Por medio de un intercambio de cartas con la compañía Gas Natural Fenosa queda completamente resuelto el malentendido", reza el comunicado publicado por la agencia estatal ucraniana. Según la misiva, la persona que suscribió el acuerdo con el Gobierno ucraniano, llamado Jordi Sardà Bonvehí, "actuó según su propia discreción" y en ningún caso representaba legalmente a la compañía española.
"Pensé que podía firmar y después acordarlo con la compañía", justificó, según medios ucranianos, el falso comercial
La nota oficial de la AEIPN señala que el acuerdo suscrito por el Gobierno ucraniano y el falso representante de Gas Natural, el pasado 26 de noviembre, hacía referencia a la construcción de una terminal flotante de gas licuado en el mar Negro, que, obviamente, carece de cualquier obligación legal o financiera.
La AEIPN resaltó la actitud constructiva mostrada por la gasista española, que anunció ayer que podría tomar acciones legales contra Sarda por hacerse pasar por su representante legal en Ucrania. Finalmente, la agencia estatal ucraniana destaca "el consenso" alcanzado entre ambas partes y propone al presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, celebrar una reunión para abordar las perspectivas de cooperación en el país.
Un acto institucional para la falsa firma
El pasado lunes, medios ucranianos informaron sobre la firma de un acuerdo entre las autoridades ucranianas y Gas Natural Fenosa para participar en la construcción de una terminal de GNL. Esta información sobre un proyecto en el que también participaría la compañía estadounidense Excelerate Energy fue desmentida pocas horas después por la empresa española.
Gas Natural Fenosa reiteró esta semana que no ha firmado ningún contrato para invertir en ese proyecto, ni tiene "nada en estudio" sobre el asunto, ni ha enviado a representante alguno a Ucrania para trabajar en el proyecto.
El escándalo, según medios ucranianos, podría costarle el cargo al jefe de la agencia estatal, Vladislav Kaskiv, quien aseguró que está dispuesto a dimitir si eso facilita la realización del proyecto energético, aunque negó que se trate de un escándalo internacional y aseguró que era un simple problema técnico.
El partido opositor de la encarcelada ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko ha exigido dimisiones y la apertura de una investigación parlamentaria, ya que aducen que Ucrania podría perder miles de millones de dólares por esta situación.
Escándalo político por el fiasco
"El desconocido español", como la prensa ucraniana identifica a Jordi Sarda, firmó el supuesto contrato ante las cámaras de la televisión ucraniana, acto oficial que fue presidido por el propio primer ministro ucraniano, Nikolái Azárov. Según medios locales, el propio Sardà, un agente comercial, según las autoridades, reconoció posteriormente que no tenía facultades para firmar el documento oficial. "Pensé que podía firmar y después acordarlo con la compañía", apuntó, según recogió también Reuters, que señaló que había hablado con un hombre por teléfono que dijo ser Sardà.
La prensa ucraniana cree que el escándalo se debe a las ansias de las autoridades ucranianas de poner en marcha cuanto antes un proyecto que permita reducir notablemente su dependencia energética de la vecina Rusia. "Ucrania ha dado el primer paso para convertirse en un actor autosuficiente en el mercado gasístico", dijo Azárov en la ceremonia.
Ucrania desea construir en su territorio una terminal de gas natural licuado con una capacidad de hasta 10.000 millones de metros cúbicos anuales. La terminal, que en un 25% será de propiedad estatal y en un 75% privada, tendrá un coste aproximado de 856 millones de euros y debería entrar en funcionamiento en 2016.
