Las comunidades recortan más gastos de lo previsto en los planes de ajuste
El desplome de ingresos fuerza una reducción del 8% hasta junio, frente al 0,04% pactado para el año Cataluña, una de las más rezagadas en cumplir el objetivo
Las comunidades autónomas fueron las responsables de la mayor parte del déficit del año pasado. Bruselas ha puesto la lupa sobre las cuentas regionales y reclama al Gobierno que controle la desviación presupuestaria de las autonomías. Por eso, el Ministerio de Hacienda quiere echar el lazo al déficit regional. Para ello forzó a todas las comunidades a aprobar en mayo planes de equilibrio financiero con ajustes por 18.000 millones. Estos contaban con subidas de impuestos y recortes de gastos, la mayor parte de las medidas tendrán su efecto en el último tramo del año. En las últimas semanas, por ejemplo, ya se están notando las consecuencias por haber cerrado el grifo en sanidad y educación.
No obstante, según los datos divulgados recientemente por Hacienda, las comunidades han asumido más recortes hasta junio de los previstos en los planes de equilibrio financiero aprobados en mayo. Durante los primeros seis meses, los Ejecutivos regionales han recortado sus gastos no financieros un 7,95% (unos 5.885 millones) hasta 68.149 millones, cuando el compromiso recogido en los planes de ajuste era reducir los costes en un 0,04% hasta final de año, según se desprende de la memoria de ejecución presupuestaria del primer semestre elaborada por el Ministerio de Hacienda.
En los próximos días el Departamento que dirige Cristóbal Montoro hará público un informe detallado con el grado de cumplimiento de estos compromisos de ajuste.
El documento presentado a finales de septiembre también revela que el desplome de ingresos ha sido mayor de lo contemplado en los planes de ajuste. En el primer semestre los ingresos no financieros de las autonomías —principalmente derivados de la recaudación tributaria— cayeron un 6,6% hasta los 62.379 millones (unos 4.409 millones) cuando estas habían previsto en sus planes de equilibrio un aumento del 0,82% para finales del año en sus planes de equilibrio.
Las comunidades están compensando el desplome en la recaudación mediante un mayor recorte de gastos. Es difícil que los territorios regionales logren recuperar los ingresos en el segundo semestre. La mayor parte de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno —subida del IVA, cambios en el impuesto de sociedades y otros— no repercutirán en las arcas regionales.
Más recortes hasta final de año
Por eso, se prevé que los Gobiernos autonómicos acentúen sus recortes aún más hasta final de año. Casi todas aplicarán las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy que afectan a los funcionarios —supresión de la paga extra de navidad— otras ya han avanzado otras medidas. Así, por ejemplo, la Comunidad Valencia anunció el viernes que despedirá a 3.000 empleados de su sector público, el 40% del total de la plantilla, al suprimir 46 empresas.
La Administración central también tendrá que acentuar los recortes. Aunque los ingresos del Estado crecieron un 6% durante los primeros ocho meses, hasta alcanzar los 66.825 millones, en el mismo periodo los gastos no financieros se elevaron un 8,9%, hasta los 106.015 millones, por el alza de los costes financieros y el aumento de transferencias para ayudar a las regiones.
Entre las comunidades que han aplicado recortes más severos destaca Castilla-La Mancha, que ha reducido sus costes un 38,96% durante los seis primeros meses del año. O Baleares, que ha reducido sus gastos no financieros un 27,08% cuando había previsto en su plan financiero un aumento de sus costes del 3,62%. En el lado de los rezagados está Cataluña, que aprobó en su plan de equilibrio una caída de sus gastos del 13,37% hasta final de año y hasta junio solo los había recortado un 3,75%.
En el capítulo de ingresos, sobresale Aragón, donde han descendido un 13,67% cuando se había comprometido con Hacienda a que solo bajarían un 3,86%. La Comunidad Valenciana, que pasa por ser una de las regiones con más necesidades de financiación, había estimado que aumentaría sus ingresos no financieros un 9,96%, pero la realidad revela que hasta junio han caído un 13,38%. Castilla-La Mancha está en una situación parecida: había previsto que elevaría sus ingresos un 3,04%, pero estos han caído un 12,01% hasta junio.
Un alivio de 40.000 millones en créditos
La tutela del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas regionales es total. Desde que aprobó la Ley de Estabilidad, que permite al Gobierno intervenir a las comunidades despilfarradoras que incumplan la meta de déficit, el Ejecutivo ha estrechado el cerco sobre las cuentas regionales. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, les ha apretado las clavijas para evitar desviaciones, pero a cambio les ha puesto sobre la mesa un suculento paquete de ayudas, de hasta 40.000 millones, para facilitar su financiación y aliviar su asfixia financiera.
Una de las primeras medidas fue una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar vencimientos de deuda por un importe de 5.000 millones, que desapareció pronto debido a las estrecheces financieras de las comunidades. El ICO no ha facilitado hasta ahora qué autonomías se adhirieron a esta línea ni su importe.
Para acabar con las facturas en los cajones que algunas administraciones regionales habían convertido en una práctica común, el Gobierno puso en marcha el plan de pago a proveedores. Las autonomías se sumaron a esta línea a cambio de abonar todas sus facturas pendientes. El resultado fue que suscribieron un crédito por un importe global de 17.718 millones para pagar 3,7 millones de facturas.
A pesar de esto, las comunidades siguen asfixiadas. Por eso, el Gobierno, tras descartar los hispanobonos, puso en marcha en septiembre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata de una línea de crédito de 18.000 millones de euros al que se han adherido ya siete comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Asturias y Baleares, que lo anunciaron el viernes).
Pero, además, Hacienda también estableció otros mecanismos para ayudar las depauperadas finanzas autonómicas que se han embarcado en gastos que ahora, con la caída de ingresos, les resulta complicado financiar. A finales de enero les anticipó 3.716 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2010 que tenía que pagarles en julio. Además, les permitió aplazar cinco años la deuda que tienen con Hacienda por la liquidación de la financiación autonómica de 2008 y 2009 (unos 2.426 millones este año).
Hasta junio ha adelantado a Cataluña (860 millones), la Comunidad Valenciana (680) y a Castilla-La Mancha (220 millones) entregas a cuenta de las liquidaciones mensuales de recaudación. Todo para que cumplan con el déficit comprometido para este año, en el 1,5% del PIB.
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