OPINIÓN

Esto no tiene ni pies ni cabeza

Puede darse la circunstancia de que exista una información contrastada y relevante que demuestre los efectos negativos de una determinada política y su falta de eficacia y que, sin embargo, los Gobiernos no la tengan en cuenta? Esta circunstancia difícilmente se produciría, pongo por caso, con un medicamento del que hubiese información fiable sobre sus efectos dañinos para la salud y su falta de eficacia terapéutica. Las autoridades sanitarias prohibirían rápidamente su uso, a riesgo de ser acusadas penalmente de negligencia. Pero con la política económica las cosas parecen funcionar de otra forma.

Esto es lo que sucede con la medicina de la austeridad compulsiva que están aplicando nuestros Gobiernos. Una austeridad basada en recortes arbitrarios de gastos sociales para reducir la deuda y en devaluaciones internas de salarios para ganar competitividad, justificadas porque ahora no podemos recurrir a la devaluación externa de la moneda.

Sus efectos dañinos para la salud de la economía y la sociedad son evidentes para todo el mundo. Pero a pesar de esa evidencia, nuestros gobernantes mantienen erre que erre esa política.

¿Por qué actúan de esta forma? Su argumento es que, a pesar de sus costes sociales y económicos, esa medicina amarga es necesaria para lograr la eliminación del déficit y la reducción de la deuda. Y que este debe ser el objetivo prioritario de la política.

Esta opción política plantea, sin embargo, dos problemas: uno de tipo ético y otro de eficacia económica. En ambos casos, los argumentos de nuestros gobernantes son cuestionables. Veamos por qué.

Sin duda, el sobreendeudamiento es una carga que mientras no vuelva a niveles sostenibles hará que la economía no funcione bien. Si se me disculpa la autocita, en el libro La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la crisis (Ariel), escrito en colaboración con Xosé Carlos Arias y cuya segunda edición ha aparecido estos días, sosteníamos ya en 2010 que el sobreendeudamiento era una de las herencias más pesadas y de difícil gestión que dejó la euforia crediticia.

Pero hacer de la reducción de la deuda el objetivo prioritario de la política sin ningún tipo de restricción, y a cuya consecución inmediata y no gradual hay que sacrificar cualquier otro bien público —el crecimiento, la cohesión social y la estabilidad política—, responde a una ética económica cuestionable que nuestros Gobiernos pretenden esconder detrás de un criterio de eficacia económica.

El sobreendeudamiento es una carga que mientras no vuelva a niveles sostenibles hará que la economía no funcione bien.

El esquema de razonamiento parece funcionar de esta manera. Primero, establecen que el objetivo prioritario de la política debe ser la reducción de la deuda, sin someter su logro a ninguna restricción. Segundo, afirman que la política de recortes y devaluación interna es eficaz para el logro de ese objetivo. Tercero, concluyen que la política a seguir debe ser la austeridad y la devaluación interna.

Esta argumentación tiene fallos, tanto relacionados con la ética como en la eficacia.

La prioridad sin condiciones a la reducción de la deuda descansa en una filosofía política objetable desde cualquier criterio de sociedad justa. Tanto si basamos la idea de justicia en la maximización del bienestar del conjunto de la sociedad, como hacen los economistas, como en la idea de virtudes cívicas, más del gusto de los politólogos, a esa prioridad le fallan los fundamentos éticos. Y la ética es relevante para la economía.

Nuestros gobernantes pretenden obviar esta objeción ética refugiándose en el argumento de eficacia. Si, vienen a decir, los recortes y la devaluación interna son eficaces para lograr el objetivo prioritario, esa política es éticamente correcta. Pero el problema con este argumento es que no hay evidencia para sostener esta supuesta eficacia. Todo lo contrario.

Esa evidencia contraria se ha ampliado con nueva información. El capítulo 3 del World Economic Outlook que acaba de publicar el FMI es demoledor para el argumento de eficacia. En ese capítulo, titulado The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs, los autores examinan, con datos desde 1875, 26 casos en los que la deuda superó el cien por cien. El estudio analiza las políticas que se emplearon y los resultados obtenidos. El caso del Reino Unido en el periodo de entreguerras es particularmente instructivo, dado que su política de recortes radicales y su retorno al sistema patrón oro tiene muchas similitudes con la actual austeridad y el funcionamiento del euro.

La conclusión más relevante es que las políticas de austeridad, cuando operan en un entorno de elevado endeudamiento, no logran reducir la deuda, sino que la elevan. Es decir, el tiro por la culata. Martin Wolf, jefe de Opinión de Financial Times, ha señalado que esto prueba que la interacción entre los intentos de devaluación interna y la dinámica de la deuda son potencialmente letales para los países que las practican (Lessons from history public debt, 9 de octubre, 2012).

No hay duda, por tanto, de que el argumento de eficacia de la austeridad no tiene fundamento económico. La información y el conocimiento que tenemos están contrastados y son relevantes. Nuestras autoridades no pueden dejar de tomarlos en consideración.

Si falla el argumento de eficacia y también el fundamento ético, la política que están siguiendo nuestros Gobiernos no tiene ni pies ni cabeza. Las autoridades europeas y nuestros Gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos, tienen que revisar esa cruzada a favor de la austeridad compulsiva. La lectura del estudio de FMI da pistas de cómo hacerlo. No tenerlo en cuenta sería arriesgarse a repetir una historia que fue dramática para Europa y sus ciudadanos.

 

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