El sistema fiscal estadounidense es un coladero. Y eso permitió a Microsoft evitar entre 2009 y 2011 el pago de 4.500 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) en impuestos. Lo consiguió expatriando el equivalente a 21.000 millones (16.200 millones de euros) en ventas, de acuerdo con informe elaborado por el subcomité de investigaciones del Senado de EE UU, que está siendo discutido a puerta cerrada en Washington.

El caso de la firma tecnológica de Redmond no es único, como señalan los relatores del informe, que también citan las maniobras fiscales hechas por Hewlett-Packard con el mismo propósito. La investigación examina como las grandes multinacionales transfieren las ganancias de sus operaciones hacia países donde la imposición es más favorable. Lo hacen de forma lícita.

Es un asunto recurrente en el Capitolio, por su carga política y por la urgencia que tiene EE UU para dar con fuentes de ingresos que le permitan reducir el déficit público. En el caso de estas firmas tecnológicas, como también hacen Google, Apple o Cisco Systems, utilizan los derechos de propiedad intelectual, royalties y licencias como canal para no rendir cuentas al Tío Sam.

Microsoft saltó al paso de la revelación diciendo que no hace nada irregular y pone de relevancia la compleja estructura del actual sistema fiscal en EE UU. También señala que cooperó en todo momento con la investigación. El senador Carl Levin, el mismo que atacó a Goldman Sachs por el empaquetado de hipotecas basura, considera sin embargo que estás prácticas son “dudosas”.

La cantidad que se baraja en el caso de Microsoft equivale a la mitad de las ventas que tiene en EE UU. Ese dinero se suele enviar hacia países como Irlanda. Por el panel que preside Levin estaba previsto que pasaran para prestar testimonio ejecutivos de Microsoft y de HP, así como de la consultora Ernst & Young y funcionarios de la agencia que recauda impuestos en EE UU.

La manera en la que las empresas, especialmente las del sector tecnológico, usan sus filiales en el extranjero para beneficiarse fiscalmente es un problema que demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay que corregir cuanto antes. El problema está en la manera de ponerse de acuerdo en Washington para tapar esos agujeros, ante el lobby que ejercen estas compañías.

“En un momento en el que se deben adoptar difíciles decisiones presupuestarias, en el que las familias se enfrentan a incrementos de impuestos y recortes de gastos en programas públicos críticos en el ámbito de la educación y la salud, estas estructuras son inaceptables”, remachó Levin. Abuso en el que, según el senador, participan abogados, auditores y asesores fiscales.