Anticorrupción pide 7 años y 10 meses de cárcel para Eduardo de Pascual, expresidente del Eurobank
En el escrito de calificación presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción aprecia, entre otros, delitos de insolvencia punible, administración desleal, intento de estafa, falsedad documental y asociación ilícita en la actuación de los 15 procesados por la caída de Eurobank, intervenido por el Banco de España en julio 2003.
Las acusaciones particulares que representan a socios y accionistas de la entidad ven la existencia de los mismos delitos, pero los valoran individualmente, por lo que elevan la petición de penas hasta un máximo de entre 35 y 87 años de prisión para Pascual y sus principales colaboradores.
Entre ellos está su socia, María Vaqué Molas, y gestores de las mutuas Norton Life, Personal Life y Caja Hipotecaria Catalana Mutual (CHCM), como Manuel Vicente Fernández Nieto y Bernat Miserol Font.
Una de las acusaciones pide la responsabilidad civil subsidiaria del Banco de España por no haber detectado antes la trama.
Según Anticorrupción, los acusados crearon un entramado societario que les permitió realizar desde 1995 "una serie de operaciones y actuaciones que, por sistema, implicaban la despatrimonialización" de Eurobank, con el objetivo de obtener un "fraudulento enriquecimiento personal".
Los principales daños tienen lugar a partir de 1999, cuando Pascual pactó con sus colaboradores que el banco transmitiría paquetes accionariales en sociedades inmobiliarias a participadas de CHCM (filial de las mutuas), que en algunos casos obtuvieron créditos del banco para las transacciones.
Por esas operaciones, Pascual se embolsó unas comisiones de 861,38 millones de pesetas (5,18 millones de euros), que la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen que no le correspondían.
Las ventas de las participaciones se realizaron además a precios irreales, lo que "dio lugar a la indebida contabilización" de 1.233,2 millones de pesetas en plusvalías en 1999 y 2000, y de unos 200 millones en 2001.
Esta práctica, "por su artificioso carácter, vino dañando a la entidad bancaria y simultáneamente a terceras empresas", afirma la Fiscalía.
Entre las actividades de despatrimonialización se hace especial mención a la "operación Caballieri", por la que Eurobank tuvo que hacer frente al pago de una indemnización de 1,5 millones de euros a la sociedad Caballieri Gestión después de una modificación "mendaz" de unos contratos.
Pascual también se valió de los clientes de Eurobank para su operativa, ya que entre 2002 y 2003 comercializó unit link (seguros vinculados a fondos de inversión) con el fin de desviar depósitos del banco hacia las mutuas y varias sociedades luxemburguesas, que eran sus "refugios económicos".
Esa operativa, que alertó al Banco de España, buscaba satisfacer sus propósitos, "alejados ya de la viabilidad de la actividad bancaria ordinaria" de la entidad, que vio muy afectados sus intereses, relata Anticorrupción.
Poco antes de la crisis, se produjo un cargo anticipado a los clientes de Eurobank por contratos de "unit link", que se transfirieron a cuentas de CHCM, con lo que el entramado societario consiguió más liquidez.
Por último, cuando la entidad iba a ser intervenida (lo que era conocido por Pascual y su entorno), se produjeron "múltiples cancelaciones de imposiciones a plazo fijo, extracciones de saldo, disposiciones en distintas modalidades".
