La UE manda: Bankia no sigue con las obras del Mestalla ni cancela la deuda

Si finalmente se fija el monto de la ayuda financiera de la Eurozona que van a necesitar las entidades españolas y llega a sus balances, lo hará con unas condiciones tan restrictivas que la capacidad de maniobra para tomar decisiones de manera unilateral quedará prácticamente anulada. Y cuando de ayudas se habla, todo el mundo piensa en Bankia, cuyo agujero superior a los 20.000 millones de euros motivó que el Gobierno tuviera que solicitar el rescate.

En la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, esa capitidisminuida capacidad de decisión se ha empezado a atisbar la semana pasada cuando dio marcha atrás en su intención de finalizar las obras del nuevo estadio del Valencia.

De la noche a la mañana, nueve meses después de anunciar el proyecto, Bankia Habitat ha comunicado al club presidido por Manuel Llorente que rompía el acuerdo por el supuesto incumplimiento en desarrollar el plan por parte de la promotora Aedifica, su socio local en Newcoval, la empresa creada al efecto.

Pero, en el fondo, lo que hay es una decisión por parte de los gestores del FROB, el fondo estatal garante de que las entidades financieras que van a recibir ayudas estatales, como Bankia, no vuelvan a cometer los errores del pasado. Como podría ser poner 150 millones de euros para acabar el estadio y cancelar la deuda financiera de unos 250 millones que tiene el club de fútbol del Valencia a cambio de los aprovechamientos urbanísticos.

Y a esa política de ni un euro más para actuaciones inmobiliarias que las que tengan garantizado el éxito por adelantado -caso del apoyo financiero a pequeñas promociones con riesgo compartido a medias con un promotor- se enfrenta Bankia y el resto de entidades que van a recibir ayudas de la Eurozona. Inversión mínima, y menos en ladrillo, cierre de sucursales, despido de personal y ventas de todos los activos ajenos al negocio principal son algunas de las condiciones impuestas en el memorando de la Eurozona a cambio de que lleguen las ayudas.

Y todo se debe hacer a la menor brevedad posible, aunque sea con la asunción de nuevas y cuantiosas pérdidas adicionales a las del 35% tras el estallido de la crisis.

En esa desinversión de activos entra todo. De las participaciones industriales más lustrosas en las cotizadas solo quedaría libre de liquidarse el 14,9% de Mapfre, en virtud del pacto y participaciones cruzadas que lo impiden. Las demás deben venderse ya. Ahí están los inversores, sobre todo extranjeros, ansiosos de quedarse con el porcentaje de Bankia en Realia, Metrovacesa, Indra, Deoleo, NH, IAG, Iberdrola y Sacyr.

Con todo, esto no es lo peor. Lo peor, en el caso de Bankia, son esos 30.000 millones en activos inmobiliarios, buena parte enterrados en más de 350 sociedades participadas, en su mayoría dedicadas a la promoción, y cuyas refinanciaciones de deuda permanente, en muchos casos, también han sido objeto de exhaustivo análisis al mantenerse como crédito normal y libre de las provisiones que el Gobierno obligó a practicar.

Son empresas, algunas controladas por Bankia al 100%, que no tienen otra salida que la de su liquidación con el apunte contable de pérdidas correspondiente o, como mal menor, si todavía cuenta con activos susceptibles de obtener por ellos una rentabilidad futura, ser vendidas a precio de saldo por inversores que se interesen por ellas.

En Realia comparte el control con FCC y en Metrovacesa forma parte del grupo de siete bancos que se hizo con la empresa entre 2009 y 2011.