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INFORMES DE LA INSPECCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA (2009-2010)

Caja Madrid concedía préstamos a clientes sin capacidad de pago

“Tardó mucho tiempo en reaccionar ante el problema detectado en 2006”

La entidad tenía una morosidad elevada con tendencia al alza ya en 2010

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, expresidentes de Caja Madrid EL PAÍS

La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra los ejecutivos de Bankia por presunta estafa empieza a mostrar cómo años antes de la creación de este banco tras la fusión de diversas cajas, años antes de su salida a Bolsa y años antes de que se cambiaran las normas sobre provisión de riesgos, su principal activo, Caja Madrid, ya hacía aguas. En 2009 y 2010, el Banco de España realizó sendas inspecciones sobre dicha caja y halló notables irregularidades y graves riesgos en su gestión, que consideró poco profesional.

El Banco de España halló irregularidades en revisiones entre 2009 y 2010

Los informes de la inspección, incorporados al sumario abierto en la Audiencia, recalcan que las bases del gran problema financiero detectado se habían creado entre 2003 y 2007. Durante esos años, Caja Madrid se metió en una creciente espiral de concesión de créditos a la promoción inmobiliaria y a la adquisición de viviendas sin una correcta evaluación de riesgos. “Resulta patente el fracaso que se ha derivado de haber hecho pivotar la expansión de la caja en una política crediticia basada en conceder préstamos por un valor superior al 80% de la garantía (...) donde no funcionaban los filtros; se concedían préstamos para quienes, de hecho, no tenían capacidad de pago”, denuncian los inspectores.

Precios de compra “inflados respecto a su valor real”

Hipotecados sin ingresos regulares. El informe de 2009 de los inspectores del Banco de España, tras un muestreo de créditos concedidos y refinanciados por Caja Madrid, observaba abundantes anomalías. Por ejemplo: “Muchos de estos préstamos son operaciones concedidas en su inicio a clientes sin ingresos regulares que, unido a precios de compra muy elevados (inflados respecto a su valor real), y unidos a la coyuntura de tipos de interés a finales de 2008 y principios de 2009, han hecho insostenible la carga para el acreditado”.

Imposible determinar la capacidad de pago. En un 22% de los casos “ha sido imposible determinar la capacidad de pago, debido a que no aportaban justificantes de ingresos o se desconoce el importe de las cuotas a las que se debe hacer frente por deudas en otras entidades”. “En el 40% de los casos, debido al deterioro de la situación económica del cliente y el elevado esfuerzo que supone el pago de la cuota resultante en relación con sus ingresos, consideramos muy dudosa la capacidad de reembolso del préstamo”. En el 50% de la muestra, “la cuota resultante consume más del 60% de los ingresos conjuntos de los titulares, en su gran mayoría con sueldos bajos y por tanto con poco excedente para vivir, llegando incluso a consumir el 100% de sus ingresos en un 17% [de la muestra]”.

Ingresos del cliente superiores a los reales. “En algunos casos hemos visto que el gestor cuando introduce los datos del cliente en la propuesta de adecuación, reconoce ingresos superiores a los que se extraen de los justificantes, dando por buenos ingresos extra que el cliente declara sin justificarlos”. Caja Madrid alegaba que, “cuando el cliente declara ingresos extra, se consideran probados por el hecho de que realmente haya estado pagando hasta ese momento una cuota superior a sus ingresos oficiales”. “En el 45% de los expedientes no se incluye el certificado de tasación, pese a que el manual ha establecido su inclusión obligatoria en el mismo”. En el 100% de los casos no existía información sobre compromisos de pago en otras entidades que, en caso de existir, “se desvirtúa el esfuerzo del cliente para determinar capacidad de pago”.

El Banco de España reseña en su informe de 2010 que las cajas que se fusionaron para crear Bankia habían solicitado 4.465 millones en 2010 al FROB. Caja Madrid acumulaba ya entonces riesgos dudosos por 7.282 millones y riesgos subestándar por 6.254 millones. El perfil de Caja Madrid que describen los inspectores es inquietante: “Entidad con solvencia ajustada y rentabilidad decreciente. Morosidad elevada con tendencia al alza, que se sitúa por encima del grupo, debido principalmente a la cartera hipotecaria minorista y el peso significativo del riesgo promotor. El deterioro de la cartera crediticia es fruto de los excesos cometidos entre 2003 y 2006 (plan estratégico) que supuso un incremento medio de inversión del 22%, centrado en el riesgo inmobiliario, que es donde están los principales problemas. La financiación a promotores asciende a unos 18.000 millones, con un ratio de incumplimiento del 20%, de los que 5.200 millones son financiación de suelo y más de 7.000 son promociones”.

Los inspectores llegaron a cuestionar el perfil político de los gestores de la caja. “Resulta recomendable un consejero delegado del sector bancario en la medida que la estructura actual de directores generales adjuntos en torno a un presidente ejecutivo con un perfil no bancario no ha dado buenos resultados”.

Los inspectores cuestionaron el perfil político de los gestores de la caja

En la última inspección que obra en el sumario, realizada entre el 31 de marzo de 2009 y el 30 de septiembre de 2010 —por tanto, afecta a las presidencias de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato—, el horizonte descrito vuelve a ser negro. “De la revisión de inversión individualizada se detectó la necesidad de reclasificaciones de riesgos a activos dudosos por 1.297 millones y a la categoría de subestándar por 1.425 millones, que suponían necesidades de saneamiento adicionales para la cobertura de dichos riesgos por 577 millones, quedando pendientes de contabilizar 223 millones a dudosos, 225 millones a subestándar y la constitución de 110 millones de fondos de insolvencias”, señala.

El informe, que acabaría siendo el diagnóstico de una enfermedad terminal, revelaba otros graves síntomas: “De la revisión estructural del resto de las carteras crediticias se identificaron pérdidas esperadas en un escenario temporal de dos años por importe de 4.983 millones, de los que 3.020 millones se corresponderían con los acreditados más problemáticos, cuyo reconocimiento futuro supondría un nivel elevado de incertidumbre sobre la capacidad de absorción de las mismas por las cuentas de la caja. Por último, de la revisión de los fondos de comercio de participaciones permanentes y la valoración de una participada clasificada como cartera disponible a la venta se requieren saneamientos adicionales en la cuenta de resultados por importe de 548 millones”. Estas eran las cifras negras a fines de 2010. ¿Pero cómo se llegó aquí? Los funcionarios del Banco de España lo desgranan con crudeza en ambas inspecciones.

  • Financiación a promotores. La política de Caja Madrid en este capítulo “persigue en la mayoría de los casos una solución temporal de problemas de viabilidad de muchos grupos promotores, mediante la concesión de carencias de principal, activación y refinanciación de intereses pendientes de pago y en algunos casos se concedieron carencias de intereses. No existe una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado”.
  • Agresiva política comercial sin evaluar riesgos. Los inspectores anotan que “la ratio de morosidad de cartera a 30 de junio de 2010 es del 4,7% después de alcanzar un máximo del 7,6% en junio de 2009, muy por encima de los ratios medios del sector cajas y bancos (2,7% y 2,3%). Este diferencial en el ratio de morosidad trae causa de la agresiva política comercial de la caja durante los años 2004 a 2006, debilidades en la evaluación de la capacidad de pago y políticas de admisión de operaciones que forzaron implícitamente el resultado de la herramienta de scoring [evaluación de los riesgos del solicitante]”.
  • Cartera refinanciada. La cartera refinanciada, 5.174 millones a junio de 2010, presentaba “un perfil de alto riesgo al concentrarse en los años más problemáticos (2005-2007), con un porcentaje alto de impagos”. Y en este punto se veía que los créditos se habían concedido mal porque no existían la debida documentación de los ingresos actuales, no se actualizaban sus riesgos, ni las tasaciones.
  • Tasaciones irreales e irregulares. Buena parte de los riesgos sufridos en la concesión de créditos surgía de las irregularidades y debilidades en los procedimientos de Caja Madrid a la hora de verificar las garantías reales y las tasaciones. “No existen procedimientos para la revisión del valor de las garantías, la base de las garantías no dispone de información suficiente para realizar una actualización de valor de las mismas, aunque dispone de una base de tasaciones que permitiría completarla adecuadamente, se utiliza en la valoración de adjudicaciones tasaciones de Tasamadrid, sociedad que no cumple el requisito de independencia al pertenecer al grupo de la caja, y deficiencias en la calidad de las tasaciones (principalmente de terreno), y errores en el reflejo de sus datos en el fichero de garantías”.Pero estas graves fisuras sobre la fiabilidad y estabilidad de Caja Madrid no las emitía por vez primera el Banco de España tras su inspección entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010. Un año antes llegó a las mismas conclusiones, tras una inspección girada entre marzo y septiembre de 2009, por tanto, un año antes de la fusión para crear Bankia: “Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados, especialmente motivados por la cartera hipotecaria minorista y la cartera de riesgo promotor (esta última influenciada por Martinsa)”.
  • Respuesta muy tardía. “Hasta el 2007 el modelo de scoring (sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de crédito) no contemplaba como factores diferenciadores del riesgo ni el canal de entrada ni la nacionalidad del acreditado y que informes de auditoría interna reiteran en estos años una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que, en ciclos de recesión como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema. Respecto del problema de calidad de datos opinamos que se ha tardado excesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006”.
  • Créditos forzados. El informe detalla que mientras se consideran como operaciones forzadas [que formalmente debieron rechazarse] un 11,6% de la cartera, el saldo incumplido se elevaba a un 29%. “El equipo inspector halla incongruencias entre los criterios y justificaciones dados por la entidad sobre las operaciones forzadas y la evolución cada vez más negativa de éstas”. “Parece que se han adoptado las medidas oportunas en cuanto a políticas de scoring, pero demasiado tarde”. “Queda la duda del nivel de aprobación de estas políticas de scoring y de los documentos donde quedan reflejadas, así como de la información que se le pasa al Consejo o a un órgano superior, dado que no se ha recibido ningún documento de políticas y en las actas del Consejo no se ha leído nada acerca de este tema”.
  • Tasaciones inadecuadas. La mala tasación de los bienes involucrados en las operaciones de Caja Madrid tiene diversas consecuencias negativas. Cuando se produce una readecuación de operaciones para buscar mayores garantías sobre el cliente, se choca con el hecho de que se mantienen las tasaciones originales, “realizadas en pleno auge inmobiliario y, por tanto, sobrevaloradas”. En este capítulo se observaba que las tasaciones de activos recibidos como dación en pago eran muy superiores al valor de tasación fijado antes de venderlos. Solían bajar un 30%. “Dicha situación da lugar a que se sobrevalore el activo en el momento de su registro y se infravalore la pérdida”.
  • Riesgo promotor. “A 31 de diciembre de 2008 el riesgo promoción [créditos a promotores inmobiliarios] dispuesto ascendía a 22.915 millones, lo que representa el 18,4% del total riesgo crediticio. El ratio de morosidad alcanzaba el 10,92% frente al 5,50% general de la entidad y el 3,80% del grupo de comparación; si se incluyen los riesgos calificados como subestándar, el ratio de morosidad corregida que se obtendría será el 14%”.
  • Adquisición de activos. “Se han detectado deficiencias de mediana importancia en los controles de seguimiento del riesgo promoción, siendo la más destacable el deficiente control de las operaciones refinanciadas”. Por otro lado, “Caja Madrid no dispone de políticas en lo que respecta a adquisiciones de activos a promotores, realizándose las actuaciones ad hoc. Estas adquisiciones”, añade el documento, “están alcanzando cifras muy importantes, desbordando completamente las previsiones, constituyendo una política de huida hacia adelante para dotar de viabilidad provisional a los acreditados afectados”.

La fusión impedirá “el riesgo de pérdidas”

En marzo de 2010 se entregó formalmente a Caja Madrid el informe del Banco de España cerrado en julio de 2009. Desde entonces, los inspectores mantuvieron una auditoría continuada sobre la caja hasta septiembre de 2010. Por ello, el escrito final incluyó datos sobre un hecho decisivo ocurrido durante la última inspección. El 14 de junio de 2010, Caja Madrid inició el proceso de fusión con varias cajas para crear Bankia. El 29 de junio, mientras sus inspectores seguían con su tarea de auditoría continuada de Caja Madrid y pese a los males que veía que seguían sin corregirse, el Banco de España dio luz verde a la fusión.

El Banco de España dedicaba centenares de folios a desgranar los graves males que aquejaban a Caja Madrid, pero lo compensaba todo con una sola frase confiada al éxito de la fusión: “Dada la escasa generación de recursos prevista en 2010 y 2011 para cubrir las necesidades de saneamiento de insolvencias y otros quebrantos, se consideró necesaria la participación de Caja Madrid en un proceso de integración con objeto de evitar el riesgo de entrar en pérdidas en algunos de estos ejercicios”. La fusión permitió realizar fuertes saneamientos contra recursos propios en lugar de hacerlo en la cuenta de resultados.

Y todo ello pese a sus dudas sobre la contabilización de créditos, y los controles de garantías reales y tasaciones. Unas tasaciones que incumplían una norma emanada en 2004: que fueran independientes del banco. Y en este caso las hacía una firma de la caja, Tasamadrid.

Los excesos en la adjudicación de créditos ya habían sido advertidos en la última inspección previa a las de 2009 y 2010, cursada en 2006. Y pese a tanta advertencia sobre hipotecas que se concedían por el 85% del valor de la tasación, cinco puntos por encima de los estándares crediticios, tasaciones sobrevaloradas y poco fiables, escaso control de evaluación de los ingresos y garantías del cliente, ingentes operaciones forzadas (que incumplían las normas para poder ser concedidas), el tumor detectado fue creciendo año tras año hasta ser incurable. Solo el sector inmobiliario, junto al alegre crédito al sector minorista, daba pie a la endeblez de Caja Madrid.

Dos años después del último informe de la Inspección del Banco de España que apoyaba la fusión de cajas para “evitar el riesto de entrar en pérdidas”, Bankia solicitó 23.465 millones de dinero público para sanear y recapitalizar una entidad agujereada por los riesgos adquiridos en la etapa del boom inmobiliario.