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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¡Explorad otra vía para la economía catalana!

La solución federal es aportar según la riqueza y recibir según la población

Xavier Vidal-Folch

No os rindáis, gentes civilizadas de aquí y de allá. La cuestión catalana no es imposible, especialmente en su aspecto económico-fiscal. Explorad otras vías, desbordad las que, por ruidosas, parecen indiscutibles.

Estas últimas crean dos trincheras antagónicas. Una es la recentralización autonómica uniformizante y, pues, separadora. Está en marcha con la laminación del sistema estatutario y de la reforma del sistema de financiación de 2009: aparcados los fondos de competitividad, negadas las normas que balizaban la descentralización de las inversiones del Estado.

La otra es la imitación gregaria del sistema de concierto vasco-navarro, heredero del carlismo y del chantaje terrorista (todos lo saben, nadie lo reconoce), que produce un cupo insolidario, cuya generalización acabaría con la Hacienda común. Entre ambos extremos, hay una vía más practicable, la solución federal, al modo alemán, belga, canadiense o australiano.

España acierta bastante en recaudar más de los territorios más prósperos, pero falla más en la segunda proposición

Sus principios comunes son sencillos. La “suficiencia” financiera de las comunidades. La “solidaridad”, o equidad en forma de prestación universal de los servicios básicos. La vinculación al “esfuerzo fiscal”, para no yugular la competitividad de los más activos y evitar que la equidad devenga en caridad. La “ordinalidad” por la que los territorios prósperos pagan mucho más, transfieren riqueza, pero con el límite de no bajar luego en la escala de financiación per capita, por ciudadano: es justa y está bien legislada en Alemania.

Una consecuencia de esos principios es que las transferencias de cohesión no deben ser ilimitadas ni eternas, sino condicionadas a la buena gestión, vinculadas al aumento de la convergencia económica territorial: a medida que el PIB del territorio menos próspero se va acercando al promedio, se reducen. El sur español es un buen ejemplo de la eficacia de la política de cohesión interna y europea: los PIB per capita de Andalucía y Extremadura han avanzado hacia la media. El Mezzogiorno italiano, por el contrario, sigue hundido, como hace décadas. España es un ejemplo en Europa.

Esos criterios se resumen en un principio, aportar según la capacidad económica (digamos, PIB) y recibir según las necesidades (digamos, población). O sea, las comunidades ricas contribuyen más; pero cada ciudadano recibe de forma parecida.

Ese es un paradigma federal redistributivo, pero sin asfixias a las zonas prósperas, que usó, con variantes, el nuevo Estatuto catalán. También los lectores de Carlos Marx verán familiar la idea: de cada uno según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. El sistema autonómico español acierta bastante en recaudar más de los territorios más prósperos, pero falla más en la segunda proposición, el destino de los recursos según las necesidades reales.

El principio capacidades / necesidades no es abstracto. Tiene traducción numérica, sobre todo en el caso de Cataluña, el más caliente y estudiado. Aplicándolo a un quinquenio (2005/2009) y no solo a un año, que siempre es más aleatorio porque se trata de flujos muy variables, una de las voces hacendistas más fiables, la profesora Maite Vilalta (comparecencia parlamentaria del 2 de mayo), estima que el saldo entre contribuciones y flujos recibidos, el déficit catalán, se circunscribiría al 4,2% o al 2,9% de su PIB (según distintos métodos de cálculo), entre 7.901 y 5.447 millones anuales.

Se trata de un horizonte muy viable, nada lejano al déficit promedio del 3,85% que exhiben las zonas ricas de países federales, como los ya citados de los que hay datos (Papers de Treball número 1/2012, Generalitat de Catalunya). Y muy inferior al 6,7% del PIB (12.641 millones) que alcanzaba ese déficit en el mismo quinquenio, calculado según los seis baremos que se usaron para las balanzas fiscales de toda España. Esas que interrumpió el Gobierno del PP y mutiló a la mitad el de CiU, para enfatizar uno solo de los cálculos, el que arroja un déficit fiscal del 8,4% para un año concreto (2009), que muchos consideran de carácter expropiatorio y que el secesionismo escoge como bandera (parcial y, pues, sectaria).

Con fuertes correcciones, el retorno al espíritu estatutario y costes lógicos pero asumibles para los territorios con excesivo superávit fiscal, el actual sistema de financiación —aunque no es el único instrumento para lograrlo— podría servir para acercar la España autonómica a los mejores sistemas federales. Si Dios quiere. Y los demás.

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