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El Banco de España augura fuertes pérdidas para inversores de preferentes

El Banco de España sostiene que no se podrá distinguir entre inversores y pequeños ahorradores

Protesta de afectados por las participaciones preferentes bancarias en Vigo.
Protesta de afectados por las participaciones preferentes bancarias en Vigo.SALVADOR SAS (EFE)

El subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestrucuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, sostiene que no se podrá distinguir entre inversores y pequeños ahorradores para dar una solución al problema de las participaciones preferentes, y que cualquier vía de solución deberá articularse al margen de la reforma financiera y del proceso de reestructuración del sector bancario español.

"Aquellas entidades que vayan a precisar apoyo público tienen que hacer ejercicios de reparto de la carga, y esto afectará a preferentes y a subordinadas", afirma de forma tajante y recuerda que la Comisión Europea impone "exigencias de un rigor muy elevado" en las condiciones de recapitalización de entidades bancarias, lo que deja un margen de maniobra "enormemente limitado" para poder dar una solución a los pequeños ahorradores que pusieron su dinero en productos complejos.

Restoy asegura que ni el decreto ley de Reforma Financiera aprobado en agosto, ni el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario "permiten absolutamente ningún tipo de discriminación entre instrumentos en manos de inversores minoristas e instrumentos en manos de inversores mayoristas", por lo que ambos recibirán el mismo trato.

No puede aumentar la factura pública

El objetivo principal, según el subgobernador, es evitar que los rescates a entidades financieras aumenten la factura pública. "Este es el concepto, nos guste o no nos guste. Al final, es un juego de suma cero: esto de que lo que se reconozca a los preferentistas y a los subordinados es un aumento automático en la factura para el sector público a la hora de inyectar capital en las entidades (es contrario) al principio de tratar de minimizar el coste para el contribuyente", apunta.

"Cualquier otro tipo de solución, que puede ser absolutamente legítima, tendrá que estudiarse, analizarse e instrumentarse al margen de este marco", concluye Restoy, recordando que "desde luego, si hay un problema de comercialización, pues tendrá evidentemente que investigarse tanto en sede administrativa como en sede judicial, como está ocurriendo".

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