El Banco de España evaluará los salarios de directivos de bancos intervenidos
La norma incluirá también un modelo de marco retributivo para las entidades financieras
El Congreso ha aprobado hoy la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito y ha introducido en su texto, con el voto favorable de todos los grupos menos Amaiur, una enmienda para que el Banco de España establezca la retribución de los directivos de entidades intervenidas.
La enmienda, que unifica varias propuestas de los grupos parlamentarios en el mismo sentido, estipula que la institución que preside Luis María Linde remitirá a las Cortes un informe en el que evaluará los efectos de la normativa sobre el cobro de indemnizaciones y pensiones de directivos de entidades inmersas en algún proceso de reestructuración.
Este informe, que debe enviarse a las Cortes en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley, incorporará también un modelo de marco retributivo para las entidades financieras, según indica el texto aprobado. La enmienda transaccional sustituye a las distintas enmiendas sobre salarios de directivos y exdirectivos de bancos intervenidos o nacionalizados presentadas por el PSOE, CiU y PNV.
Limitar las indemnizaciones de los altos directivos
El Gobierno se plantea tomar medidas para limitar las indemnizaciones en el sector privado de los altos directivos, tal y como ya ha hecho en las empresas públicas y las cajas de ahorros o entidades financieras con ayudas, según fuentes conocedoras del proceso. El departamento que dirige Luis de Guindos, sin embargo, matiza que aún no hay una decisión tomada al respecto.
Según publicó este lunes La Vanguardia, el Ministerio ha propuesto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos limitar a seis meses de salario las indemnizaciones por despido de los altos ejecutivos. Para ello y ante las dificultades que implica intervenir en una relación contractual privada, la vía será la de la fiscalidad. Así, la cuantía que exceda este tope se verá gravada con un 75%, que es el tipo máximo previsto en el Impuesto de Patrimonio.
La Comisión Europea, por su parte, es partidaria de que los pagos por la resolución del contrato no superen el importe de su remuneración fija anual durante dos años y no se abonen cuando el despido esté motivado a causas imputables al consejero. La crisis y el persistente deterioro de la actividad, la caída del empleo y de la las oportunidades laborales y, sobre todo, el auge imparable del paro han aumentado las diferencias entre los que más ganan y el resto. Las últimas estadísticas al respecto muestran que la brecha social está en niveles de récord y tanto la OCDE como la Comisión Europea han llamado la atención sobre el aumento de la desigualdad. En el caso de las indemnizaciones, también el común de los asalariados ha visto como la reforma laboral ha generalizado el despido con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.
Durante el debate de la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, conocida como tercera reforma financiera, la oposición ha reclamado soluciones para los afectados por la venta de participaciones preferentes y cambios en la regulación de los desahucios e hipotecas.
La norma ha sido tramitada por la Comisión de Economía y Competitividad por el procedimiento de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Senado. En caso de recibir nuevas enmiendas deberá ser votada de nuevo en el Congreso.
El diputado socialista Valeriano Gómez defendió que la nueva normativa debe limitar el coste para los contribuyentes de la reforma financiera, algo que a su juicio "no está en absoluto garantizado" con el actual texto. Asimismo, reclamó que se establezcan fórmulas para discriminar si los afectados por preferentes eran inversores o meros ahorradores que fueron engañados y que para estos últimos haya un canje del cien por cien del valor nominal del dinero que invirtieron. En cuanto a los desahucios, el PSOE se reclamó que se exima de la ejecución hipotecaria a familias y personas que no tienen otra posibilidad de mantener su vivienda.
PNV, CiU coincidieron en la necesidad de buscar soluciones a los "engañados" en la inversión en participaciones preferentes, mientras que UPyD pidió mejorar la defensa del consumidor financiero mediante la unificación de los organismos existentes en una entidad con poderes sancionadores.
Amaiur se ha opuesto a la totalidad de la nueva ley y a la enmienda pactada al considerar que la norma dará solución a los problemas de la banca y atiende las demandas de la Troika, pero deja indefensos a los ciudadanos.
El portavoz del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, afirmó que el texto aprobado hoy da soluciones "a la gente de la calle" y arregla el problema sector financiero para que haya crédito para las familias y pymes. El diputado popular dijo que el sistema financiero español estaba "hecho trizas" cuando llegó el PP al Gobierno por la injerencia política en las cajas de ahorro y la mala supervisión.
Sobre las preferentes, indicó que se está dando una solución al problema, aseguró que ya se están canjeando, al tiempo que arremetió contra el Gobierno anterior, la supervisión hecha por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el actual comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
