Los bancos nacionalizados suman ya unos 75.000 millones en activos tóxicos

Bankia, CatalunyaBanc, NCG y Banco de Valencia afloran unos 19.000 millones en el primer semestre

El banco malo los absorberá con una fuerte rebaja

El agujero provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los balances de los bancos y cajas se agranda a toda velocidad, especialmente en las entidades con mayores problemas. El volumen de activos considerados “potencialmente problemáticos” procedentes del sector constructor y promotor inmobiliario se ha disparado en el primer semestre y suma ya unos 75.000 millones solo en los cuatro bancos nacionalizados (BFA-Bankia, CatalunyaBanc, NCG Banco y Banco de Valencia), según los resultados que esas entidades acaban de publicar.

Los activos tóxicos del ladrillo son los candidatos a constituir el grueso del banco malo que el Gobierno ha aprobado crear en el decreto ley publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado. Aún falta por desarrollar la metodología para la valoración y la transmisión de esos activos, pero en la medida en que se tome como referencia el precio de mercado para el traspaso, dichos activos aún serán fuente de grandes pérdidas para los bancos nacionalizados, pues la cobertura de los mismos es ligeramente superior al 40% de su valor original.

Lo llamativo es cómo se han disparado los activos tóxicos del ladrillo en el primer semestre del año. Ese salto parece confirmar las dos sospechas que organismos internacionales y valoradores independientes habían lanzado sobre el sector financiero. En primer lugar, que había mucha morosidad oculta vía refinanciaciones de créditos de empresas inmobiliarias insolventes. En segundo lugar, que los bancos, como denunció la firma Oliver Wyman, clasificaban créditos inmobiliarios como correspondientes a otros sectores y con ello esquivaban la vigilancia especial impuesta a los activos de esos sectores.

El grupo de Bankia marca un récord de 42.000 millones tóxicos

Esto último explica que el grupo de Bankia haya aumentado en más de 3.000 millones su exposición al crédito promotor en seis meses. No es que Bankia haya empezado a dar nuevos créditos inmobiliarios sino que tras la integración tecnológica de las operaciones procedentes de Bancaja, la revisión efectuada por la entidad y por expertos independientes ha llevado a clasificar como créditos del ladrillo operaciones que hasta ahora estaban en otras categorías de riesgo, según explica la propia entidad en su informe semestral.

Con la nueva clasificación, el aumento de la morosidad, de los créditos considerados subestándar (en riesgo de impago) y de los activos que se va quedando la entidad por el impago de los créditos, los activos problemáticos del grupo de Bankia han alcanzado un récord de 41.890 millones de euros, unos 10.000 millones más que las cifras inicialmente publicadas como de cierre del pasado ejercicio, que son las que aparecen en el cuadro. Buena parte del aumento se produjo tras el relevo en la presidencia de la entidad. El grupo de Bankia señaló que como consecuencia de hechos acaecidos tras el cierre del ejercicio, aumentaba notablemente la calificación de créditos inmobiliarios como subestándar, esto es, potencialmente problemáticos. Si la comparación del cierre del semestre se hace con las cuentas revisadas y auditadas de cierre de 2011, el aumento de los activos tóxicos es mínimo, aunque sí que crecen con fuerza los activos fallidos, aquellos que se dan por incobrables. Además, pese a la aceleración de las ventas de pisos, la entidad tiene cada vez más inmuebles en cartera y se destaca como la mayor inmobiliaria de España, un papel en el que la entidad está llamada a ser relevada precisamente por el banco malo.

Pero la entidad en la que se han disparado los inmuebles adjudicados es CatalunyaBanc, donde han pasado en solo seis meses de 5.700 a 9.000 millones, según los datos registrados por la entidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado viernes. Lo más llamativo es que se han disparado los activos inmobiliarios provenientes del impago de préstamos hipotecarios a particulares para la compra de vivienda, que han pasado de 983 a 1.948 millones de euros; es decir, se han duplicado en seis meses. También aumenta significativamente el suelo en propiedad de la entidad catalana. En conjunto, los activos problemáticos de CatalunyaBanc han aumentado en 4.000 millones desde el cierre de año y las provisiones, en unos 2.200 millones.

Quedan sin provisionar unos 45.000 millones problemáticos

En el caso de Banco de Valencia, de menor tamaño, los activos tóxicos del ladrillo aumentan en unos 800 millones.

NCG Banco, por su parte, ha sido la menos transparente de las entidades nacionalizadas al publicar la información semestral, pues no ha incluido el desglose de sus activos tóxicos del ladrillo en su informe semestral. La entidad gallega sí admite que los activos recibidos en pago de deuda han aumentado en 127 millones en el semestre. Además, señala que “se ha clasificado como dudosa o subestándar la práctica totalidad de la cartera” en el sector promotor, lo que implica un incremento en los activos tóxicos del ladrillo reconocidos como tales de aproximadamente 4.000 millones más.

Con todo ello, los activos tóxicos de los cuatro bancos nacionalizados se han incrementado en unos 19.000 millones y ya suman unos 75.000 millones. De esa cifra, están cubiertos o provisionados unos 30.000 millones, con los que quedan unos 45.000 millones sin cubrir solo en estos cuatro bancos públicos, que concentran las necesidades de capital de la banca que han llevado a España a pedir el rescate.

Guindos tendrá la última palabra en las sanciones del supervisor

M. J., Madrid

Las condiciones del rescate eran tajantes: “Es preciso un ulterior refuerzo de la independencia operativa del Banco de España. Antes del 31 de diciembre de 2012, las autoridades españolas transferirán las competencias sancionadoras del Ministerio de Economía al Banco de España”, reza el Memorando de Entendimiento firmado por el Gobierno español con sus socios europeos para el rescate de España de 100.000 millones para recapitalizar el sector financiero. En el decreto ley aprobado el viernes pasado, el Gobierno da cumplimiento a esta condición, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, se reserva la última palabra.

El nuevo decreto ley deja claro que “corresponde al Banco de España la competencia” para la instrucción de los expedientes sancionadores y para la imposición de las sanciones en materia financiera. Pero el supervisor no solo estará vigilado (“cuando el Banco de España imponga sanciones por infracciones muy graves dará cuenta razonada de su adopción al Ministro de Economía y Competitividad”, dice la norma), sino que además podrá ser desautorizado. Sus resoluciones “serán recurribles ante el ministro de Economía y Competitividad”, a diferencia de lo que ocurre con otros organismos supervisores independientes, como Competencia o la CMT.

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