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La UE advierte a España de que no podrá retirar la licencia a Ryanair

Bruselas insiste en que la mayoría de los miembros de la UE no quieren cambiar la normativa

La compañía irlandesa reta a Fomento a publicar las cifras sobre incidentes en aerolíneas

El presidente de Ryanair, Michael O'Leary
El presidente de Ryanair, Michael O'Leary EFE

El Ministerio de Fomento señaló el lunes que quería “endurecer las sanciones” para el sector aéreo y que pediría a las autoridades europeas más competencias para poder multar en materia de seguridad a aerolíneas extranjeras que operan en España. Fomento no especificó que multas querría poner, por ejemplo, a Ryanair, si considerara que actúa con poca seguridad. Pero lo que quedó claro este martes es que no podrá revocarle la licencia en ningún caso, según advirtió Bruselas. Es decir, que las autoridades españolas podrán poner multas a Ryanair por incumplir la normativa española sobre equipaje o sobre la documentación que exige para viajar a los niños, pero solo Irlanda puede cortarle las alas. La aerolínea de bajo coste, por su parte, acusa al Ministerio que dirige Ana Pastor de capitanear “una campaña en su contra”.

La portavoz de Transporte de la Comisión Europea (CE), Helen Kearns, aseguró que España “no tiene ni podrá tener competencias para poder conceder o invalidar licencias aéreas” en caso de que el Gobierno lo quisiese incluir en esa propuesta de endurecimiento de sanciones que elevará a Bruselas. De esta forma, aunque se llegara a demostrar que una empresa ha violado un reglamento de manera sistemática en España, la última palabra para decidir sobre la revocación de la licencia la seguirá teniendo el país que se la proporcionó. En el caso de Ryanair, seguirá en manos de Irlanda. Según Kearns, no existe apoyo mayoritario de los países miembros de la Unión Europea para modificar la legislación vigente que delega esta función en el país donde está registrada la compañía.

Kearns añadió además que algunos miembros del Consejo denuncian que una modificación del reglamento generaría “controversias con la obligación de la UE de defender el mercado común”, al permitir o prohibir, según los casos, que una compañía operara en distintos países.

El Ministerio de Fomento, a través de una portavoz, defendió este martes que la ministra Ana Pastor nunca señaló en la rueda de prensa del lunes que las sanciones que quería endurecer fueran contra Ryanair ni que su objetivo fuera retirarle la licencia. Lo que buscamos es “ampliar algunas competencias y buscar una mayor cooperación en las investigaciones”, aseguró la portavoz. A pesar de que Pastor se refirió el lunes concretamente a la investigación que mantienen abierta sobre la aerolínea irlandesa (por tres aterrizajes de emergencia en julio en Valencia), y de que exigió que la low cost no debe ser low seguridad, Fomento quiere ahora poner distancia con Ryanair.

Esa insistencia por enfriar la relación con la compañía de bajo coste llega justo después de que Michael O’Leary enviara una carta dirigida a Ana Pastor. En ella le acusa de “filtrar” informaciones falsas que ponen en duda la seguridad de sus vuelos y de participar en una “campaña para manchar su buen nombre”. En la misiva, el presidente de Ryanair acusó a Fomento y a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de filtrar y falsificar los datos sobre incidencias de las compañías que operan en España. O’Leary hacía referencia a una información que publicó el periódico El Mundo el lunes. En la versión impresa de la información aseguraba que Ryanair acumulaba “1.201 incidentes de seguridad” en seis meses. Dicha información no diferenciaba si los incidentes eran faltas relacionadas con quejas de los pasajeros por considerar vulnerados sus derechos (por ejemplo, por cuestiones de equipaje) o faltas por seguridad en sus aviones.

Las cifras de incidentes son confidenciales

Ryanair reta a Fomento a publicar las cifras suyas y de otras compañías. Pero las cifras oficiales de incidentes que sufren las aerolíneas las gestiona AESA, y son de carácter confidencial porque así lo ordena la legislación, según explicó el Ministerio de Fomento, que incluso negó disponer de esas estadísticas. “La ley no permite ofrecer esos datos”, insistió el Ministerio, que añadió que incluso las personas que participan en inspecciones relacionadas con incidentes tienen que guardar la confidencialidad. “No hay un informe sobre incidentes. AESA tiene un registro, y todos se investigan. Pero es absolutamente confidencial”, zanjó otra fuente de Fomento.

Helen Kearns animó al Gobierno de España a que, si está preocupado por la actuación de una compañía, pida información a las autoridades del país donde tiene la licencia y a “utilizar todas las herramientas con las que cuenta para velar por la seguridad de los pasajeros”. Si el Gobierno considera que existen problemas con Ryanair, “puede elevar sus investigaciones a las autoridades europeas para estudiar el caso”, recomendó.

En esta línea también reveló que la CE trabaja para presentar el próximo diciembre una propuesta para la creación de una base de control de datos donde se archivarán todas las incidencias que se produzcan, de forma que exista una mayor transparencia pública. “Es precisamente lo que nosotros defendemos”, apuntó Fomento. El Gobierno, adelantó el Ministerio, enviará la propuesta de modificación de sanciones para las aerolíneas a la Comisión Europea “en los próximos días”, y solo entonces revelará cuál es exactamente su petición.

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