Todos quieren calentar el otoño

“Este no es un conflicto entre los asalariados y el Gobierno”, ha definido el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, esta misma semana. El conflicto es la reforma laboral, pero también los recortes en educación, función pública y sanidad o las subidas de impuestos. Ya antes de la huelga general de marzo los sindicatos mayoritarios trataron de ensanchar la base social de su protesta. No lo lograron hasta julio. El decreto de recortes afectaba a casi todos los estamentos de la sociedad. Y los sindicatos vieron su oportunidad. “Las primeras medidas afectaron al mundo del trabajo. De ahí, la huelga general. Pero cuando se diversifica toma una dimensión mayor”, analiza Fernando Lezcano, de CC OO. “Hay mucha gente que responde cuando la agrede, cuando le dan en los dientes. Nosotros y ellos nos movemos por los intereses que representamos”, resumen gráficamente José Javier Cubillo, de UGT.

Ellos son un variopinto grupo de organizaciones que aspiran a calentar el otoño. Un colectivo, la Cumbre Social se hacen llamar, que el sábado 15 de septiembre convocó a decenas de miles de personas en Madrid y que el próximo 1 de octubre volverán a verse por tercera vez para decidir cómo exigen a Rajoy que convoque un referéndum que convalide su política económico social. Allí se verán Veterinarios sin fronteras, Economistas frente a la crisis, Madres solteras, Solidaridad Internacional, mareas verde, naranja, blanca, estudiantes y policías, agricultores y jueces… La protesta de las docenas de entidades tiene una columna vertebral: el golpe al estado de Bienestar que a todos afecta: al que tiene hijos en la escuela, padres dependientes, familiares en paro, salarios recortados, hospitales vetados. “El ataque es a una sociedad democrática y moderna, con sus dos ejes fundamentales, la defensa del interés común y los derechos de ciudadanía, todo ello está amenazado y la necesidad de su defensa es la razón de la Cumbre Social”, define José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “España es el país del mundo que más ha incrementado la brecha entre los que más y los que menos tienen. Es la hora de defender al ciudadano, no a los banqueros. Ese es el interés común”, pone de ejemplo. “Y los recortes en educación, servicios sociales, sanidad, han empujan a miles de personas y familias al borde de la exclusión social. Eso es perder derechos de ciudadanía”.

La misma idea expone Marciano Sánchez-Bayle, también en la Cumbre Social, en este caso por la defensa de la sanidad pública. Pública es otra de las palabras que sirven de cemento a tan diversa plataforma. “Todos reconocemos un retroceso en los derechos sociales de la ciudadanía y en los servicios públicos básicos que garantizan que un Estado funcione”, dice.

El próximo 1 de octubre la Cumbre Social se reunirá por tercera vez

Jueces para la Democracia, una asociación progresista de magistrados, aporta un sustento jurídico al movimiento. “Se está cambiando el principio constitucional de un Estado Social y de Derecho. Y eso nos preocupa. Se nos lleva a un modelo de deterioro de lo público, y eso está fuera de la constitución. Eso precisa un referéndum”.

Ese precisamente es el siguiente paso. En la próxima cita de la Cumbre Social se diseñará la estrategia para reivindicar la consulta a los ciudadanos. Sobre la mesa el calendario, se intentará que no choque con las elecciones gallegas y vascas. La posible convocatoria catalana provocaría algún quebradero de cabeza.

También se hablará de quienes darán la cara en la reivindicación. Los sindicatos quieren que haya nombres conocidos y de prestigio (Marisa Subirats, el economista Vicenç Navarro, el juez José Antonio Martín Pallín, la filósofa Victoria Camps, la escritora Almudena Grandes). En la Cumbre los hay que prefieren otra vía. “La plataforma debe otorgar el protagonismo a la ciudadanía y marcar acciones fáciles de seguir y de organizar. El escenario de la protesta debería empezar a ceder los micrófonos a ciudadanos anónimos afectados muy directamente, que se vean los rostros humanos. Por otro lado, las protestas deben eludir los impedimentos legales de una forma innovadora e imaginativa, pero evitar frontalmente la ilegalidad. Pero los ataques, legales siempre, deberían tener nombre y apellido: hay que señalar a los responsables del desaguisado y subsidiariamente contra la institución; el ministerio de Sanidad, sí, pero tal o cual secretario de Estado; el Ministerio de Educación, pero tal o cual persona”, explica José Manuel Ramírez entre una batería amplia de criterios, líneas a seguir y actuaciones concretas.

¿Esta la Cumbre preparada para ello? ¿Tiene la organización suficiente y la estrategia precisa para alcanzar sus objetivos? “La cumbre apenas está empezando a funcionar, hay una necesidad de toma de conciencia, pero ya garantiza movilizaciones masivas, diga lo que diga la delegada del Gobierno [en Madrid]”, desmenuza Sánchez-Bayle.

El próximo paso del foror será reivindicar al Gobierno un referéndum sobre los recortes

“La Cumbre tiene ya valor por sí misma, gracias a que aglutina a mucha gente en un discurso básico”, dice José Luis Pazos, representante de turno de la Confederación de padres de alumnos de la escuela pública (Ceapa). “Esa es su fortaleza, por eso, para conseguir sus objetivos hay que relegar los detalles que afectan a cada sector en concreto y hacer valer aquellos que atañen a toda la ciudadanía. El caso del tupper en las escuelas sería un buen ejemplo, porque no es algo que concierna solo a los maestros o padres, no; puede afectar a lo sanitario, a lo laboral, a lo económico, a la conciliación, a las empresas, a los empleos, a toda la ciudadanía”, pone como ejemplo.

La cumbre social tuvo su precedente antes de la huelga. Varias de las asociaciones que lo integran crearon la Plataforma en defensa del Estado de Bienestar. Los recortes de julio, entre ellos la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, atrajo a mucha más gente. Y mucho más diversa. A la Cumbre Social se sumó Facua, una de las grandes organizaciones de consumidores. “Las medidas del Gobierno nos están afectando como consumidores y usuarios en sanidad, enseñanza, justicia… Nos afecta todo lo que afecta a lo público”.

Entre los nuevos integrantes está el CSI-F, el sindicato de la función pública. Esta central, tradicionalmente más conservadora que UGT y CC OO y mayoritaria entre los funcionarios de la Administración central, no suele participar en las movilizaciones de los grandes sindicatos. Pero en esta ocasión sí que lo ha hecho. “Estamos de acuerdo en lo básico. En que hay que decir basta. Vemos un ataque, primero a los funcionarios, pero va más allá. Nuestra premisa es defender los servicios públicos”.

Tampoco Gestha, el sindicato de los técnicos de hacienda, es habitual en protestas de este cariz. A ellos les enoja la poca atención que les han prestado los gobiernos hasta ahora, “había un problema de control de gastos y de ingresos”, y la senda emprendida ahora, “la gente más afectada por la crisis y las medidas son los que ganan menos de 30.000 euros al año”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha. “Los ciudadanos tenemos que mostrar no estamos de acuerdo”, continúa.

La diversidad de la amalgama que compone la Cumbre diferencias sobre qué pasos hay que dar. CSI-F, por ejemplo, no quiere participar en la demanda de un referéndum. Gestha, como la gran mayoría de integrantes, sí. ¿Supondrá esto que los funcionarios dejen la cumbre social? “No tiene por qué”, responde Lezcano, de CC OO, “vamos a tratar de que prevalezca lo común frente a la diferencia”. “No pensamos participar en esta iniciativa. Somos una organización profesional y entendemos que eso va más allá de las reinvindaciones profesionales. Pero seguiremos en la cumbre”.