Un juez de Estados Unidos pone a Argentina al borde del impago técnico

Después de diez años de litigios entre diversos Gobiernos argentinos y los fondos de inversión llamados “buitres” por las autoridades argentinas, el juez federal de Estados Unidos, Thomas Griesa ha dicho hasta aquí hemos llegado. De forma sorpresiva, horas antes de la festividad de Acción de Gracias que celebra hoy Estados Unidos, Griesa ha dispuesto que Argentina pague el 15 de diciembre los 1.330 millones de dólares (1.038 millones de euros) que reclaman los fondos Aurelius Capital Maganemet y NML. Para esa fecha, el Gobierno argentino tenía previsto pagar 3.000 millones de dólares (2.342 millones de euros) a los acreedores que aceptaron en 2005 y en 2010 quitas superiores al 60% en la deuda Argentina. Pero el juez ha señalado que mientras no se pague la deuda de Aurelius y NML no se pagará la del resto. Ante la posibilidad de que se apele la sentencia, el juez ha ordenado que el Gobierno argentino ingrese esos mil millones de euros en una cuenta de garantía.

“Debo enfatizar que esto es lo que se debe actualmente, no deuda sobre un periodo de tiempo futuro. Para cumplir con la orden judicial, Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos 1.330 millones [de dólares] al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados”, indica la sentencia. Dado que el Gobierno argentino ha insistido en que jamás pagará un dólar a los fondos buitres, el país se encuentra ante el inminente riesgo de un impago técnico. Previendo esta situación diversos inversores empezaron hace tres semanas a comprar seguros contra una suspensión de pagos de Argentina y los seguros elevaron su cotización hasta superar a la de Grecia.

El juez razona su sentencia basándose en declaraciones efectuadas el 26 de octubre por la presidenta Cristina Fernández en las que aseguraba que no pagaría “ni un dólar” a los acreedores que no aceptaron la quita de la deuda. Y también cita declaraciones semejantes del ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino. En noviembre el juez le preguntó al abogado que representa a Argentina si esas declaraciones que reproducía la prensa eran ciertas. Como el abogado “cambió de tema”, el juez interpretó que no las negaba. “Cualquier desafío a la autoridad de los tribunales no solo sería ilegal sino que representaría la mayor clase de irresponsabilidad en el trato con la justicia. Esto no ha detenido a las autoridades más altas del Gobierno argentino, que han continuado haciendo declaraciones en las que sostienen que las sentencias de los tribunales no serán obedecidas”, señala el fallo. Acto seguido, Griesa ordena que Argentina pague lo antes posible. “Cuanto menos tiempo se le dé a Argentina para que idee medios de evasión, mayor seguridad habrá contra la evasión”.

La crisis de 2001 llevó al Gobierno argentino a declarar, entre aplausos generalizados en el Congreso, el impago de una deuda cifrada en 81.000 millones de dólares. Era el mayor impago conocido en la historia, hasta que llegó la reestructuración de la deuda griega cifrada en 172.000 millones. Cuatro años después, el 3 de marzo de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner ofreció a los acreedores pagarles a cambio de que aceptaran renunciar al 65% del valor de sus bonos. El 75% de los inversores recogió el guante. Y en 2010, el Gobierno volvió a ofrecer otra quita de la deuda. Sumando los dos canjes, aceptaron el 93% de los tenedores de deuda. Pero entre los fondos de inversión que no aceptaron el acuerdo se encontraba NML, el “fondo buitre” perteneciente al millonario republicano Paul Singer. Y Singer no paró de denunciar el impago ante los tribunales hasta conseguir que el 2 de octubre un juzgado de Estados Unidos ordenó la retención en Ghana de la fragata Libertad, buque insignia de la Armada argentina. Recuperar la fragata solo le costaría al Gobierno argentino pagar los 20 millones de fianza que piden los “fondos buitres”. Pero Cristina Fernández se ha negado de plano.

En un discurso pronunciado el pasado 12 de noviembre Fernández leyó las palabras que en 2004 Kirchner dedicó a los “fondos buitres”: “Sabemos que nuestra deuda es un problema central, pero no pagaremos de cualquier modo. No se trata de ideologías, no se trata de capricho, de temeridad, verborragia, inflexibilidad o como quieran llamarlo. Se trata de una fría y racional lectura de los números y de la economía; se trata de asumir con realismo lo que la situación indica. Tenemos la certeza de que recibiremos una y mil presiones, sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar. Pero sabemos el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene en la gran mayoría de nuestro pueblo; no vamos a aflojar’. Eso decía Néstor Kirchner el primero de marzo del 2004. Y eso dice esta presidenta ocho años más tarde”.

Aunque las cifras que hay puestas sobre la mesa para el 15 de diciembre son relativamente pequeñas para un país como Argentina, en realidad el trasfondo de la sentencia y el modo en que el Gobierno actúe frente a ella puede tener repercusiones mucho mayores. El 7% de los que decidieron no aceptar ninguna renuncia en el cobro de su deuda aspiran a cobrar 11.177 millones de dólares (8.590 millones de euros), cifra superior a los 10.000 millones de dólares que reclama Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.